Luego de lograrse la compra de las vacunas chinas, ha empezado un debate sobre la aprobación para la comercialización de las vacunas por parte del sector privado.
El lunes último se aprobaron la Ley 31091 y el Decreto Supermo 002-2021-SA, para que los laboratorios privados puedan obtener el registro sanitario para vender medicamentos y productos biológicos contra la COVID-19. Asimismo, las vacunas que podrán vender serán todas menos la vacuna Sinopharm importada de China.
La ley 31091 establece que la vacuna y otros fármacos contra el virus serán gratuitos y universales para todos los peruanos en los establecimientos públicos de salud. El Ministerio de Salud aclaró además que permitirá la venta de otras vacunas a los laboratorios privados que decidan sacar el permiso para hacerlo.
Frente a esto, voces altisonantes de candidatos de partidos de izquierda han pretendido atacar la medida, ya que haría que «se vea a la salud como un negocio», al permitir la comercialización de privados de las vacunas. Asimismo, dicen que se fomentaría la especulación de precios y la desigualdad. Nada más lejos de la verdad.
Pero esto no es así. La realidad es que si no se aprobara esta medida tendríamos aún más desabastecimiento de vacunas. La salud pública ha mostrado estar constantemente colapsada y la administración pública no ha sido ágil en la compra de los distintos insumos. ¿Tiene sentido decir que la distribución privada afectaría el abastecimiento?
Sobre la idea de que esto dejaría a los más pobres sin vacunas, es absolutamente falso. Empecemos por el hecho de que las vacunas que venderían los privados (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, entre otras), no son las mismas que las que distribuirá el Estado gratuitamente (Sinopharm), por lo que es no es cierto que existiría un mismo «stock» por el que competirían.
Lejos de ese caso, por cada peruano que decida pagar por su vacuna el gobierno tendría una vacuna más para el uso gratuito de quienes están en situación vulnerable. Es fundamental por supuesto que el Estado haga su trabajo de manera oportuna para que los más vulnerables no tengan que pagar en el sector privado y puedan recibir gratis su vacuna de forma oportuna.
¿Pero en qué le afecta a los más pobres que las vacunas tengan altos precios? Pues en nada, siempre y cuando el Estado distribuya pronto las vacunas que son gratuitas. Si esto no se hace, probablemente algunos peruanos más pobres en situación de riesgo, preferirán pagar y recibirla antes. Pero decir que porque algunos puedan pagar se va a perjudicar a otros va contra toda lógica.
Los precios altos son una señal de desabastecimiento en un mercado. Sin embargo, puede haber desabastecimiento sin precios: cuando el Estado controla la distribución de un bien y a la vez no lo distribuye en cantidad suficiente. En ese caso, nadie te cobra alto pero tampoco tienes vacuna. Algunos por lo visto prefieren que nadie tenga vacuna en vez de que la mayor cantidad de peruanos se inmunicen lo más pronto posible. Solo así se acabará la pandemia.
Y es que impedir que los privados vendan vacunas sería otorgarle un monopolio al gobierno con el único objetivo de ocultar su incompetencia. Se debe poner por encima el derecho a la vida de los peruanos. Asimismo, la efectividad de las vacunas chinas Sinopharm es del 79%, ¿con qué derecho se le puede limitar a los peruanos de acceder a algo mejor?
Y sobretodo, ¿con qué derecho un Estado que no ha tenido la capacidad de comprar vacunas a tiempo ahora nos pueda decir que debemos esperar aún más cuando ya podemos comprarla por nuestra cuenta? Que no te floreen.