El Ministerio Público le quitó las competencias a la fiscal antiterrorismo Eneida Aguilar Solórzano en la selva central y el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una zona donde opera la columna senderista de los Quispe Palomino.
La magistrada Aguilar le abrió investigación al jefe de gabinete, Guido Bellido, y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, precisamente por sus presuntos vínculos con los Quispe Palomino en el Vraem. También investigó por terrorismo en el 2015 a Guillermo Bermejo, hoy congresista oficialista, que afronta un nuevo juicio por este delito.
La resolución publicada el jueves en el diario oficial “El Peruano” resolvió trasladar las competencias de la fiscal Eneida Aguilar a la Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Terrorismo en Junín.
¿Qué significa eso? Que la carga procesal que le corresponde al distrito fiscal de la selva central será remitida a Junín, territorio de Cerrón y Perú Libre. ¿Y las consecuencias? “Se van a perjudicar y paralizar varios procesos”, señala Pedro Yaranga, analista en asuntos de narcotráfico y terrorismo.
Es un despropósito
Eneida Aguilar es una de las pocas fiscales especializadas en temas de terrorismo y de las más comprometidas con su lucha que hay en el Ministerio Público, por lo que la medida es una pésima señal. “Es una situación extraña que algunas investigaciones pasen a Junín. No le veo sentido. No es una decisión oportuna”, dijo en El Comercio el exdirector de la Dircote José Baella.
Pero para no hacer mucho roche, en la resolución que le quita competencia en el Vraem a la fiscal Eneida Aguilar se indica que esta seguirá a cargo de “la Carpeta N° 033-2021” .Este es el expediente que corresponde a Bellido, Cerrón y otros.
Así, la fiscal continuará investigando, de momento, a estos personajes por sus vínculos con senderistas en el Vraem. Este caso incluye a Álex Pimentel, hombre de confianza de Cerrón detenido en el 2018 por la Dirección Policial contra el Terrorismo (Dircote), debido a sus vínculos con los Quispe Palomino.
La fiscal Aguilar también seguirá al frente del caso referido a la matanza del Vizcatán del Ene, ocurrida el pasado 23 de mayo, semanas antes de la segunda vuelta, cuando 16 personas –entre ellas menores de edad– fueron asesinadas por una columna del Militarizado Partido Comunista del Perú, conformado por remanentes de Sendero en alianza con el narcotráfico.