Como hemos explicado en informes anteriores, la falta de inversión es una de las causales del por qué existen brechas en el Perú. La inversión pública, a diferencia de la privada, es la que menos ha crecido en los últimos años. Desde el 2013 presenta una tendencia a decrecer, aunque claro, el gasto público sí crece constantemente. La inversión pública es importante dado que está enfocada en cubrir necesidades o servicios básicos. El Estado, en todos sus niveles, posee recursos, pero tiene severos problemas al formular y ejecutar los planes de inversión pública.
Miremos la región Loreto. Con información del portal InfObras, de la Contraloría General de la República (CGR), sabemos que existen más de 26 proyectos paralizados o sin ejecutar relacionados a la inversión en agua potable, por un monto que asciende a S/234 millones. El caso particular es el de la creación de los servicios de agua potable y saneamiento de la nueva ciudad de Belén – Varillalito, distrito de San Juan Bautista en la provincia de Maynas. El plan en sí era una nueva habilitación urbana. La población de la Zona Baja de Belén sería trasladada a esta nueva ciudad. Se calculaba beneficiar a un total de 15,927 personas.
El proyecto consistía en construir infraestructura de agua potable, de alcantarillado sanitario, de tratamiento de aguas residuales, mejorar la gestión de la EPS Sedaloreto y talleres de capacitación y sensibilización en el manejo del agua para la población. La obra tenía un costo de S/83 millones y debía ejecutarse en un plazo de dos años y tres meses. Sin embargo, aunque el proyecto fue declarado viable en el 2015, seis años después no existe la infraestructura ofrecida. El responsable del proyecto es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Según el desactivado Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la necesidad de traslado de las personas del Bajo Belén al Nuevo Belén en Varillalito se sustentaba en temas de salubridad y por condiciones inundables de la zona. En el primer caso, las condiciones para brindar servicios de salud a sus pobladores eran precarios. La segunda razón era que la zona estaba expuesta a riesgo grave de inundación, por lo que invertir en soluciones integrales de agua potable y saneamiento era costoso e insostenible.
Además, existía la Ley N°29864 (Ley de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable) que imposibilitaba la inversión en zonas críticas o de alto riesgo. Adicional a esta ley, también existe la Ley N°30291, por la cual se declaraba en emergencia a esta población y la necesidad de reubicarlos. Esta ley es la que le da al MVCS y no a los gobiernos locales, la responsabilidad de ejecutar el proyecto. La gráfica N°1 muestra la situación de los proyectos bajo su administración.
“Ok, chévere con la explicación, pero lo que queremos saber es por qué michi no se ha ejecutado la obra”. Esta obra que hemos tocado acá no es individual. Viene con yapa. La otra es «Creación de los servicios de viabilidad de la nueva ciudad de Belén – Varillalito», por un monto de S/74 millones. Ambas obras se complementan. En diciembre 2019 se convoca a la licitación del expediente técnico para la habilitación urbana para reubicar a la población. En noviembre 2020, un año después, gana la licitación el consorcio RIPCHICHANG (conformado por las empresas Ripconciv Construcciones Civiles CIA LTDA, sucursal Perú; China Camac Engineering Co. LTD, sucursal Perú y Changjian Institute of Survey, Planing, Design and Research, sucursal Perú).
Pero ¿qué creen? El proceso lo declaran nulo. Obviamente el consorcio piteó, pero lo terminaron choteando en abril de este 2021. Como va tener avance en ejecutarse si no existe empresa encargada del proyecto. ¡¡¡Jamás pess!!! El problema es que una cantidad de personas, más de 1,200, ya viven en el Nuevo Belén, pero sin un sistema adecuado de agua potable y alcantarillado.
¿Qué propuestas tienen los candidatos en segunda vuelta? Perú Libre, en su reciente plan se propone aumentar la construcción de obras, a través de mayor inversión pública, para crear puestos de trabajo. Sin embargo, la construcción de proyectos de infraestructura sin priorización y objetivos concretos no garantiza la continuidad de las obras ni mucho menos la reducción de las brechas de acceso a servicios públicos.
En el caso de Fuerza Popular, se plantea que la inversión en infraestructura debe ser manejada por entidades ejecutoras y programas especializados. Formar acuerdos estratégicos entre los tres niveles de gobierno, y entre regiones, llamado “Contratos Plan Intergubernamentales”, para promover la ejecución de obras de infraestructura.
¿Hasta cuándo los ciudadanos de las regiones tendrán que esperar para acceder a servicios de agua potable y alcantarillado? Lo que debía terminarse en poco más de dos años y beneficiar a 16 mil personas, tiene un 0% de avance. Es la falta de inversión pública, a nivel nacional, regional y local, una de las causales del por qué existen brechas en el Perú. Aunque se tengan recursos, sin gestión y adecuada formulación no se podrá reducir ese déficit.