Si hay algo que sigue generando dudas y suspicacias sobre la moderación en la que se han embarcado el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y su vocero económico, Pedro Francke, es la insistencia de una Asamblea Constituyente, pese a que para llevar a cabo el plan de gobierno que –según Francke– desplegarían en un eventual gobierno del profesor chotano, no se necesita cambiar toda la Constitución.
El mismo Francke lo ha reconocido y como lo hemos señalado aquí, un proceso constituyente, en medio de una crisis como la que atraviesa el Perú, donde urge controlar la pandemia, reactivar la economía y recuperar el empleo, es un despropósito político, porque paralizaría el país por lo menos dos años, generaría inestabilidad y zozobra, y en el peor de los casos implicaría una amenaza institucional, porque abre una puerta para hacer una Constitución a la medida, que allane el camino para una perpetuación del gobierno de turno.
Ese es el riesgo que se no termina de disipar, porque no se sabe de qué lado se colocará Pedro Castillo una vez instalado en Palacio, si del de Francke y sus aliados de Nuevo Perú, que supone un rumbo de izquierda progresista, aunque con apego a las reglas del orden constitucional, o el del partido de Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo, que no creen en “pelotudeces democráticas” y que anunciaban que, si llegaban al poder, no lo iban a soltar. Es decir, una deriva autoritaria.
Todo hace indicar hasta ahora que Castillo no abandonará la idea de la Asamblea Constituyente, pese a que no tiene los votos en el Congreso para introducir este mecanismo en el orden jurídico vigente, a lo que suma que la mayoría de peruanos no quiere una nueva Constitución, salvo cambios puntuales a la actual, como revelan estudios de opinión.
¿Qué hacer entonces?
Pero con Asamblea Constituyente o sin ella, hay ciertos artículos de la Constitución que deberían mantenerse, sobre los cuales deben lograrse consensos y compromisos claros para que se respeten, porque son pilares que, al margen del tinte político del gobierno de turno, le han permitido al Perú lograr avances sustanciales y tener un entorno económico saludable, que son claves para luchar contra la pobreza y reducir las brechas sociales.
1. Autonomía del Banco Central de Reserva (BCR)
Garantizar la independencia del BCR es clave para la estabilidad de la moneda y el control de la inflación, lo que además impacta de forma positiva en el bolsillo de la gente. Su autonomía constitucional prohibe que emita deuda para financiar al gobierno de turno (la famosa ‘maquinita’ que es la tentación de los populistas) o que cree diferentes regímenes de tipo de cambio.
«Esta estabilidad monetaria lo que permite es la planificación a largo plazo de las familias y de las empresas. Decisiones como el ahorro y la inversión serían imposibles de tomar acertadamente en una situación de incertidumbre inflacionaria», sostiene Raúl Labarthe, analista económico de la Asociación de Contribuyentes.
«Esta prohibición obliga al gobernante a buscar soluciones reales para hacer crecer la economía, como elevar la capacidad productiva a través de más inversión. La emisión de billetes no hace crecer la economía de manera sostenible, solo distorsiona la decisión de las personas y destruye el valor de la moneda en el mediano y largo plazo», agregó.
Una buena señal en este aspecto ha sido que Castillo dijo este fin de semana que espera que Julio Velarde se quede al frente del BCR, donde ha hecho un buen trabajo en los últimos 15 años. Francke lo ha confirmado y además aseguró que ya hubo incluso un primer acercamiento, para transmitirle esa intención. Han quedado en volver a conversar más adelante, cuando haya una proclamación oficial de resultados, probablemente la próxima semana.
2. Garantizar la estabilidad fiscal
El compromiso en este punto debe pasar por no tocar el artículo 79 de la Constitución, que señala que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Si este artículo no hubiera existido, el actual Legislativo, que demostró tener una vocación populista a prueba de todo, hubiera hecho un festín con el dinero de todos. Lo hicieron en algunos casos, en otros el Tribunal Constitucional les enmendó la plana.
La sostenibilidad fiscal es clave para no hipotecar el futuro del país con medidas que destruyen valor en vez de crearlo. Hay dos reglas fiscales en nuestra legislación que son las principales: i) que el déficit fiscal debe ser menor que 1% del PBI, y que ii) la deuda pública debe ser menor a 30% del PBI.
Hay excepciones para su cumplimiento y de hecho en el Peru no tenemos un superávit desde el 2013, y venimos incumpliendo la meta del 1% desde el 2015. El problema es que los déficits fiscales generan el aumento de la deuda pública, que desde el 2014 no ha parado de crecer en nuestro caso.
El déficit fiscal aumentó a un 8,9% del PBI el año pasado por la pandemia y el cierre estricto de las actividades económicas que afectaron fuertemente los ingresos fiscales. “Nuestra visión es que se reduzca paulatinamente (el déficit), pero eso sí, no podemos ir en contra de la reactivación económica”, dijo Francke hace unos días a Reuters.
3. Subsidiaridad del Estado
Este es otro pilar fundamental del desarrollo. Según la Constitución, en el Perú hay un modelo de economía social de mercado, que Francke ha dicho que respetarán en principio. Pero en este punto, ha dejado entrever que quieren cambiar el rol del Estado en la economía, aunque con matices. Su discrepancia está en el tratamiento equitativo a la inversión nacional y extranjera. “La idea básica es que se mantendría un economía de mercado, no es una idea de intervencionismo masivo del Estado en la economía”, apuntó el vocero económico de Pedro Castillo.
El artículo 60 de la Constitución -que no se debería tocar- señala que el Estado sí puede intervenir en los mercados, pero bajo un principio que se conoce como subsidiariedad. Es decir, que puede incentivar o proveer los bienes y servicios que se consideren esenciales para la comunidad y que el sector privado no ofrezca. Esta es la base del Estado de Bienestar de los países europeos.
«La subsidiaridad se enfoca en la actuación del Estado en la economía, se le reconoce una función para suplir las imperfecciones u omisiones de los agentes económicos, con el fin de promover bienestar o el bien común. Eso no implica un Estado mínimo o débil», sostiene el economista Manuel Muñoz, al precisar que el Estado peruano hoy tiene el control casi total de la salud y de la educación básica, y el control absoluto sobre los servicios de agua y saneamiento, por ejemplo.
Participa además en muchas otras actividades, como el sector eléctrico,(Electroperú) y financiero (Banco de la Nación, Cofide), en servicios postales (Serpost) y de limpieza (Silsa), así como control del tránsito aéreo (Corpac), refinación de petróleo (Petroperú) y fabricación de armas (FAME), entre otros. En suma, si el Estado no funciona no es por culpa de la Constitución.
El riesgo de cambiar ese principio es que el Estado intervenga sin ningún tipo de justificación en la economía, lo que podría abrir una compuerta peligrosa para expropiaciones arbitrarias en sectores donde no es prioritaria la actividad estatal, como centros comerciales, bancos, mineras, etc.