El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ha sido la sorpresa en este tramo final de la campaña, al meterse en la pelea por la segunda vuelta, al lograr un fuerte respaldo en sectores de la izquierda, sobre todo en el centro y sur del país, que antes era un bastión de Verónika Mendoza.
Algunas de las propuestas de Castillo son incluso más radicales que las de la candidata de Juntos por el Perú, que tuvo que moderar sus medidas y su discurso. En algunos otros puntos coinciden, como una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente o realizar una “segunda reforma agraria”. También en el cambio del modelo económico así como el de una mayor participación del Estado en la economía.
Pero Castillo va más allá, y promete “eliminar” las AFP, invertir el 10% del PBI en Educación y, hace poco, no descartó “disolver” el Tribunal Constitucional si se niega a cambiar la Carta Marga.
Análisis de propuestas de gobierno
La oferta electoral de Castillo va mucho más allá, como el ingreso libre a la universidad, convertir los gobiernos regionales en estados federados, derogar la ley magisterial, entre otras. La mayoría de medidas, o son inviables o negativas. Y otro problema, que se repite en la mayoría de candidatos, es que no explica de dónde saldrá el dinero para hacer todo lo que promete o cómo lo hará.
Otorgar a los gobiernos subnacionales la facultad de grabar y recaudar tributos, de los cuales podrían administrar hasta el 70% del mismo (40% regional y 30% municipal y 30% al gobierno central)
La descentralización permitiría introducir un sistema de balances y contrapesos intergubernamentales. Este se da en tres ámbitos: el político, el administrativo y el fiscal. Por lo que se busca es repartir el poder, las funciones y competencias, además de los ingresos y gastos.
Tras 18 años de iniciado el proceso de descentralización en el Perú, los gobiernos regionales y locales han duplicado su presupuesto en la última década. Sin embargo, para financiarse siguen siendo muy dependientes del dinero transferido por el Gobierno Central, pues solo el 27% de sus recursos son obtenidos directamente por ellos. Además, alcanzan como porcentaje de ejecución el 75% de lo que reciben.
Medida negativa: La solución no pasa por otorgar la capacidad de gravar y elevar las tasas de impuestos locales, pues no funciona disponer de más ingresos si no se complementa con la responsabilidad de administrar y ejecutar los recursos de manera eficiente.
Aumentar los tributos de 30% a 80% a las empresas transnacionales de minería, hidrocarburos, energía y comunicaciones
Este medida no aporta al objetivo de una verdadera reforma tributaria que busque ampliar la base y hacer que más empresas ayuden a pagar las cuentas. Se centra en ajustar a una minúscula proporción (empresas), lo que desincentiva la inversión, por ende la recaudación y el empleo que se generan en estas empresas.
Por ejemplo, en la minería, este sector ha desembolsado S/85 mil millones en impuestos y otros gravámenes en los últimos 10 años. Entre los países mineros a nivel mundial, el Perú se posiciona como uno de los que tiene mayor carga tributaria, por encima de regulaciones como las de Canadá, Australia y Chile.
Esto se debe a que además del Impuesto a la Renta (IR), las mineras pagan otros tributos, como el canon, las regalías, el Impuesto Especial a la Minería y el Gravamen Especial a la Minería. Según la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), el 47% de las utilidades de una minera se destina al pago de impuestos en el Perú.
Autorizar a los gobiernos regionales la apertura de cajas regionales
“Las cajas regionales serían una alternativa económica y financiera para nuestros pueblos, al otorgarles préstamo a los sectores más vulnerables con facilidades crediticias y bajas tasas de interés”, menciona Perú Libre en su plan de gobierno.
La propuesta carece de viabilidad, pues no se especifica si el capital sería financiado con recursos de los contribuyentes o capital privado. De ser con los recursos de los contribuyentes y administrado por cada gobierno regional, las reglas para su funcionamiento generarían un despropósito de competencia en el mercado, que va en contra del objetivo de disminuir las tasas.
La reducción de las tasas de interés pasa por facilitar el ingreso al mercado de más entidades financieras y generar competencia, bancarización y otras medidas de transparencia de cara al ciudadano que le permita contribuir a su educación financiera.
Una contraloría especial para empresas privadas
La Contraloría General de la República fiscaliza el ingreso e inversión de los fondos que aportan los contribuyentes. Su función es supervisar el gasto público y que este responda finalmente a los objetivos para los cuales fue destinado. Una “Contraloría especial” para los privados se sumaría a lo que ya hacen Sunat y otros organismos reguladores y supervisores (Ositran, Osinergmin, Osiptel, Sunafil, entre otros), que ya fiscalizan el cumplimiento normativo del sector privado, entorpeciendo o duplicando funciones.
Por ello no se justifica que el Estado se entrometa en el manejo de las finanzas privadas, no solo porque ya existen entidades que supervisan el cumplimiento tributario, sino porque es interés e incentivo del propio privado que sus recursos sean utilizados de manera óptima y eficiente.
Perú Libre plantea que el ingreso libre a la universidad debe ser un derecho
Medida inviable, porque de un universo de 1.5 millones de estudiantes universitarios a nivel nacional, poco más de 315 mil estudian en universidades públicas, lo que evidencia, en primer lugar, la gran demanda educativa cubierta por el sector privado.
En segundo lugar, duplicar la oferta universitaria -asumiendo que sólo sea para el sector público- implicaría que más de medio millón de peruanos asistan a universidades públicas, y hoy en día ya hay limitados recursos y de infraestructura para atender la demanda. Incluso ya se imparten clases en diversos horarios (incluyendo clases por la noche). Además, el acceso de la población de zonas rurales a universidades es limitado, debido a que la mayoría de universidades están en ciudades capitales. Esto, sin considerar el importante crecimiento de la planilla pública de educación superior.
Es importante considerar también que ampliar el acceso a la educación universitaria no asegura mejores condiciones laborales o económicas para nuestros jóvenes. En el segundo trimestre de 2020, la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 13.2% y en ese mismo periodo, solo en Lima Metropolitana, se perdieron más de 600 mil empleos juveniles. En estas circunstancias, el empleo adecuado se redujo un 73.3% y la remuneración promedio también cayó 1.9%. Asimismo, es necesario entender que el mercado necesita de mano de obra calificada y personal técnico, y desde ese punto de vista, sería más importante incrementar la oferta de institutos de mayor calidad y especialización.
Finalmente, las evaluaciones de ingreso son un filtro necesario para limitar el volumen de alumnos que, tanto universidades públicas como privadas, pueden atender, por lo que eliminar ese requisito permitiría que cualquiera pueda exigir formar parte de una casa de estudios a pesar de que pueda no tener las aptitudes y conocimientos mínimos necesarios -en detrimento de la además la meritocracia-, y que los recursos (físicos, tecnológicos y de personal) no permitan la atención adecuada de los alumnos.
Reposición de maestros despedidos
Medida negativa. La reposición de maestros sin previa evaluación afectaría la calidad de la educación, pues con la Ley de Carrera Pública Magisterial y Ley de Reforma Magisterial se exige que todos los docentes del sector público cuenten con una evaluación previa. De una evaluación extraordinaria para los docentes interinos que carecen de título profesional, apenas el 9.8% aprobó (546 de los 5,600 profesores inscritos).
De otro lado, se afecta el mérito para tener una adecuada preparación de los aproximadamente 240 mil profesores nombrados y calificados que cumplen con los requisitos exigidos para enseñar en las instituciones educativas y que se han sometido a las reglas.