(*) Por Inés Marrache
La salud de los peruanos ha estado, en cierto modo, a la deriva por muchos años. Las consecuencias de esa desatención del Estado al sistema de salud se han visibilizado con crudeza en el último año, mientras batallábamos contra la COVID-19.
En el sector salud hay mucho que hacer, y la agenda del próximo gobierno va a estar marcada, sin duda, por los esfuerzos por controlar la pandemia, pero no solo eso. El bicentenario es la excusa perfecta para que de una vez por todas se asuman medidas y reformas que hagan que la Salud de todos llegue a buen puerto.
Aunque aún no es oficial, todo apunta a que Pedro Castillo, de Perú Libre, se hará del sillón presidencial en los próximos cinco años, y con ello deberá asumir una serie de retos. En salud, el plan de gobierno de Perú Libre presentó una serie de propuestas sectoriales, pero omitió las relacionadas al control de la pandemia, lo que se ha tratado de enmendar durante los debates, en entrevistas o en “planes” posteriores.
Habiendo tantas ideas sobre la mesa, toca escoger el trigo de entre la paja y analizar qué medidas pueden ser mejores y más necesarias.
¿Qué ruta no debemos tomar?
En la lucha contra el COVID:
- Perder el ritmo de vacunación o la capacidad para conseguir las vacunas
En un momento de la campaña, Pedro Castillo señaló que se vacunará a toda la población mayor de 18 años hasta el 31 de diciembre de 2021. Esta propuesta, aunque bien intencionada, es bastante ambiciosa. A fines de junio se ha vacunado a poco más de 3 millones de peruanos, y la población mayor de 18 años por vacunar alcanza los 23 millones.
Si bien el proceso ha venido progresando de manera significativa, al punto que el último mes se inoculó -con dosis completas- a 1.7 millones de personas, para alcanzar la meta propuesta, se tendría que vacunar a 3.3 millones de peruanos por mes, es decir, más de 100 mil personas diarias, lo que implicaría duplicar el actual ritmo. ¿Será posible?
Para que ello ocurra, además, hace falta garantizar la disponibilidad de vacunas. El nuevo gobierno deberá supervisar que la llegada de las vacunas comprometidas (hasta la fecha, 60 millones) no se interrumpa por trámites ni procesos; además, deberá continuar adquiriendo más vacunas de las ya comprometidas, y asegurar una distribución adecuada -en términos de logística y personal- para garantizar el acceso en las ciudades con más bajo ratio de vacunación (principalmente en la selva y sierra).
Al respecto, Perú Libre presentó días antes de la segunda vuelta, un plan que incluye entre otras medidas contra la pandemia, la conformación de un equipo de negociación internacional para la compra de vacunas contra la COVID-19 que garantice una mayor cantidad de vacunas adquiridas en el menor tiempo posible. Esperamos que ello se concrete y se convoque a expertos de nivel que hagan posible asegurar el volumen de vacunas para cubrir a toda la población, más allá de las preferencias ideológicas.
- Dejar de desarrollar infraestructura para atender la pandemia.
Mientas que en el Plan 200 -presentado en mayo-, Castillo le encargaba principalmente el desarrollo de plantas de oxígeno al sector privado, cuyas capacidades no eran suficientes para cubrir las necesidades de la población; en el debate de la segunda vuelta y en el plan de inicios de junio, plantea más bien centrar esfuerzos en el sector público, ofreciendo implementar mil camas UCI, reestructurar hospitales COVID-19 para duplicar la oferta de camas de hospitalización con dispositivos de oxigenoterapia, e implementar las Casas Respira o Centros de Oxigenoterapia Distritales.
Ante la poca claridad de propuestas al respecto, es fundamental no perder de vista la necesidad de continuar con el despliegue de infraestructura y equipamiento, de modo que el sistema de salud se encuentre en capacidad de afrontar una nueva ola, y se asegure la adecuada atención de quienes presenten complicaciones a causa del COVID-19. Eso significa, en simple, seguir implementando plantas de oxígeno y adquiriendo camas UCI.
En el sector Salud:
- Incrementar el presupuesto sin mejorar la gestión:
El presupuesto asignado a Salud en el país se ha incrementado de forma constante en los últimos años, sobre todo ante la pandemia, al superar los 22 mil millones de soles en 2020. Sin embargo, más recursos no se han traducido en una mejor atención en salud, lo que pone en evidencia que no solo depende del dinero, sino de reformas que promuevan y prioricen la prevención y la atención de calidad, así como de mejoras en la gestión de los recursos del sector.
Al respecto, el plan de Perú Libre establece la necesidad de incrementar el presupuesto al 10% del PBI, es decir, más de 72 mil millones de soles, lo cual resulta inviable tal como está propuesta. Además de que ello implica reducir significativamente lo asignado a otros sectores, toca preguntarse ¿de dónde sacaremos todo ese dinero? Según los investigadores Matus-López, Prieto y Cid, solo destinar el 6% del PBI peruano en salud parece muy complicado. De acuerdo a su estudio, ese porcentaje es muy ambicioso y requeriría no solo de ampliar la recaudación tributaria, sino también de reducir la informalidad.
