Estaba pasando desapercibido en medio de tantos escándalos de otros de sus colegas, incluso ‘sobrevivió’ a los últimos cambios en el gabinete, pero en apenas tres meses, Juan Silva acaba de confirmar por qué nunca debió ser nombrado ministro de Transportes y Comunicaciones.
No solo porque no cumple con el perfil ni las capacidades que ese cargo exige, como se dijo en su momento, sino también porque era funcional a ciertos intereses, como se acaba de comprobar. Todo esto en un contexto en el que aún el Congreso debate el voto de confianza al gabinete que encabeza Mirtha Vásquez.
Golpe a la reforma de transporte
El titular del MTC ofreció las destituciones de la directora de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), María Jara, y de la jefa de la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), Patricia Cama, nada menos que a los principales responsables del caos y las muertes en las pistas del país.
Silva acordó la salida de ambas de esas instituciones que tienen a su cargo la fiscalización y la lucha contra la informalidad en las vías urbanas y carreteras, tras una reunión que sostuvo con dirigentes que se oponen a la reforma del transporte en el país y que son conocidos por organizar paros.
Entre los que se reunieron con el ministro está el presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, conocido organizador de paralizaciones y movilizaciones; también estuvo el vocero de la Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao, Emeterio Valdiviezo, quien se opuso a la implementación del Corredor Azul; y el titular del Consorcio Empresarial del Callao (Conecsa), Wilfredo Chávez Falconí, quien es el dueño de la empresa Orión, involucrada en decenas de accidentes fatales de tránsito.
En un audio de la reunión que se filtró a los medios, Silva les dice que los dirigentes de los transportistas que ya las salidas de Jara y Cama ya están decididas y listas para que se hagan oficiales. De hecho, este jueves se concretó la de la titular de la Sutrán en una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
“Recién hoy me enteré de mi renuncia por las normas legales”, dijo Patricia Cama, al señalar que nadie en el MTC le comunicó nada y que este mismo jueves tenía programado viajar a Arequipa para una exposición con autoridades regionales.
El jefe del gabinete de asesores del MTC, Anatoly Bedriñana, trató de justificar el despropósito del ministro Silva, al señalar que el nuevo gobierno busca “establecer mecanismos preventivos y educativos en vez de sancionadores”.
Pero no solo eso. Silva también se comprometió a ampliar por 10 años los permisos a estos transportistas que organizan paros y movilizaciones y que en el anterior Congreso tenían un aliado en el exlegislador de Acción Popular Luis Carlos Simeón, que impulsó este pedido sin éxito. Esta medida solo prolongará el caos y la inseguridad en el transporte, sin que se llegue a implementar los demás corredores viales pendientes en Lima.
¿Dónde está el gobierno del «pueblo»?
Ahora es el ministro Silva el que atenta contra la reforma del transporte, pero también está el titular de Educación, Carlos Gallardo, que se busca tumbar la reforma magisterial. De hecho ya dio los primeros pasos en ese sentido, al modificar la evaluación docente, y además anunció que trabaja en un mecanismo para el nombramiento directo de profesores que han jalado sus exámenes de ascenso.
Esta es una de las exigencias de Fenate, facción del magisterio fundada por el propio presidente Pedro Castillo, que además tiene claros vínculos con organizaciones prosenderistas, como el Conare-Movadef, y a la que pertenece el mismo ministro Gallardo.
O sea, este gobierno que se hace llamar del «pueblo», en lugar de trabajar por el país y su gente, favorece a gremios y sindicatos afines a sus intereses políticos. Es más de lo mismo.