La Contraloría, una entidad que se encarga de revisar que no haya corrupción en el estado, en el año 2019 realizó una auditoría al contrato del tramo 5 de la Interoceánica Sur que abarca el departamento de Puno, donde se realizó 3 observaciones.
La primera observación fue la generación de ampliaciones de plazo y mayores pagos por S/ 2 508 392 en la ejecución de la segunda calzada (paralela a la existente) de la autopista Puno – Juliaca de 50km. Al iniciar su ejecución se incumplieron normas, no se contaba con la certificación ambiental, se evidenció que la autopista afectaba el Qhapaq Ñan, el MTC no cumplió con la entrega de terrenos. Hasta ahora la obra no está concluida.
La segunda observación fue que el MCT aprobó el costo directo del presupuesto en dólares cuando debió ser en soles generando que el estado asuma mayores pagos de S/ 34 074 668.
La última observación se da por aceptar y aprobar un estudio de ingeniería que no cumple con lo estipulado en el manual de diseño geométrico de carreteras, y esto afecta la comodidad de los usuarios, el agrado visual y, lo más importante, la seguridad. Esto generó sobrecostos de 377 508 dólares.
Las 3 observaciones suman un perjuicio económico de cerca de S/ 38 millones. La auditoría de cumplimiento determinó que 13 funcionarios están implicados en estos actos de corrupción ya que no protegieron adecuadamente los intereses del Estado y por tanto dispuso que se tomen acciones legales contra los funcionarios involucrados. Cabe destacar que varios de estos funcionarios ya están siendo investigados por presuntos actos de corrupción e incluso colusión en otras obras como el tramo 2, 3 y 4, en la línea 1 del Metro de Lima y en proyectos de mejoramiento de vías.
Este es solo un ejemplo de los tantos que perjudican económicamente al Perú por culpa de malos funcionarios que solo piensan en sus intereses. Amigo peruano, ¿quieres que sigan malgastando nuestro dinero? Imagino que no. Por eso debes analizar bien a los candidatos en las próximas elecciones y el Estado peruano debe contratar a personas íntegras, con ética y valores para que defiendan nuestros intereses. No se puede seguir tolerando esto, ya que con ese dinero se pudo haber construido hospitales, escuelas u otras obras que generen puestos de trabajo que tantos peruanos necesitan para sostener sus hogares.