Esta semana el Ejecutivo remitiría al Congreso el proyecto de ley con el pedido de facultades legislativas en materia tributaria. Así lo adelantó hace unos días el mismo ministro de Economía, Pedro Francke, al señalar que el objetivo es tener “un sistema tributario que sea mucho más funcional, justo y equitativo para todos los peruanos”.
El titular del MEF explicó que los cambios que pretende realizar el gobierno incluyen diversos aspectos, desde la evasión de impuestos hasta mejorar la administración tributaria o cambios en el sector minero. “En el sector minero hay ganancias muy grandes por un precio del cobre muy alto. Podemos tener una mejor forma de compartir eso entre Estado y empresa privada”, le escuché decir a Francke en el canal online de la agencia oficial Andina.
Todo suena bien, pero, mis Tribus, cómo podemos confiar en un gobierno que en 60 días que tiene en funciones no ha sido capaz de dar una sola señal clara y coherente sobre el rumbo del país. Desde la conformación de un gabinete con personajes con graves cargos y cuestionamientos, o con poca o nula experiencia en gestión pública, hasta la reciente amenaza a la empresa Camisea de nacionalizarla si no negocia bajo sus condiciones un “nuevo reparto de sus utilidades a favor del Estado”.
No hay peor mensaje para ahuyentar a la inversión privada. Y no ha sido el único y todo hace indicar que no será el último. Las contradicciones y el autosabotaje han sido una constante en Palacio; decir una cosa y hacer otra lo único que ha generado es mayor incertidumbre y agravar la sensación de caos y desgobierno en el país.
¿Cómo darle facultades a un régimen así? ¿Cómo podemos creerle a Francke que busca un sistema tributario más funcional y justo si él mismo sale y asegura que una asamblea constituyente no está en la agenda del gobierno, pero hay miembros del mismo gabinete que hacen campaña públicamente por un cambio de Constitución y el presidente Castillo no dice nada y no da señales de querer enmendar el rumbo de su gestión?
La delegación de facultades legislativas está prevista en el artículo 104 de la Constitución. En el proyecto de ley con la solicitud, el gobierno debe precisar y sustentar las materias en las que emitirá leyes y los plazos (días hábiles) para hacerlo. Ese proyecto se debate en las comisiones correspondientes del Congreso y luego pasa al Pleno. Este proceso puede durar un mes aproximadamente.
Las facultades legislativas no son un cheque en blanco, porque luego el gobierno tendrá que rendir cuentas al propio Congreso para que analice si las normas emitidas han excedido las facultades otorgadas. De ser el caso, el mismo Legislativo las deroga y las deja sin efecto.
¿Cómo está el ánimo del Congreso?
Bueno mis Tribus, por lo que me he podido enterar, hay al menos seis bancadas (Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Acción Popular, Podemos Perú y Avanza País) que tienen reparos en aceptar la solicitud del Ejecutivo. Las dudas son legítimas ante la incertidumbre que genera el gobierno, sobre todo tras la amenaza de nacionalizar Camisea.
Si el proyecto de facultades no está bien sustentado y los ministros de los sectores implicados no explican con claridad qué pretenden hacer, es muy complicado que el gobierno logre los votos para aprobar el pedido de facultades.
En materia tributaria las sospechas son más fuertes aún, porque, hasta donde se sabe, la estrategia del Ejecutivo se centra en subir impuestos para financiar el fuerte gasto fiscal anunciado (S/ 41.000 millones para inversión pública en 2022), en lugar de buscar que más personas y empresas paguen impuestos (que implica hacer atractiva la formalización) y reactivar la inversión privada, que es la que tributa y genera empleos formales.