En una carta notarial remitida a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), la Universidad Telesup le exige a la Sunedu que acate la medida cautelar emitida por el Poder Judicial y anule la denegatoria de licenciamiento. El documento luego fue retirado por la defensa legal de la familia Luna dueña del Consorcio Telesup.
Pero eso no borra la prepotencia y arrogancia de la univesidad de José Luna Gálvez -el dueño también del partido Podemos Perú y que actualmete está bajo detención preliminar por corrupción-, que incluso le daba «24 horas» a la Sunedu para que cumpla la resolución del Segundo Juzgado Civil de Bagua, que en el 2019 revirtió la decisión que tomó la superintendencia, porque Telesup -sí, aquella de la ‘fachada bamba’- no logró acreditar la condiciones básicas o mínimas para dar un servicio de calidad a sus estudiantes.
El fallo del juzgado de Bagua pide a la Sunedu que suspenda la denegación de la licenciatura, que otorgue un nuevo plazo a la universidad para que reformule su plan de adecuación en un período no mayor a los dos meses.
Pero parece que en la empresa de Luna se olvidan que esa medida judicial fue suspendida. La institución educativa aduce que fue apelada, pero aún no se resuelve. ¿Entonces a qué viene esa ‘exigencia ahora? ¿Será que con el nuevo gobierno de Manuel Merino se sienten seguros y envalentonados?
El pez por la boca muere, reza un dicho. En la carta Telesup, firmada por José Luna Morales, hijo de José Luna Gálvez y actual congresista, señala lo siguiente: “Es claro que una vez que su posición de dominio y respaldo gubernamental haya llegado a su fin, conforme el devenir político en nuestro país, circunstancia futura en la que esperamos se pueda materializar la justicia que hasta ahora se niega o retarda en perjuicio de nuestra institución”.
En la Sunedu señalaron que no se pronunciarán al respecto porque el caso está en el ámbito judicial. Pero hay que estar atentos, porque al parecer los grupos que buscan tumbarse o revertir la reforma universitaria, tienen un nuevo impulso con el gobierno de Merino, que bien podría deslindar de forma clara estos grupos con intereses particulares. ¿Lo hará?