En septiembre del año pasado se logró cerrar la compra de poco más de 1’056,430 tabletas para ser distribuidas a los distintos alumnos y profesores a nivel nacional. La operación fue aplaudida dado que, inicialmente, el proceso pareció turbio cuando la primera licitación la ganó una empresa, Topsale S.A.C., pese a que no tenía ninguna experiencia y menos respaldo financiero para cumplir con las obligaciones que la operación requería (presentación de la carta fianza, por ejemplo).
Recordemos que, por la pandemia, la educación comenzó a ser transmitida a través de TV, radio e Internet. Pero es a través de esta última donde el contenido es muchos más amplio y variado. Sin embargo, existe una extensa brecha digital, que para poder ser reducida y facilitar acceso a servicios educativos remotos a la zona rural y urbana vulnerable (quintiles 1 y 2 de pobreza) se decidió adquirir este tipo de equipos electrónicos. Los grados beneficiados con esta compra serían, en primaria, los de cuarto, quinto y sexto, y en secundaria, los de quinto grado. El impacto total sería de 24,055 instituciones educativas públicas.
Según el plan, la entrega de tabletas no solo involucra a los alumnos. También están considerados los docentes. Del total, para los alumnos serán poco más de 900 mil y los docentes recibirán unas 90 mil. Uno de los problemas logísticos que debía enfrentarse en ese momento era que en varias zonas rurales, según el INEI, menos del 6% de la población posee acceso a internet y casi un 20% de los hogares no tienen energía eléctrica. Por tal razón, se decidió que las tabletas vendrían con internet incorporado y cargadores solares.
Parece que todo lo tenían bien pensado y estructurado en el Ministerio de Educación. Sin embargo, cuando faltan menos de 15 días para el inicio de clases remotas, la distribución de estas tabletas va, digamos, lenta. La información proporcionada por un medio de comunicación el domingo es que, efectivamente, se han distribuido poco más de 51,547 unidades; es decir, menos del 5% del total. En el Minedu indican que se tiene plazo para distribuirlas hasta el 31 de marzo. Sin embargo, ¿les alcanzará el tiempo? ¿Por qué la demora?
Para el proceso de distribución se contrataron los servicios, por licitación pública, de tres empresas. En la Tabla N°1 se encuentran qué zonas geográficas cubriría cada empresa, así como el costo de esa focalización.
En total, la distribución de las tabletas le cuesta al Ministerio de Educación (Minedu) S/25.3 millones. Además, podemos ver que el costo de atender toda la región Lima, así como la región Ica, salió relativamente barato. Por otro lado, en la Tabla N°2 se ve el total contratado por cada empresa, así como el número de empleados, según la planilla electrónica entregada a la Sunat
La vaina aquí es con la segunda empresa con mayor monto adjudicado, J&J Transportes y Soluciones Integrales S.A.C. Se le consideró ganadora de la licitación el 4 de noviembre de 2020. Pero el 18 de diciembre de ese mismo mes se le dijo a la empresa que ya no querían saber nada de ellos. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo del proceso de modulado y embalaje de tabletas y los complementos se descubrieron incumplimientos y retrasos.
Aún no se ha revisado el contrato puntual que el Minedu firmó con la empresa J&J Transportes y Soluciones Integrales. Pero lo haremos. Si esta empresa tuvo problemas en brindar el servicio y hoy estamos atrasados en cumplir con la entrega de tabletas, es necesario saber si se le aplicaron las penalidades del caso. No todas las empresas firman contratos por casi S/10 millones de soles para incumplir. Por otro lado, estaremos al pendiente de si el Minedu puede cumplir con la entrega de más de 950 mil tabletas al 31 de marzo.