Era cuestión de tiempo para que el gobierno de Pedro Castillo insista en cambiar la política antidrogas en el país. El primer intento fue con Luis Barranzuela en el Ministerio del Interior, pero ante su salida, Ricardo Soberón, el actual jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), ha retomado el tema.
La semana pasada, el jueves 17 de febrero para ser más precisos, Soberón –un conocido prococalero que fue designado en Devida durante la gestión de Mirtha Vásquez en la PCM– selló un polémico acuerdo con los cocaleros del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), reveló El Comercio.
Este acuerdo, bautizado con el pomposo nombre de “pacto social ciudadano”, implica que el gobierno de permita que los cocaleros reduzcan de forma voluntaria sus cultivos ilegales de hoja de coca, que son vendidos casi en su totalidad al narcotráfico.
El pacto fue expuesto por el propio Soberón ante representantes de la Federación de Productores Agrarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae), organización que no solo se opone a la erradicación; también busca desactivar la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) y expulsar a la Usaid, agencia estadounidense que financia los programas de desarrollo alternativo en Perú.
“Hay un sistema contra la coca, el Estado que ha recibido el presidente [Castillo] es anticoca, pero él ha venido y ha señalado el compromiso que tiene”, dijo Soberón en el evento con la Fepavrae, realizado en Kimbiri, distrito de la región Cusco.
Precisamente, una de las claves del acuerdo es la desaparición de Enaco. En una radio local, el titular de Devida se refirió explícitamente a este tema. “Si queremos liquidar Enaco, se nos abre dos posibilidades: pedimos facultades legislativas para reformar este paquete y mejorar la lucha contra el narcotráfico o presentamos un proyecto de ley y que el Congreso se encargue de producirlo”, remarcó.
Soberón destacó además el apoyo del congresista Guillermo Bermejo, quien ya presentó un proyecto de ley para supuestamente industrializar la hoja de coca, pero que en el fondo busca legalizar los cultivos que van al narcotráfico, similar a la Ley General de la Coca que Evo Morales creó durante su mandato en Bolivia.
Y por esas coincidencias, la Fepavrae ha dicho que trabajará con el legislador “Bermejo y el expresidente Evo Morales en defensa de la coca y de la soberanía nacional”, mientras que Soberón destaca la “voluntad” de los cocaleros para reducir sus cultivos. Incluso dijo que con este plan de autoerradicación se reducirá de 27.000 a 26.000 hectáreas de cocales solo en el Vraem, a finales de este año.
Pero lo cierto es que expertos alertan que este giro en la política antidrogas es inviable, porque beneficia al narcotráfico, que financia al terrorismo y el crimen organizado en las ciudades, y nos pone en la ruta hacia un narcoestado.
“El mensaje desde Devida es claro: siembra coca, nadie te erradicará porque será legal. Si quieres, te podrías autoerradicar. El narcotráfico genera corrupción, crimen organizado, ¿también normalizaremos esto?”, dijo Rubén Vargas, exministro del Interior.
Pedro Yaranga recordó que la llamada autoerradicación nunca ha funcionado. “Además persistirá en la industrialización de la coca y liberará su precio al mejor postor. Aunque es directo favorecimiento al narcotráfico”, apuntó el analista en temas de terrorismo y tráfico de drogas.