Luego de días de fuego cruzado, el Ejecutivo y el Congreso anunciaron una aparente “tregua”, pero no queda claro bajo qué condiciones. La presidenta del Parlamento, Maricarmen Alva, anunció que la presentación del gabinete para pedir el voto de confianza será el 8 de marzo, pero lo hizo en tono conciliador, al destacar que “nosotros creemos en el diálogo y la concertación”.
“Seamos respetuosos con el otro y démosle un respiro al Perú”, dijo Alva, acompañada de representantes de todas las bancadas, incluso la de Perú Libre, luego de que esta misma semana el premier Aníbal Torres la acusara de planear “un golpe de Estado” en contra del presidente Pedro Castillo, que atraviesa su momento más crítico desde que asumió el poder, pero por sus propios errores.
“Necesitamos que gobiernen. Nosotros estaremos siempre comprometidos con la construcción de un Perú mejor”, agregó Alva, mientras que la cereza del pastel la puso congresista Jorge Montoya -uno de los más furibundos críticos del gobierno- que habló explícitamente de un periodo de tregua poder lograr “una agenda mínima común que nos permita caminar hacia adelante”.
La escena la completó el mismo Aníbal Torres poco después, también en una conferencia, en la ofreció disculpas a los congresistas por tildarlos de golpistas, pese a que sabe que no se alcanza los 87 votos para una vacancia. “Ya todo queda superado con lo expresado por la presidenta del Congreso”, apuntó el jefe del gabinete.
Torres dejó entrever que la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, retiraría la denuncia contra Alva que buscaba censurar a ella y a la mesa directiva, y lo misma suerte correría la acusación constitucional que estaba en camino contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria.
El giro no deja de sorprender. Del que se vayan todos, aparentemente, hemos pasado al que se queden todos, sin nada concreto que nos indique que algo vaya a cambiar, porque el presidente Castillo ha persistido en su intento de capturar el Estado para repartírselo entre sus amigos como si fuera un botín. Ha repartido además fajines a cuatro bancadas (Perú Libre, Perú Democrático, JPP y Somos Perú), suficiente para asegurar por ahora 49 votos que impedirían la vacancia.
Pero queda la duda: ¿Con este gabinete de repartijas, con ministros poco competentes y con serios cuestionamientos y denuncias, con carteras tomadas por mafias o convertidas en agencia de empleos del partido de gobierno y con pillos de poca monta jugando en las grandes ligas, es posible una gestión eficiente y decorosa? Recordemos además que para salverse del primer intento de vacancia, a inicios de diciembre pasado, Castillo prometió un cambio de rumbo que no cumplió.
¿Y el Congreso dejará de lado su agenda populista, de intereses particulares que atentan contra reformas importantes, para pasar a una de consensos mínimos para aprobar los cambios y reformas que contribuyan a darle algo de estabilidad y tranquilidad al país?
Lo que sí queda claro es que el Ejecutivo y el Legislativo carecen de credibilidad y legitimidad, y sus líderes son muy impopulares, lo que evita que podamos mirar el futuro cercano con más optimismo y pensar que es posible una convivencia saludable entre ambos poderes del Estado. La sensación que queda es de más supervivencia.
Otro dato que refuerza las suspicacias es lo que reveló la última encuesta de Ipsos, respecto a que, al margen de lo que señale la Constitución, si Castillo y Boluarte fueran vacados o renuncien, el 74% de peruanos preferiría que se convoque a elecciones g enerales para presidente, vicepresidente y congresistas.
«Este me parece un claro incentivo detrás de la tregua Ejecutivo – Congreso. No digo que necesariamente haya sido el único o el principal motivo (no lo sé), pero es claro que es un factor que juega a favor, pues alinea un interés común en ambos», apuntó el politólogo Javier Albán.