Pedro Castillo fue proclamado oficialmente presidente electo por el JNE este lunes 19 de julio, pero en ese trance incierto que se inició tras la segunda vuelta del 6 de junio pasado, el próximo mandatario sigue sin dar señalas claras de cuál será el rumbo que tomará su gestión, más allá de algunos intentos por transmitir tranquilidad o “moderación” de sus aliados circunstanciales de Nuevo Perú, que hoy tampoco se sabe en que situación se encuentran.
«Estamos haciendo una convocatoria a todos los técnicos, a las personas más distinguidas y comprometidas con el país. Estamos estructurando un equipo de trabajo”, dijo el presidente electo este martes desde el centro de Lima, lo que deja entrever que, a ocho días de asumir las riendas del país, no tiene nada definido.
Analistas, politólogos y observadores coinciden en que Castillo Terrones no puede seguir sin fijar ni asumir compromisos concretos en al menos tres temas que son fundamentales para el país: continuidad de la política de vacunación contra la COVID-19; claridad sobre las medidas de reactivación económica y garantías de un compromiso democrático. También debería anunciar al menos algunos nombres para sectores e instituciones claves (Economía, Salud, Educación, Trabajo, el BCR, entre otros).
Pero hasta ahora la retórica del presidente electo, como en la que insistió en el breve discurso que dio tras su proclamación del lunes, cuando dijo que la actual Constitución seguirá vigente hasta que el “pueblo lo decida”, solo aumenta la incertidumbre, lo que afecta la reactivación de la economía, clave para salir de la crisis y recuperar los empleos perdidos por la pandemia.
Pesos y contrapesos políticos
La mayoría de bancadas, de las 10 que hay en el nuevo Congreso, incluidas las que se han mostrado a favor de apoyar a Perú Libre para que asuma el control de la Mesa Directiva, coinciden en que los cambios constitucionales que se requieran en este quinquenio se deben canalizar a través de los mecanismos legales que la propia Constitución establece para reformarla.
Es decir, uno de los primeros consensos que asoman en el Parlamento que está por iniciar funciones es que los partidos con representación política -salvo Perú Libre y sus aliados naturales de Juntos por el Perú- no están dispuestos a apoyar una Asamblea Constituyente, por los riesgos que ello implica para el país, más aún si se trata de un mecanismo que no existe en nuestra legislación actual.
Economistas, analistas, constitucionalistas y expertos en políticas públicas han explicado hasta el cansancio que el mayor problema del país es de gestión: ya sea por ineficiencia o corrupción, se malgastan o se roban los recursos que deberían llegar a los ciudadanos a través de obras y servicios de calidad. El mismo vocero económico de Pedro Castillo en la campaña, Pedro Francke, admitió que para aplicar el plan de gobierno del presidente electo no se necesita una nueva Constitución o una aventura constituyente.
¿Qué cambios puntuales se podrían lograr?
Si la sensatez prima en el nuevo Congreso, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País podrían conformar un bloque de oposición responsable de derecha, al que se podrían sumar otros grupos más de centro, como Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y Somos Perú, para lograr reformas constitucionales que ayuden a lograr una estabilidad política y económica que permita cerrar brechas sociales en el Perú, pero cuidando los pilares que han permitido al país lograr avances sustanciales en los últimos años.
La derecha tiene 43 votos y el centro 45; es decir, entre ambos suman los votos necesarios (88) para lograr cambios puntuales y la fuerza suficiente para hacer entender a Castillo y Perú Libre que no pueden salirse de los cauces constitucionales y democráticos, y embarcarnos en un proceso constituyente que sumiría al país en el caos y la incertidumbre.
Entre los puntos que en los que se deberían lograr consensos están:
- Una reforma política de candados y contrapesos que disminuya la posibilidad de repetir crisis políticas e institucionales como las de los últimos cinco años, que pasa por regular mecanismos como la cuestión de confianza, la moción de censura, la vacancia presidencial y el cierre del Congreso.
- Una reforma tributaria que implique no solo una mayor carga impositiva a los que ya pagan impuestos y paran la olla del Estado, como el sector minero, sino que sume a la mayor cantidad de personas, naturales y jurídicas, a la formalidad, lo que implica generar los incentivos necesarios para ello.
- Reformas orientadas a mejorar la calidad y vigilancia del gasto público, sobre todo en salud, educación e infraestructura, que pasa por revisar y replantear el fallido proceso de descentralización.
- Reglas claras para promover la inversión privada, que es la que genera riqueza, empleo y permite reducir la pobreza.
- Reforma del sistema de pensiones, que ataque los problemas estructurales que provocan que haya poca cobertura y pensiones bajas.