Aún si se dieran esos esfuerzos, ¿serviría realmente el aumento? Sobran razones para pensar que no. A pesar del incremento constante en el sector, los servicios públicos de salud han seguido siendo muy precarios, poco oportunos y de baja calidad. A ello debe sumarse todo lo que se pierde por corrupción.
De acuerdo a la Contraloría General de la República, en el 2019, el sector Salud perdió 16.2% del presupuesto ejecutado (el segundo con mayor pérdida después de transportes y comunicaciones) en corrupción. Con ese dinero perdido -más de mil millones de soles-, precisa la autoridad, se hubieran podido construir 230 centros de salud, lo que equivaldría a cubrir el 83% de la brecha del primer nivel de atención, según data del propio Ministerio de Salud.
- “Castigar” la oferta privada de salud
Dentro del plan de gobierno de Perú Libre se plantea crear una “ley de Salud que impida la concentración y el monopolio” en el sector salud, partiendo de una serie de falacias como que ocho empresas privadas están tomando control de la salud pública, que el Estado asume gastos sobrevaluados por el sector privado, o que se ha favorecido a monopolios de la salud en lugar de construirse nuevos hospitales.
Un gobierno serio no puede tomar decisiones relevantes para un sector priorizando la ideología y omitiendo la evidencia. Así, es fundamental recordar que más del 95% de la atención en saluda de los peruanos está en manos del Estado. Solo un pequeño porcentaje se atiende con el sector privado, cuya participación en la salud es complementaria, pues brinda servicios a aquellos que se encuentran en capacidad de pagarlos y libera de carga al sector público. Así, bajo la estructura de nuestro sistema de salud, es imposible que este “tome control” de los servicios públicos de salud, y menos aún, que limite el desarrollo de infraestructura estatal.
Si en lugar de aunar esfuerzos para ampliar el alcance y calidad del servicio público, tal como ocurre en muchos países del mundo, se le da al emprendimiento en salud un rol antagónico, nos negamos como país la posibilidad de mejorar la atención en salud que reciben los peruanos.
- Regulación de precios de medicamentos
La fijación de precios de medicamentos ha sido una de las principales banderas populistas de este Congreso desde el inicio de la pandemia, y en paralelo, muchas fueron las voces que se alzaron para remarcar los posibles daños que una medida de ese tipo ocasionaría: menos medicamentos disponibles (porque habrían menos empresas en capacidad de producirlos a los costos fijados), mercados negros en donde se venderían muy por encima del actual costo, y riesgo de consumir medicamentos inseguros (elaborados sin supervisión y al margen de la ley, aprovechando la necesidad de la población).
A pesar de las advertencias, el último plan presentado por el partido de Castillo apunta a “supervisar y monitorear los precios regulados de productos de primera necesidad para la COVID-19”. Y aunque el plan solo habla de tratamiento para la COVID-19, ello daría pie a que se extienda posteriormente a otros medicamentos, o incluso de otros productos. Además, vale notar que la propuesta habla no solo de regulación de precios (perjudicando a productores/laboratorios y pacientes), sino también de supervisión -que siempre viene acompañada de sanción-, lo que afectaría también a boticas y farmacias, y con ello a los pacientes, muchos de los cuales compran allí sus medicamentos, al no recibirlos del sistema público de salud como correspondería.
¿Qué ruta nos llevará a buen puerto?
Después de lo que hemos revisado, parece claro, entonces, que en cuanto a lucha contra la COVID debemos asegurar la cantidad de vacunas para llegar a toda la población y no bajar el ritmo inmunización que venimos llevando, así como seguir desarrollando capacidad instalada (plantas de oxígeno y camas UCI) para atender a los pacientes que lo requieran.
Del lado de las reformas del sistema de salud, aunque hay muchas, creemos que entre las más estructurales e importantes tenemos:
- Integrar el sistema público de salud (hoy compuesto por el SIS, Essalud y las Sanidades de Fuerzas Armadas y Policía), plan al que parece Perú Libre podría alinearse.
- Fortalecer el primer nivel de atención, para descongestionar los grandes hospitales y que estos puedan atender enfermedades más complejas. Parece que Perú Libre también se sumaría a esta causa, ya que dentro de su plan incluyó “Implementar 4.000 centros de atención primaria con profesionales de salud, infraestructura y recursos de salud suficientes”, y la idea de médicos familiares.
- Mejorar la gestión en salud, por medio de un gasto eficiente de los recursos y el desarrollo de indicadores de desempeño e incentivo al personal. También, incluyendo el uso de tecnología que permita transparentar la gestión y reducir la corrupción. Finalmente, sumando los esfuerzos privados en la provisión de los servicios de salud.
- Pasar de un sistema de salud que cura a uno que previene la enfermedad y mantiene la salud de su población. Perú Libre habla en su plan de gobierno de algunas medidas preventivas en salud odontológica y psicológica, haría falta ampliar esa visión a todo el sistema.
- Acceso a medicamentos de calidad para todos. Eso pasa por permitir el ingreso de más medicamentos al país -y no impedir la importación-, así como de que las autoridades exijan niveles de calidad óptimos a los medicamentos genéricos que se distribuyen en establecimientos de salud públicos y privados.
(*) Inés Marrache es investigadora en temas Salud y jefa institucional de la Asociación de Contribuyentes del Perú.