No me florees, Principal

Ven a la minería ilegal y ahí sí no les pica el ojo

Publicado: 24/11/2021
7 minutos

El gobierno dice combatir la contaminación generada por mineras formales con altos estándares medioambientales, por eso las manda a cerrar. Sin embargo, con la actividad informal e ilegal se hacen de la vista gorda.

Yo sé, yo sé… conoces los principios que guían a Piensa.pe, pero igual debemos preguntar: ¿Qué defendemos? Libertad de hacer empresa, de cualquier tamaño y el respeto de la propiedad privada. Pero para que ambos se cumplan, necesitamos que se respete el Estado de Derecho, que significa qué tanto se cumple el “imperio de la ley”; es decir, si la ley se aplica sin favorecer a nadie y que se puede predecir en el tiempo. Concepto que este gobierno no le interesa conocer para hacerlo respetar.

Lo que ha pasado el último fin de semana en Ayacucho va contra ese estado de derecho que tenemos que valorar y cuidar. Como ya te lo contamos acá, lo que hizo la primera ministra Mirtha Vásquez, no fue lo correcto en lo legal y tenemos que decir tampoco en lo político y menos en lo económico. Sobre todo, cuando pretenden aparentar que luchan contra la supuesta contaminación que generan empresas formales, de gran capital y alta tecnología, y que son fiscalizadas permanentemente.

Pero sobre la minería informal o ilegal no hablan. No comentan. Callados se quedan. Ahí sí no les pica el ojo o les hinca el hígado. Esas actividades, que están dentro de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), están constituidas por personas que les encanta estar al margen de la ley. No cumplen requisitos mínimos operativos y operan sin concesión, permiso o autorización por parte del Estado. De forma irresponsable usan químicos, como cianuro y mercurio. Pero los informales, a diferencia de los ilegales, iniciaron un proceso de formalización.

Este proceso de formalización se inició en el 2012. El nombre que tuvo fue el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). El plan inicial era que el proceso terminaba en abril del 2014. Sin embargo, en el 2016 se aprobó otra extensión al proceso, hasta diciembre 2021. Pero, el actual gobierno, otra vez, desea que ese proceso se amplíe.

Tal como informa el Anuario Estadístico del Ministerio de Energía y Mina 2020: “(…) el tema de la minería informal e ilegal es un problema causado en alguna medida por los constantes cambios normativos efectuados al régimen especial de la pequeña minería y minería artesanal y su formalización y por la falta de una política nacional que trascienda las intervenciones desagregadas y brinde continuidad al cumplimiento de metas en el tiempo”.

O sea, el Estado es incapaz de cumplir sus leyes y sus procedimientos. De brindar tiempos y de cumplirlos. El Estado da extensiones, muchas veces antitécnicas, sea por presiones de los involucrados o por intereses particulares, muchas veces de personas ligadas a los que toman decisiones en los distintos niveles del Estado. El Estado está creando incentivos perversos. Antes la actividad minera informal era reducida a 3 ó 4 departamentos. Hoy, están presentes en las 25 regiones y, a nivel nacional, se calculan que son más de 500 mil mineros informales.

Según el REINFO, a nivel nacional, 88,355 mineros productores se inscribieron desde el 2012. Pero solo el 30% de ese total, aún mantiene vigente su inscripción. ¿Qué pasó? En muchos casos, incumplieron los requisitos iniciales y mínimos para poder continuar en el proceso. Por ejemplo, sus estudios de suelos o de impacto ambiental, fueron desaprobados o no presentados.

La tabla N°1, detalla cuántos mineros informales que aún tienen vigente su inscripción se han registrado a nivel nacional por departamento. Solo Puno, Arequipa y Madre de Dios concentran el 50% de los registros vigentes. De los que pasaron la meta, y se volvieron formales, Puno y La Libertad lideran la lista. Les sigue Arequipa. Pero miremos Ayacucho. Posee 1,796 registros para que las actividades mineras de informales pasen a ser consideradas legales.

Sin embargo, hay que hacer una precisión a estas cifras. Según Raúl Sayas, economista de la Universidad de Huamanga y asesor de la Cámara de Comercio de Ayacucho, “los mineros informales suman 15,000”. ¿Qué sucede? Cada registro puede contener a un gran grupo de mineros informales, por lo que guiarse de los registros es engañoso. Pero lo relevante es que la intención por formalizarse se ha perdido.

