Los llamados ‘tarjetazos’ en el sector público son moneda corriente, lamentablemente. ¿Qué es eso, se preguntarán algunos? Es cuando un político o funcionario con poder e influencia nombra en un cargo público a un amigo, a su pareja, un militante de su partido o a cualquier persona que no cumple los requisitos ni tiene el perfil para el puesto.
¿Se acuerdan del caso de Richard Cisneros, aka Richard Swing, un cantante estrambótico que casi nadie conocía hasta se reveló que los jugosos contratos que hizo con el Ministerio de Cultura durante el gobierno de Martín Vizcarra? Cisneros, que fue parte de la campaña de PPK -de la que Vizcarra fue jefe-, recibió S/ 175 mil por unas charlas «motivacionales». ¿O cuando el fujimorismo usó el Congreso como una agencia de empleos para sus militantes? Bueno, son situaciones que se dan con frecuencia en el sector público.
Pero ahora la Corte Suprema estableció en una reciente casación, la N°418-2019 Del Santa, que la designación y aceptación indebida de cargo público es un delito penal en el que tienen responsabilidad tanto el que nombra y como el que acepta la designación.
Se trata de un fallo que sienta un importante precedente judicial con el que, bien aplicado, se puede empezar a limpiar la administración pública, donde muchos funcionarios no hacen bien su trabajo y no les importa porque tienen ‘vara’. Los perjudicados somos todos los ciudadanos porque recibimos cada vez peores servicios del Estado.
El fallo señala además que este tipo de nombramientos atentan contra los principios de igualdad y meritocracia en el aparato estatal, porque el estatuto de los funcionarios se rige por el principio de legalidad; es decir, que para ocupar un puesto en el Estado hay exigencias mínimas que se deben cumplir para implementación de las políticas con valor público.
En el fallo casatorio, se señala que uno de los procesados designó en el cargo de jefa de Asesoría Jurídica a una persona que no tenía los años de ejercicio de la abogacía requeridos para el puesto. Ambos fueron denunciados por el delito contra la administración pública, previsto en el artículo 381 del Código Penal.
Este proceso judicial sirvió para desarrollar jurisprudencia, porque existía la necesidad de definir criterios que permitan determinar si la designación de un funcionario que los requisitos exigidos, está comprendido dentro de los alcances del concepto de nombramiento o aceptación ilegal de cargo público, tipificado en nuestro país en el artículo 381 del Código Penal.
La Corte Suprema precisó en su decisión que en este tipo penal, al ser un delito de encuentro, son responsables tanto el que nombra o designa como el que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales para hacerlo.
Según la resolución, el funcionario con poder para nombrar que no hace uso adecuado de esa facultad incurre en el delito de infracción de deber. La persona que postula a un cargo público y que lo acepta sin contar con las exigencias establecidas legalmente, incurre en un delito común.
Documento: Esta la resolución completa de la casación.
Aceptar designación en un cargo público sin cumplir requisitos es un delito penal by Alejandro Castro Backus on Scribd