El destituido expresidente Martín Vizcarra confirma lo que era un secreto a voces: su posible candidatura al Congreso en las elecciones del 11 de abril de 2021, en medio de sendos procesos de investigación por corrupción que afronta en la fiscalía, por presuntamente haber recibido coimas por S/ 2.3 millones a cambio de dos obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua, en el 2014, como lo aseguran tres aspirantes a colaboradores eficaces de la justicia. Además, el Poder Judicial ya le dictó 18 meses de impedimento de salida del país.
Aunque dice que aún no ha hablado con ningún partido o movimiento sobre su eventual postulación, lo cierto es que su anuncio contradice su propio discurso en el que sostenía que no iba a postular a ningún cargo público cuando deje el poder.
Además, de ser elegido, ¿no se convertiría acaso en uno de esos 68 parlamentarios con investigaciones abiertas que él mismo cuestionó en su último discurso ante el Pleno, antes de ser vacado?
¿Por qué cambió de parecer?
Según dijo en una entrevista con el programa Punto Final de Latina, lo hizo luego de la «aventura golpista» del Congreso, en referencia a su destitución -pese a que el proceso siguió lo que establece la ley-, y luego de que el Tribunal Consitucional (TC) evitó fijar los criterios para aplicar el concepto de «incapacidad moral permanente» por el que fue vacado. «Creo que todos los peruanos debemos hacer el esfuerzo de colaborar de donde podamos para corregir esta situación», refirió.
La inmunidad, ¿lo protegería de los delitos por los que la justicia lo investiga?
Más allá de sus propias contradicciones, de ser eventualmente electo congresista, Vizcarra conseguiría la inmunidad parlamentaria que tanto cuestionó. ¿Y se podría beneficiar de ella? Aunque sus defensores digan que esta figura solo es para delitos referidos a la función parlamentaria, en la práctica sí alcanza a otros procesos e incluso investigaciones penales que se iniciaron con anterioridad a su elección.
Veamos. La periodista y abogada Rosa María Palacios ha insistido en sus redes sociales que la inmunidad parlamentaria no protegería a Vizcarra de procesos anteriores a su eventual elección.
Pero entonces -se preguntarán- qué pasó con el caso, por ejemplo, del excongresista y exgeneral Edwin Donayre, que fue condenado a cinco años de cárcel por el caso ‘Gasolinazo’. Esta sentencia no se pudo ejecutar porque Donayre se escudó en su imunidad parlamentaria, pese a que el delito se cometió cuando era un alto mando del Ejército; o sea, antes de su elección como legislador.
¿No fue ese además uno de los motivos por los que luego el mismo Vizcarra quiso eliminar la inmunidad parlamentaria, como parte de la reforma política que no prosperó en el Congreso disuelto, porque decía que se había convertido en un mecanismo de impunidad?
El artículo 93 de la Constitución no dice nada parecido a lo que Palacios sostiene, en el sentido de que la imunidad no alcanza a los delitos que se comentan antes de la elección de alguien como congresista:
Pero puede que se haya confundido y se refería a lo que dice el Reglamento del Congreso:
Entonces, de este reglamento se desprende que la inmunidad de arresto o proceso sí alcanza a delitos anteriores a la función parlamentaria, porque si a un investigado le inician un juicio antes de su elección, pero lo condenan durante su mandato como congresista, no lo pueden arrestar. Eso pasó en el caso Donayre. Y si no le iniciaron proceso, ya no lo pueden hacer mientras sea congresista, así el delito haya sido anterior a su elección.
Por ello, lo mejor sería que Vizcarra cumpla su palabra y que se centre en su defensa legal por los casos de corrupción (Lomas de Ilo y Hospital de Moquega) que se le imputan. Que no te floreen.