No podemos perder de vista lo anterior. ¿La razón? Si el gobierno desea cerrar minas formales, que pagan impuestos, dan beneficios sociales y son fiscalizadas, ¿quiénes reemplazarían a esas empresas formales? Mineras informales. Las que excavan en cualquier sitio sin respetar zonas arqueológicas o de amortiguamiento (cercanos a las reservas naturales protegidas, por ejemplo).

El claro ejemplo de lo anterior sucedió con la minera Manhattan y el proyecto Tambogrande, el cual era polimetálico y se podía extraer oro, plata, cobre y zinc. La izquierda se opuso al proyecto y logró que la minera formal se vaya y ¿adivinen quién la reemplazó?  ¡Más de 12,000 mineros informales! ¿Qué hizo la izquierda? ¿Reclamó, piteó, luchó contra ellos porque afectaban el medio ambiente? Calladita se quedó. ¿Quieres más ejemplos? Miremos el caso de la selva. La imagen a continuación es del distrito de Huepetuhe, en la provincia del Manu, departamento de Madre de Dios.

El gobierno tiene que ser estricto con todos los sectores. No es posible que tolere las consecuencias de la minería ilegal, como muestra la imagen. Destruye el medio ambiente, lo desaparece en su totalidad, no paga impuestos, ni beneficios sociales, pero, aun con eso, son súper blandos. ¡8,000 héctareas! Esa es la cantidad total de hectáreas perdidas por la minería ilegal en la selva. ¿Y la izquierda?  Bien gracias. Es el mundo de la ilegalidad y crece cada vez más.

Y el tema es tan grave que ya sobrepasa lo ambiental. Sí, contamina ríos, suelos, y destruye bosques amazónicos enteros, pero incentiva otras actividades ilegales como la trata de personas, el trabajo infantil, delincuencia común, generación de mafias para cobro de cupos, ajustes de cuenta; aparte que los trabajadores en la actividad no reciben ningún tipo de beneficios social ¡Ni uno! Piensa.pe revisó 50 Registros Únicos del Contribuyentes (RUC), de aquellos que tienen su registro activo en el REINFO para el distrito de Huepetuhe. En los 50, se tuvo el mismo resultado:

No tienen registrado una cantidad de trabajadores o prestadores de servicios. Pero se sabe que contratan a personas de la zona o de otros departamentos. Como decimos, la actividad minera informal es una cadena de infracciones a la legislación ambiental, legal y laboral sorprendente. Pero el gobierno, improvisado, indeciso y mentiroso, cree que no existen problemas con la informalidad, cree que no hay comunidades o grupos de personas afectadas con su actividad. ¿Por qué?

Vale recordar uno de los últimos escándalos del gobierno. En una publicación de Lima Gris sobre Bruno Pacheco, exsecretario general en Palacio de Gobierno, y sus pedidos al jefe de la SUNAT (a través de chats de Whatsapp), se mostró que pedía apoyo para un amigo, José Luis Hanco Lupinta. ¿Qué pedía? Que lo “ayude a resolver” problemas con la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados (IQBF).

¿De qué se encarga esa intendencia? Muchas empresas formales requieren de insumos químicos para producir. Esta intendencia supervisa que esos insumos no se destinen a actividades ilegales, como el narcotráfico o, la minería ilegal. ¿Ese amigo estará metido en minería ilegal? Si nos enteramos, te lo contaremos.   

Nuestros recursos naturales están para permitirnos salir de la pobreza, invertir en tecnología, en educación y en salud. A la vez, nos debe permitir diversificar la economía, reestructurar la forma en la que producimos. Y la idea es hacerlo de manera sostenible, respetando el medio ambiente. No puede ser que el Estado peruano acepte estas operaciones totalmente alejadas de la legalidad, pero les haga problemas a las empresas formales, las cuales son fiscalizadas, amonestadas (en caso no cumplan la ley) y generan un impacto positivo al llevar bienestar a muchas familias.

Con los niveles de ilegalidad que engloba a la minería informal e ilegal, ¿el gobierno querrá enfrentar el verdadero problema? La selva no va a entrar al camino del desarrollo sin un mínimo de institucionalidad. Eso es lo que debería promover el gobierno y enfocarse en reformar al estado para alcanzarlo. ¡La haría linda! Todo está, para variar en que el gobierno entienda la realidad y tome las decisiones correctas. ¿Lo hará?

Economista enfocado en lo financiero y políticas públicas, doglover, la pandemia me regresó al mundo gamer. Una sociedad educada y con libertad económica es lo primordial para el desarrollo
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