Definir la discapacidad en todas sus manifestaciones es complejo, pero no difícil de entender. Esta refleja cómo se desarrolla o cómo interactúan las características de un ser humano y las características de la sociedad en la que vive.
En el Perú y de acuerdo a los resultados del último Censo 2017, la población con discapacidad es de 3 millones 351 mil 919, cifra que representa el 10,4% de la población. De este total, el 57% son mujeres y 43% hombres.
Uno de los principales problemas de la población con discapacidad en nuestro país es el acceso al sistema educativo. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado tiene la obligación de hacer real el derecho a la educación, sin discriminación, buscando la inclusión y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la realidad evidencia que la inclusión es mínima y a veces ni siquiera existe.
Hablemos con cifras
La población con discapacidad en edad escolar, que se encuentra estudiando es de 90 mil 490, según Censo Escolar 2018 del MINEDU. Esta cifra evidencia que solo el 12% de la población con discapacidad en edad escolar se encuentra matriculada en algún colegio.
Para algunos la educación paso de ser derecho a convertirse en deseo, pues las personas con discapacidad son las que menos probabilidades tienen de culminar sus estudios. Esto ocurre porque hay obstáculos que les impiden asistir a una escuela, como la falta de docentes capacitados, colegios y materiales de aprendizaje adaptados. Además de la existencia de pocos datos sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, que permita evaluar las “políticas inclusivas” de aprendizaje.
Otro de los problemas que afecta a las personas con discapacidad son las pocas posibilidades de conseguir trabajo. Los resultados del Censo 2017 revelan que 2 millones 892 mil 010 personas con discapacidad forman parte de la población en edad laboral y de ellas, el 64% no tiene empleo.
Que nos dicen los números
De aquellas que tienen empleo, el 24% se desempeña como trabajadores no calificados, es decir, como peones o ambulantes; y, el 23,5% como trabajadores de servicios y vendedores. Esta situación denota las dificultades para tener empleo y la precariedad de su actividad, muchas veces sin beneficios laborales.
¿Y qué ha estado sucediendo?
Se han hecho algunas cosas: bonificación de 15% en los concursos públicos de méritos, cuota de empleo del 5% en el sector público y a partir del 2018 se dispuso que los gobiernos regionales y locales destinen el 1 % de su Presupuesto Institucional de Apertura. El 0.5 %, para realizar obras, mantenimiento, reparación o adecuación de la infraestructura urbana para mejorarla y hacerla accesible y el otro 0.5 % para financiar planes, programas y servicios que por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad #Omaped y las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad #Oredis.
Sin embargo, entre las leyes de fomento e inclusión de personas con discapacidad y los días conmemorativos, a la fecha, ¿sabemos cuántas entidades públicas cumplen con la cuota de empleo para personas con discapacidad? Esa es la cifra que no se dice y lamentablemente el presupuesto muchas veces no se ejecuta y otras ni siquiera se conoce.