Una de los puntos centrales del gobierno del presidente Castillo es la agricultura y sobre todo la rural. Lo prometió en su campaña, así como en su primer mensaje a la Nación. Y no olvidemos que el impresentable de su primer ministro, Guido Bellido, en su discurso de investidura ante el Congreso el 26 de agosto, también sostuvo lo mismo.
Todo este plan para desarrollar la agricultura, tanto en su tecnificación, industrialización y capacitación; así como en los grandes proyectos de riego y/o de irrigación le han puesto el nombre de II Reforma Agraria. Un nombre que pega, y sí que pega, pero que también hace recordar etapas nefastas por las consecuencias económicas, sociales y políticas que trajo la Reforma Agraria aplicada en 1968 por la dictadura militar.
En el tema social, algunos dicen que la reforma agraria fue lo que evitó que el grupo terrorista Sendero Luminoso logre alcanzar el poder, debido a que hizo propietarios a muchos campesinos. Sin embargo, otros sostienen que, al ver el fracaso de la implementación de esa reforma, y los resultados que comenzaron a notarse, se dio espacio para una lucha campesina. Aquí, no tocaremos eso, lo dejamos para otra nota.
Pero de lo que sí vamos a hablar es lo que muestra la gráfica N°1. El gobierno desea cambiar esa situación. ¡Se supone! Es la realidad de la producción agrícola, por departamento, en el 2020. Como se da en muchas otras situaciones, hay una gran diferencia de Lima con muchos departamentos o las zonas costeras con respecto a las zonas de la sierra y selva. De todo lo que produce Lima, el 15% es agrícola. Pero, en Huancavelica esa cifra es de solo un 1%.
Buenos pues. El gobierno se puso las pilas y empezando setiembre, le presentó al Congreso un plan de nueve ejes que, como dijimos, son las bases de esta II Reforma Agraria. El día jueves 23 de setiembre, se publicó en El Peruano la aprobación del grupo de trabajo que implementará esta reforma. Son 18 miembros, de los cuales 12 son funcionarios públicos (viceministros y directores generales), dos son de sindicatos agrarios, representante de las rondas campesinas, uno de la junta nacional de usuarios de riesgo y dos agrupaciones sociales (OMAMIAP y FEMUCARINAP).
¿Cuál es el objetivo de este grupo de trabajo? El construir una política agrícola descentralizada para beneficio de los millones de agricultores. También tiene la misión de contribuir a la reactivación económica, así como de fortalecer procesos en formular políticas nacionales para el sector agrario. Y que lo central será la gestión de los recursos hídricos, como la construcción de reservorios y los grandes proyectos de irrigación. Todo eso lo debe hacer antes del 31 de diciembre próximo,.
Según el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, lo que los mueve es tecnificar e industrializar el agro para el beneficio de las unidades familiares de producción. Esto se hará movilizando y capacitando a los productores. Recordemos que una característica del agro peruano, que se da sobre todo en la sierra, es que en su estructura productiva predomina el colectivismo y la reciprocidad. Al igual que antes, en otro artículo te explicaremos qué implican estas dos características.
Los del gobierno han dicho claramente que no se aplicarán las mismas políticas que el gobierno militar aplicó. Es decir, la expropiación de tierras está completamente descartada. Eso suena bien, ¿no? ¡Ay sí! El problema es que la fecha en la que lanzarán esta segunda reforma es el 3 de octubre, fecha en la que se cumplirá 53 años del golpe militar de Velasco, el cual, poco menos de un año después, dio inicio a la primera reforma agraria. ¡Ay no!
Sin embargo, lo anterior no es lo más relevante. Es una fecha simbólica al igual que el nombre de este plan de desarrollo agrícola. ¡No te molestes! Ya sabemos que a tus abuelos les quitaron tierras y fue un desastre económico la primera reforma, pero ya pues… ellos ganaron las elecciones. Lo que sí debe llamar la atención y preocupar es que en el párrafo donde te contamos los integrantes, no solo no aparecen importantes instituciones que dependen del sector agrícola como el SENASA y el INIA, sino que el sector privado tampoco existe para ellos.
¡Vamos pues! O sea, como ya lo hemos dicho antes. La ISI (izquierda soberbia e incoherente) no puede tomar decisiones sin ver la realidad. El sector privado en la agricultura ha desarrollado, mediante leyes dadas por el Estado, las agroexportaciones. En el 2019, llegaron a ser de US$7,000 millones. Además, el sector privado también desarrolló Sierra Productiva, donde hay logros en lo productivo, económico y social. ¿El gobierno no desea escuchar esas experiencias? ¿Por qué se cierra? No estamos para inventar la rueda.
Actualización del artículo. Cuatro días después de emitirse la resolución de conformación del grupo de trabajo para la segunda reforma agraria, y a las horas de publicarse este artículo, el Midagri anunció que “invitamos a todos los gremios a participar” en el mencionado grupo de trabajo y que la reforma agraria “no implica bajo ninguna forma, la afectación de derechos de propiedad privada”. ¡Qué bueno! Aunque no fue por iniciativa propia, sino ante la avalancha de críticas recibidas.