El presidente Pedro Castillo acaba de nombrar un nuevo gabinete ministerial, el cuarto en sus cortos seis meses de gestión. Pese a la larga lista de nombres rumoreados para el puesto de premier, eligió a un viejo conocido suyo: Aníbal Torres Vásquez.
Torres venía ejerciendo el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos, cartera en la que demostró su vena autoritaria, enmascarada con supuestos argumentos legales.
Torres es uno de los pocos ministros que acompaña al presidente Pedro Castillo desde el inicio de sugestión en julio de 2021. Durante la campaña de segunda vuelta, se presentó como al abogado de la candidatura presidencial de Perú Libre ante la ONPE. Pese a que salió en todos los medios diciendo que no iba a ocupar un cargo político en el gobierno, todo el Perú lo vio juramentar como ministro de ministro de Justicia y Derechos Humanos semanas después.
La gestión de Torres a cargo de la cartera de Justicia se caracterizó por sus declaraciones paralizantes. Siempre enfrentado al Congreso y los demás organismos autónomas, más que buscando el diálogo. El ministro nunca hizo un mea culpa frente a los cuestionables nombramientos del Gobierno. Constantemente, sale a declarar que las críticas al Gobierno se deben a una campaña de la “derecha golpista”, alegato que repite hasta el cansancio. Mientras más lo dice, menos se le cree.
Aníbal Torres sobrevivió en el cargo durante los sucesivos tres Consejos de Ministros que tuvo el presidente Castillo en estos cortos seis meses de gestión. Esto habla de la confianza que le tiene el jefe de Estado al abogado.
Quizás esta confianza que tiene el ministro le llevó a cometer dos actos que rondan con la arbitrariedad:
El primero, y quizás el más sonado, retirar de su cargo al procurador general de la República, Daniel Soria, que había solicitado al Ministerio Público investigar los supuestos actos de corrupción que involucran al presidente Castillo con la lobbista Karelim López. Si bien Torres argumentó que el retiro de Soria se debió a que no cumplía el perfil para el puesto, hecho que la Contraloría también señaló, la destitución deja al presidente y al ministro en una situación incómoda, por decir menos. Soria no se quedó con las manos atrás y presentó una demanda de amparo contra el presidente y el ministro, indica que la destitución vulnera sus derechos y que el retiro de su cargo no está de acuerdo a ley. Hecho que sería cierto, según los expertos en derecho administrativo.
El segundo acto fue la destitución de la presidente del INPE, Susana Silva Hasembank. Ya durante días se venía rumoreando que el ministro quería retirar a la funcionaria por, supuestamente, negarse a “liberar” al líder etnocacerista Antauro Humala, preso por las revueltas del Andahuaylazo que causó la muerta de cuatro policías. Inclusive, Susel Paredes, congresista de la República, indicó que la destitución de Silva era parte del plan para la liberación de Humala. Torres dijo que el retiro de la presidenta del INPE se debió a que la funcionaría se negó a llevar al expresidente Alberto Fujimori a una cárcel común. Este hecho fue después cuestionado, ya que la información que daba el ministro era imprecisa.
Para cerrar está seguidilla de críticas contra Torres, su viceministro, Gilmar Andía, renunció a su cargo, indicando que sus cinco años en el Estado jamás había evidenciado un debilitamiento institucional tan fuerte como el que se ve ahora en el Ministerio Justicia y Derechos Humanos. El ministro salió al paso y calificó a Andía de haberse sumado al grupo de personas que tratan de vacar al presidente. La excusa de siempre del ministro.
La elección de Aníbal Torres como primer ministro es una declaración de intenciones del presidente Castillo: acá no se modera el mensaje y se busca la confrontación más que el acuerdo. El presidente tomó una decisión, ahora solo falta ver qué decisión tomará el Congreso. Lo único seguro es que la crisis política tiene para rato en el país.