Pese a sus maniobras para entorpecer y demorar el juicio político que afronta en el Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó este miércoles, por amplía mayoría -15 votos a favor-, el informe final contra el expresidente y actual candidato al Congreso por Somos Perú Martín Vizcarra, que recomienda su inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años, por su vacunación irregular contra la COVID-19 con las dosis del laboratorio chino Sinopharm.
En la votación se registraron dos abstenciones de los congresistas Carlos Mesías (Fuerza Popular) y Guillermo Aliaga (Somos Perú).
Así, Vizcarra quedó a un paso de no poder ejercer cargos públicos (lo que evitaría que tome su curul si llegara a ser electo este 11 de abril). Solo falta que el pleno del Parlamento ratifique el informe para que al expresidente –acusado además de graves cargos de corrupción que la justicia investiga- se le imponga la mayor sanción política vigente en el país.
Si la tendencia de la votación en la subcomisión en el pleno del Congreso se ratifica, la inhabilitación de Vizcarra es inminente. El informa incluye a las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Cancillería), que también se vacunaron de forma irregular.
En el caso de Mazzetti, el documento señala que incurrió en una infracción constitucional a los artículos 38 y 39 de la Constitución, por lo que pide una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública de ocho años.
Para Astete, la subcomisión recomienda su inhabilitación en el ejercicio de la función pública por un año, ya que “habría recibido la anuencia de [Francisco] Sagasti” para vacunarse, tal como lo ha sostenido la misma excanciller en sus declaraciones ante el Congreso.
Vizcarra, Mazzetti y Astete fueron denunciados por el llamado ‘vacunagate‘ por falsa declaración en procedimiento administrativo, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, malversación, así como negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, entre otros.
Los argumentos contra el ‘lagarto’
El informe final aprobado concluye que Vizcarra recibió las dosis de Sinopharm durante el ejercicio de su cargo como presidente, y “sin haber sido voluntario” del ensayo clínico. Y además intercedido para que se le aplique la vacuna a su esposa Maribel Díaz y a su hermano mayor, César Vizcarra.
El congresista encargado de sustentar el informe, Jim Mamani, subrayó que ha quedado probado que Vizcarra se vacunó a escondidas para protegerse y luego mintió, cuando el Perú se encontraba en un estado de «emergencia» en el que se “registraba la más alta tasa de mortalidad” por Covid-19. «Esos dos hechos, señores congresistas, han sido demostrados y determinados con medios probatorios», dijo durante la sesión.
«Por todas esas razones expuestas, se puede determinar con claridad que el denunciado Martín Vizcarra tuvo pleno conocimiento que las vacunas candidatas lo protegerían contra la Covid-19. En ese marco y conociendo ello, fue que solicitó las “vacunas” o “vacunas candidatas” para su protección, la protección de su esposa y la protección de su hermano«, se lee en el informe.
Otra aspecto que recoge el documento es el poder que tenía Vizcarra como gobernante para solicitar y acceder a las dosis, tal como lo declaró ante la subcomisión el médico que estaba a cargo del ensayo, Germán Málaga, quien sostuvo que en todo momento cumplió con el requerimiento que le hizo Vizcarra Cornejo como jefe de Estado.
«Se encuentra evidenciado que el denunciado, fácticamente, sí tenía poder de disponer sobre las vacunas y que al ejercer ese poder le permitió requerir las vacunas no solo para él; sino también para su entorno familiar», dice el informe aprobado.
Así, el documento detalla las infracciones a la Constitución que Vizcarra cometió:
- Infringió el principio de igualdad ante la ley, contenido en el artículo 2° inciso 2.
- Vulneró el derecho a la salud de los peruanos, que consigna el artículo 7.
- Afectó la política nacional de salud, contenida en el artículo 9.
- Tampoco cumplió con proteger los intereses nacionales como jefe de Estado, que se encuentra contenido en el artículo 38.
- Infringió además el deber de los funcionarios de estar al servicio de la Nación, dispuesto en el artículo 39.
- Violó su función como presidente de la República para cumplir y hacer cumplir la Constitución señalada en el artículo 118.
El congresista Mamani consideró que dependerá de la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, que este informe final se debata antes del 11 de abril.
Manotazo de ahogado
Vizcarra anunció que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para solicitar una medida cautelar ante «los vicios procesales» de las denuncias constitucionales en su contra. El expresidente y actual postulante al Congreso reiteró que buscan “afectar su candidatura”, lo que confirma que su mayor interés -más allá de defender su inocencia- es no perder su curul en caso salga electo.
“Este Congreso, de forma acelerada, viene aprobando informes que carecen de sustento y violan el debido proceso. Aprobar un informe por una subcomisión no es inhabilitar. No se dejen engañar”, escribió Vizcarra en su cuenta de Twitter.