En una nota anterior, te contamos del caso del distrito de Secclla en la provincia de Angaraes, en Huancavelica. ¿Qué sucede? Desde enero 2017 tienen aprobado un proyecto de saneamiento para 8 localidades del distrito. La inversión es por S/10.3 millones, pero después de 4 años, solo tienen un avance en obras del 2.19% y para remate, la obra está paralizada.
Y como ya hemos dicho, si ese tipo de inversión no se realiza, será una misión imposible cerrar las brechas en el Perú. Es la inversión pública la que se enfoca en satisfacer varias necesidades básicas. El agua y saneamiento es chamba única del Estado. Las empresas de saneamiento y distribución del agua son estatales, al mismo tiempo que el 97% de la salud la provee el Estado. No hay, no existe y por cómo vamos, otro responsable. Es el Estado, en sus diferentes niveles, el que tiene que dar esos servicios.
Ahora traemos otro caso. El del Hospital El Carmen, ubicado en la ciudad de Huancayo, en el departamento de Junín. Desde hace casi siete años se espera la ejecución del proyecto de Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen, el cual posee recursos por S/153.7 millones, pero que solo logró un avance de 65% a enero 2019. Y desde esa fecha, la obra se encuentra paralizada. Miremos el gráfico N°1, con los montos avanzados.
En poco más de dos años, 26 meses para ser exactos, solo se realizaron obras por S/96 millones. Pero la particularidad es que cuando la obra fue licitada, las bases indicaban que el plazo de ejecución era de 450 días; es decir, 15 meses. ¡Así como lo leen!
Esta paralización se debe a que el encargado de la obra, el Consorcio El Carmen II, inició procesos arbitrales contra el Gobierno Regional (GORE) de Junín debido a que el proyecto poseía mayores gastos no calculados por ampliaciones de obra que el expediente técnico no incluyó. Una de las primeras observaciones que saltaron al proyecto, según la Contraloría General de la República (CGR), es que el GORE de Junín inició los estudios sin el saneamiento físico y legal del terreno.
Además, según información de octubre de 2020 de la agencia Andina, el 30% de lo construido en adobe y el 15% del material drywall de lo que se hizo hasta enero 2019, se encuentra inhabitable, debido al deterioro de la infraestructura. Por ello, el hospital no reúne condiciones para atender a la población. ¿Cómo la ves?
La CGR, en un informe de septiembre 2019, indica que el GORE de Junín afecta la transparencia y control del proyecto, al no cargar la información de la obra. Además, menciona que el encargado de las labores de la supervisión del proyecto, Jorge Ordoñez Florez, no hizo su trabajo bien. Es decir, todo un desastre. El GORE quiso anular el contrato al consorcio, pero los juzgados arbitrales se lo denegaron. Se hizo un expediente de Saldo de Obra y ya… esta sigue sin ser reactivada hasta la fecha.
¿Qué propuestas hay de parte de los partidos en segunda vuelta respecto al tema de los hospitales? Perú Libre, que de libre no tiene nada, aunque acepta que la salud está monopolizada por el Estado, a través de Essalud y el Minsa, propone que cada región posea cuatro hospitales especializados: materno infantil, neoplasias, clínico quirúrgico y medicina tropical.
En el caso de Fuerza Popular, que más parece impopular, propone implementar una red interconectada de centros de atención primaria para atender urgencias, lo que permitirá descongestionar hospitales de mayor complejidad. Además, construir entre 80 y 90 hospitales de distintos niveles a nivel nacional.
Hemos cometido un error como ciudadanos. No les respiramos en la nuca a nuestras autoridades o políticos. Hoy tienen tanto poder que manejan millones de soles para obras. Solo en la región Junín, más de S/4,500 millones distribuidas en 993 obras, están paralizadas o sin ejecutar (gráfica N°2).
¿Hasta cuándo los ciudadanos de las regiones tendrán que esperar para que sus autoridades cumplan con lo ofrecido y brinden servicios de calidad? Las 4,600 personas fallecidas en exceso en Junín, tal vez porque no encontraron espacio en hospitales, deberían ser la excusa perfecta para exigir cambios a los políticos y autoridades. Si así es la realidad en una capital de departamento, con 430 mil habitantes y donde se concentra el poder regional, ¿cómo será la realidad en las ciudades más pequeñas o rurales? Lo averiguaremos y publicaremos.