En otra muestra donde se pretende que el Estado acapare todo, hacerlo todo y meterse en todo, es en el tema de las vacunas. El Estado consiguió (algo que es verdaderamente un logro) cerrar la adquisición de las vacunas: 38 millones de dosis al laboratorio estatal chino Sinopharm y, hace poco, se hizo el depósito de adelanto para el primer millón de dosis.
Sin embargo, el día lunes se publicó la Ley 31091 y el Decreto Supremo (DS) 002-2021-SA. En este último se estipula, como ya te lo contamos aquí, que los laboratorios privados, que deseen obtener el permiso, podrán adquirir vacunas diferentes a las que el Estado le ha comprado a Sinopharm. Bueno lamentablemente, este decreto no fue bien recibido por un sector de la población debido a mal informaciones que provienen de la siempre Izquierda Soberbia e Incoherente (ISI).
Esa izquierda sostiene: “La salud es un derecho humano”, “No puede permitirse que se lucre con la salud”, “La salud no puede tratarse como tema comercial”, “Los que paguen no pueden tener prioridad sobre los que no tienen recursos, es desigualdad”, y otras incoherencias más.
Para empezar, el gobierno ha declarado que la vacuna será voluntaria. En base a la libertad individual, uno decidirá aplicársela o no. Luego, que la vacuna pueda ser adquirida por laboratorios privados no implica que las personas de bajos recursos se queden sin estas. Es más, puede ayudar a ampliar la cobertura para personas no solo de bajos recursos sino también para aquellas, acostumbradas a usar los servicios privados (para otro tipo de vacunas), pero que por problemas causadas por la pandemia (desempleo) hoy ya no pueden acceder a esos servicios.
También está el hecho de que se diga que las vacunas tienen que distribuirse de forma gratuita. Ok, que no paguemos en el momento en que nos aplicarán las vacunas no quiere decir que serán gratuitas. Nada es gratis. Alguien lo paga. Y nosotros los ciudadanos hemos pagado por esas vacunas, al momento en el que el Estado nos cobró impuestos. También debemos de saber que la vacuna que se aplicará, de forma masiva, es una de las más caras del mercado. Según el portal Hildebrant en sus Trece, cada una de las 38 millones de dosis adquiridas, cuesta US$72.50; lo que implica que pagaremos más de 2,750 millones de cocos.
Y es aquí donde más incoherencia se encuentra al pretender prohibir que los privados puedan adquirir vacunas a otros laboratorios para poder comercializar con aquellas personas dispuestas a comprar con el incentivo de que se las apliquen en menor tiempo. ¿Por qué? Porque al comercializar, la operación no estará libre de impuestos. Tendrá que pagar el famoso Impuesto General a las Ventas (IGV). Con esa operación, el Estado obtendría ingresos para seguir adquiriendo más vacunas u otros bienes para la salud. Y si el mismo consumidor no está dispuesto a pagar dado el precio, entonces esperará a que el Estado se la entregue.
Hay miles de maneras en las que el privado puede ayudar y ser un gran aliado; no tiene sentido que no se le permita participar. Veamos los casos de Ecuador e India. El primero está formando una coalición entre el sector público y privado para que la compra, distribución y la aplicación se pueda realizar de forma ágil y adecuada. En el caso de la India, el gobierno entendió que no puede hacerlo solo. Los problemas de demoras burocráticas y un estado ineficiente, hace que la vacuna sea ofrecida en el mercado a un precio de US$17 (incluido impuestos). Aunque el Perú posee un buen sistema de vacunación, los problemas que presenta India, ¿no son parecidos a los peruanos?.
En el Perú aún no aprendemos de la mala experiencia. En el mes de marzo, el Instituto Nacional de Salud era la única entidad que podía hacer las pruebas para detectar el bicho maldito. Aunque se implementaron laboratorios regionales, 11 regiones quedaron al margen, por lo que todo se centralizaba en Lima. Por ello demoraba el diagnóstico al menos 3 días. Cuando se implementaron más laboratorios, el nuevo problema que enfrentaron, según Ojo Público, era la falta de insumos. ¿Quién acaparó todo? El Estado.
Sin embargo, conforme se permitió el acceso al sector privado y este comenzó a adecuar sus servicios, hoy las pruebas moleculares (PCR), rápidas (serológicas) o antígenas, son de fácil acceso y se han masificado. Algunos han implementado, para hacer más seguro el proceso, pruebas desde tu auto: los llamados Drive-Tru.
No vemos el poder de colaboración que posee el sector privado para poder masificar un proceso de vacunación. Hace poco, se presentó una epidemia de difteria. El Minsa armó todo un plan nacional de vacunación con más de 8,000 puntos a nivel nacional. Pero también involucró una gran participación del sector privado. Era otro grave problema de salud, pero nadie de la izquierda se opuso a que participen. Calladitos estuvieron.
No deseamos que los privados creen monopolios, pero sí que el monopolio que el Estado posee en la salud continúe y se fortalezca. No entendemos la lógica de la izquierda peruana para oponerse a la participación privada para vacunar. Sería a la par a la que pueda implementar el Estado, permitiendo la inmunización de forma más rápida y masiva. Esperemos que no existan problemas al vacunar. Es vital que la mayoría decida vacunarse para así poder salir de la grave crisis que estamos. Además, si existen problemas, el Estado y el aparato público no tendrá manera de zafarse de la responsabilidad.