El gobierno de Pedro Castillo podría publicar un manual detallado y bien documentado de cómo hacer todo mal en tiempo récord y culpar a otros del desastre. En poco más de 50 días ha ‘logrado’ que el caos y la incertidumbre sobre el rumbo del país disparen el precio del dólar, de los alimentos y la inflación. Ahora, el Ministerio de Trabajo acaba de anunciar el fin de la suspensión perfecta de labores. El ‘paquete’ completo para terminar del golpear los ya afectados bolsillos del “pueblo” que tanto dice representar.
“El actual contexto de reactivación económica y emergencia sanitaria nos ha exigido una evaluación y análisis exhaustivo de las normas aprobadas al inicio de la pandemia”, dijo el titular de Trabajo, Iber Maraví en un video institucional, al agregar la suspensión de labores ”afectó a miles de trabajadores, quienes no pudieron realizar sus labores, (…) imposibilitando el sustento económico de sus familias”. «Seguiremos fomentando la reactivación económica, trabajadores y empresarios, mediante un diálogo social con resultados», agregó.
Lo que dice Maraví, el ministro con pasado terrorista, no solo es mentira, sino que evidencia un profundo desconocimiento de la situación laboral en el país. El efecto será todo lo contrario al que dicen buscar. Veamos.
La suspensión perfecta de labores se implementó en 2020, debido a que la pandemia originada por la Covid-19 provocó el cierre de casi todas las actividades productivas del país. La economía peruana se contrajo 11%, la mayor caída en toda la región.
Esa medida excepcional implicaba el cese temporal de la obligación del empleador de pagar sueldos, mientras los empleados dejaban de prestar sus servicios, pero sin que se rompa el vínculo laboral. Es decir, los trabajadores formales mantenían el acceso a Essalud y otros beneficios sociales.
Pero ahora, a partir del 2 de octubre, podrían perder todos esos derechos laborales, debido a que aún la situación económica del país y de muchas empresas sigue siendo precaria. El hecho de que se elimine la suspensión perfecta de labores no implica que, de forma automática y como por arte de magia, todos recuperarán sus empleos, como parece creer el ministro ‘bomba’. Todo lo contrario.
Maraví justifica la decisión del gobierno en la recuperación de algunos indicadores económicos, pero no dice (o no sabe) que esto se debe a un rebote estadístico tras un año de recesión. Es decir, es un espejismo. Encima el país está paralizado, sumido en la incertidumbre y el desgobierno. Las expectativas y la confianza empresariales están por los suelos. El BCR proyecta que la inversión privada, que es la que genera empleo y paga impuesta, sería de 0% en el 2022.
Efectos y consecuencias
El fin de la suspensión perfecta de labores afectará sobre todo a las empresas pequeñas y medianas, que no tendrán otra opción que reducir salarios y horarios de trabajo o despedir trabajadores. Y en el peor de los casos cerrar. Es decir, aumentará el desempleo y la informalidad, y se frenará la recuperación de la economía.
Según datos oficiales, hasta julio de este año, unas 42,000 empresas pidieron la suspensión perfecta de labores. De estas, solo 32,000 compañías pudieron hacerla efectiva, lo que implicó a 304,000 trabajadores.
La mayoría de empresas que se acogieron a esta modalidad son de rubros como bares, restaurantes, casinos o cines, turismo, entre otros. El 83% tienen 10 o menos trabajadores. Ahora, si una empresa no puede reubicar a sus trabajadores, porque aún no opera o funciona al 100% debido a las restricciones por la pandemia, no tendrá otra salida que despedirlos.
Habrá otros negocios que no podrán hacer ni lo uno ni lo otro y tendrán que cerrar. Al final hay menos empresas, menos trabajo y todas esas personas que se quedaron sin empleo tendrán que buscar ingresos como puedan. Ergo, mayor informalidad, que hoy debe estar en casi 80%.
Medida mal enfocada
Pero es cierto también que los últimos datos disponibles revelan que las solicitudes de suspensión perfecta se han reducido de manera significativa. Entre junio y julio de este año se presentaron menos de 200 pedidos ante el Ministerio de Trabajo, lo que indica que la mayoría de empresas lo que están buscando es reactivarse.
Lo que tampoco dice Maraví es que la decisión de su despacho, de acabar con la suspensión perfecta a partir del 2 de octubre, no aplicaría para las solicitudes que fueron ampliadas en los primeros días de setiembre hasta marzo del 2022, porque una norma no tiene efecto retroactivo (no se aplica hacia atrás). Hacerlo sería inconstitucional.
Así, mientras Castillo y compañía nombran a sus amigotes en puestos claves, en busca de copar el Estado y acumular poder, el gobierno pretende adormecer al «pueblo» que dice representar a punta de bonos e iniciativas asistencialistas y de fuerte gasto estatal que solo son un maquillaje del desastre económico al que nos dirigimos.