La semana pasada el pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de la ley que permite el retiro de hasta S/17,200 de los fondos previsionales administrados por las AFP, y se exoneró de la segunda votación, por lo que queda pendiente su promulgación.
Asimismo, el proyecto de retiro de hasta S/.4,300 de la ONP continúa en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el riesgo de estos proyectos de devolución de aportes de los fondos de pensiones con la nueva presidencia de Manuel Merino?
Sobre el retiro de los fondos de AFP
En primer lugar, esta medida podría dejar sin pensiones a 3.5 millones de afiliados si realizan el retiro de sus fondos hasta 4 UIT.
Asimismo, hay una reforma del sistema de pensiones en curso en el Congreso, que establece la creación de distintos pilares a partir de los fondos de las AFP. El segundo pilar (contributivo) será financiado con estos fondos, por lo que su retiro podría afectar la correcta implementación del nuevo sistema de aprobarse la reforma.
A su vez, un tercer motivo preocupante es el efecto macroecómico que esta medida puede tener. Los fondos de las AFP está invertidos en bonos del tesoro del gobierno (préstamos al Estado); si los fondos se retiran estos bonos perderían valor, lo que aumenta el riesgo país y deteriora la capacidad del Estado de poder pedir préstamos. Esto agravaría una situación de crisis económica y dispararía el déficit fiscal.
Finalmente, si bien es entendible que la situación de muchos peruanos es apremiante en un contexto de grave crisis económica, esta medida no soluciona el problema de fondo. Los peruanos hoy necesitan empleos formales para resistir la crisis, la disposición de fondos afecta el largo plazo y no cambia la situación de falta de ingresos que hoy les afecta.
Sobre la «devolución» de la ONP
Los fondos de la ONP son un fondo solidario-colectivo (de varios propietarios); no se acumulan fondos individualmente como en las AFP. Además, este fondo al día de hoy no alcanza para poder pagar todas las pensiones, la diferencia la cubre el Estado con cargo al presupuesto público.
Si esta medida se aprueba, la “devolución” de estos fondos ascendería a un gasto fiscal de S/15,900 millones. Esto equivale al costo de 3 años de todos los programas sociales que hoy son implementados. También, al pagarse con las cotizaciones a la ONP, este retiro pondría en riesgo las pensiones actuales de más de 560 mil jubilados del sistema público.
¿De dónde saldrán estos fondos? De más deuda pública, empeorando aún más las cuentas fiscales que ya están afectadas por la entrega de bonos, la crisis económica, los subsidios a planillas, entre otros. Subir más los impuestos en medio de una crisis afectaría la creación de empleo y la reactivación económica que más necesitamos.