En una nota de hace unos días, te contamos qué era la tercerización laboral. A la vez, explicamos el plan del gobierno para, en la práctica, eliminar esta forma de contratación, debido a los excesos que muchos empresarios cometen pero que, en vez de hacer un bien en el mercado laboral, hará un daño en la generación de empleo. En vez de restringir esta modalidad, el Estado debía hacer su chamba, que es la de fiscalizar a las empresas.
Bueno, el gobierno no hizo caso. Pero tampoco le hizo caso a los gremios, y menos al propio ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, que es parte del Ejecutivo, quien con argumentos técnicos se oponía a la medida. A la única persona a la que le hicieron caso fue a la politizada ministra Betssy Chávez, propulsora de la iniciativa.
El último jueves, en un edición extraordinaria de El Peruano, se publicó el Decreto Supremo (DS) N°001-2022-TR, el cual prohíbe la tercerización laboral para la realización de “actividades nucleares” (esto también te lo contamos en la nota mencionada anteriormente) de las empresas principales, sin que la medida se discuta tampoco en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), como correspondía.
La norma va a ser aplicable a toda tercerización, que implica un “desplazamiento continuo» (el que excede 52 días de duración) del trabajador a un centro de labores u operaciones perteneciente a la empresa principal. Si se demuestra que el trabajador realiza actividades nucleares, el contrato se desnaturaliza y ese trabajador debe pasar a formar parte de la planilla de la empresa principal.
Como explica Gestión, las empresas comenzarán a usar dos vías para enfrentar esta norma sin sentido. La primera es el amparo, la cual es una figura legal donde las empresas recurren a un juez y le piden la inaplicación de la medida en un caso específico, porque va contra la ley o la propia Constitución. Y justamente esta norma sería inconstitucional, porque va contra la libertad de contratar y de empresa.
El otro camino que usarán las empresas para evitar la afectación en el empleo y sus operaciones es que comenzarán a modificar sus estatutos, así como el objeto social de la empresa. Si en los estatutos de la empresa, se consideró varios objetivos o actividades, las empresas pasarán a reducirlos. A la vez, las empresas comenzarán a evaluar a todos los trabajadores para saber si la norma les afecta o no. Existen choferes que movilizan al personal; es decir, no están en el centro de operaciones
Esta medida está tan mal diseñada, que será atacada desde varios frentes. Jorge Toyama, en Gestión, dijo lo siguiente: “[La norma] será llevada a procesos de amparo, que busquen inaplicarla; a acciones populares, que busquen derogarla, y procedimientos de barrera burocrática ilegal, que busquen invalidarla”. El gobierno, en el plazo que dan a las empresas para adecuarse a la norma (de 180 días), debe reflexionar porque, como ellos dicen, su misión es reducir la informalidad, pero esta medida lo único que hará es aumentar la informalidad como el desempleo.
La congresista Norma Yarrow, ante este despropósito, publicó un oficio redactado de su despacho con destino a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, en el que le solicita un informe con la opinión favorable de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) y el Análisis de Impacto regulatorio Ex Ante. Ello para evaluar el impacto que realizaron de la medida. Porque se supone que el ministerio lo realizó, ¿o no?
El gobierno dice que está adecuando la normativa a las exigencias de la OCDE. Sin embargo, ningún país de este organismo, que en enero nos invitó a adherirnos, prohíbe la tercerización nuclear. Esta norma hará que el país suba a las primeras posiciones con la mayor rigidez en normales laborales. Actualmente, estamos en el octavo. Pero como en todo en este gobierno, desean que seamos los primeros en lo antitécnico, lo informal y lo improvisado.