En su primer mensaje a la Nación, marcado por la ambigüedad y las contradicciones, el presidente Pedro Castillo hizo un anuncio que por lo menos genera inquietud, al expresar su intención de “expandir el sistema de las rondas campesinas” en Lima, para que se sumen a la lucha contra la inseguridad ciudadana.
«Estas rondas se conformarán a imagen de las rondas campesinas en los lugares donde no existen en los niveles regional y locales», agregó el mandatario, al adelantar que se otorgará un nuevo presupuesto para dotar de logística a las rondas para que puedan desempeñar su labor.
Así, Castillo recogió uno de los reclamos que le hicieron las rondas luego del apoyo que le dieron a su candidatura. Estos grupos han cumplido un rol crucial en la defensa de la democracia del país y la integridad de los peruanos, por su lucha frontal contra Sendero Luminoso y el MRTA en zonas rurales, en los años más duros del terrorismo, y su legitimidad, al ser reconocidas en la Ley N° 27933-2003, es un reflejo de ello.
Pero de ahí a replicar el modelo de rondas a un área urbana no parece ser tan sencillo como cree Luis Bocanegra, secretario nacional de fiscalización de las rondas campesinas de Cajamarca y promotor de esta iniciativa, para lo cual han presentado al presidente una iniciativa legislativa para incluir las rondas urbanas en la Ley N° 27908 – Ley de Rondas Campesinas.
¿Es viable, adecuado?
Primero hay que preguntarse si las rondas campesinas son el mecanismo adecuado para combatir el crimen en un espacio urbano. Ello de por sí implicaría un costo económico, político y social bastante discutible, porque los ronderos necesitan no solo preparación y entrenamiento que no tienen, sino también un marco normativo claro, sino esa supuesta solución termina siendo un problema mayor que el se busca combatir.
Además, el anuncio de Castillo no deja de ser inquietante, porque abre la posibilidad de que estos grupos afines al gobierno de Perú Libre terminen siendo una fuerza de choque política para hostigar a opositores, so pretexto de luchar contra los robos callejeros. Y en el peor de los casos, que se conviertan en un brazo armado ilegal del poder de turno, como ocurre en los regímenes autoritarios de Venezuela y Cuba, por ejemplo.
Los riesgos son muchos, y los beneficios no están claros. De hecho, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró que la inclusión de rondas urbanas para apoyar la guerra contra la criminalidad puede desnaturalizar la seguridad pública, que está a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
“Preocupa el tema de los ronderos. Eso de crear espacios para ronderos en aquellos donde no haya ronderos, hoy en día, puede generar la creación de ejércitos particulares, fuerzas particulares que luego terminan desnaturalizando la seguridad”, dijo el burgomaestre.
En cambio, agregó Muñoz, se debería mejorar y reforzar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en lugar de crear “instituciones paralelas” con los riesgos que ello implica. Esto pasa por dotar de mejor preparación y equipamiento a la Policía, de recuperar y volver a hacer atractiva esta institución para tener nueva generación de jóvenes policías bien preparados y pagados que inspiren seguridad, confianza y liderazgo.