El ajustado triunfo electoral de Pedro Castillo en la segunda vuelta de junio, en medio de denuncias de fraude que finalmente no se pudieron probar y una polarización nunca antes vista en el Perú, trajo consigo altas expectativas de cambio en los sectores de la población que apoyaron al profesor cajamarquino, quien logró capitalizar, con un discurso populista y radical, el fuerte descontento social por la crisis sanitaria y el mal manejo de la pandemia que puso en evidencia, otra vez, las grandes brechas sociales que hay en el país, pese a 20 años de crecimiento económico, debido a malas gestiones públicas de las autoridades de turno, marcadas por la ineficiencia y la corrupción.
Pero la desilusión con el nuevo gobierno no tardó en llegar. Más temprano que tarde, Pedro Castillo evidenció que era más de lo mismo; que era todo lo que decía que iba a combatir. El inicio de su gestión fue una extensión de su campaña: populismo, improvisación, marchas y contramarchas. Todo ello agravó la incertidumbre política y la inestabilidad económica en un contexto de crisis que golpeó sobre todo a los más vulnerables.
Una evidencia del rápido desencanto fue que, cuando tenía apenas 15 días en el poder, Castillo ya recogía más rechazo que aprobación: un estudio de Ipsos mostró que un 45% de peruanos desaprobaba su gestión en ese momento, frente a un 38% que la aprobaba, según un estudio de Ipsos. Tras cuatro meses en el poder, su desaprobación llegó a 58%, el pico más alto desde que inició su gestión, y su aprobación bajó a 36%. En octubre tuvo 48% de desaprobación y en septiembre 46%.
A esto se suma que el 56% de peruanos percibe que el Perú ha retrocedido, de acuerdo con otro sondeo de la misma encuestadora. Es la cifra más alta desde 1991, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.
Copamiento y repartija
Cuando era candidato, Castillo repetía que en su gobierno no habría repartijas porque él no le debía nada a nadie, pero la primera señal de que el presidente era más de lo mismo se dio apenas se instaló en Palacio, cuando buscó copar el Estado con personas afines a sus intereses y a los de su partido, que no eran los mismos, aunque coincidían en algunos puntos.
Por ello empezó a repartir cargos entre la gente de Perú Libre o que era cercana a Vladimir Cerrón, dueño de este partido que no pudo postular por no tener una sentencia judicial firme por corrupción, o entre personas de las facciones radicales del magisterio que apoyaron su candidatura. Es decir, Castillo empezó a pagar favores políticos, a la vieja usanza.
Por ejemplo, el mandatario designó a María Tarazona Alvino como viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), con un sueldo de S/ 15,866. Ella fue la coordinadora de su campaña en Huánuco.
También colocó a William Contreras Chávez como viceministro de Prestaciones Sociales del Midis. Contreras es amigo de la titular del sector y vicepresidenta, Dina Boluarte, y fue uno de los abogados de Perú Libre ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la segunda vuelta.
O a Franco Pomalaya Neyra, denunciado por agredir a una periodista durante un evento de Castillo en Comas, quien fue contratado por S/ 34,000 para el servicio de asistencia para la redacción y revisión de contenidos en redes sociales en el Despacho Presidencial.
Está el caso también de Julián Palacín hijo, militante de Perú Libre y abogado de 42 años, que fue colocado como presidente de Indecopi sin tener el perfil técnico ni la experiencia que ese cargo requiere, y cuyos vínculos políticos con un partido de postura claramente antiempresa pone un riesgo el manejo de la institución.
“La hipótesis más verosímil es que Perú Libre no quiere funcionarios capaces, requiere monigotes. Las marionetas no tienen voluntad propia, responden al designio del titiritero. Y si el titiritero tiene vocación de autócrata, le conviene llenar el tablado estatal con personajes sin mérito propio, y cuyo arribo y permanencia en el puesto se deba únicamente a su lealtad partidaria”.
Andrés Calderón, analista político y profesor universitario.
Nombramientos cuestionados y fallidos
Esto fue otra marca registrada de la gestión de Pedro Castillo. A poco más de una semana de haber asumido el poder, el gobierno acumuló 26 nombramientos cuestionados de 54 que hizo en total. Casi la mitad. De esas 26 designaciones cuestionadas, tres quedaron sin efecto y dos de estas lo hicieron a tan solo 24 horas de haberse dado el nombramiento. Todos tenían denuncias, investigaciones administrativas y fiscales, o no cumplían los requisitos mínimos para estar en el cargo asignado.
De hecho, en el primer gabinete de Castillo, había hasta nueve ministros, incluido el entonces premier Guido Bellido, con serios cuestionamientos. Por ello, en poco más de 100 días, el presidente tuvo que sacar a 10 ministros por diversos motivos, con lo que rompió todos los récords nacionales y sudamericanos, al cambiar a un ministro cada 11 días en promedio. Nunca antes en la historia del Perú un gobierno presentó esos niveles de inestabilidad política.
Por cartera, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el sector con la mayor cantidad de funcionarios cuestionados, empezando por el propio titular del MTC, Juan Silva. Lo grave es que se trata de un ministerio eminentemente técnico que maneja grandes presupuestos.
El caos es tal en el MTC, que los altos funcionarios nombrados por Silva duran apenas cinco semanas en sus cargos. Diez directores y jefes de esta cartera fueron retirados o renunciaron entre agosto y noviembre tras denuncias periodísticas.
Entre estos nombramientos fallidos resaltan Natali Jiménez (hija de un excandidato al Congreso por Perú Libre); Alberto Falla (fundador de una empresa de revisiones técnicas cerrada por emitir certificados falsos); y Doris Alzamora (denunciada por robos en supermercados)
En casi cinco meses de gestión, queda claro que el criterio del gobierno para la designación de funcionarios ha sido más político que técnico.
Zozobra e incertidumbre
Las contradicciones han sido otra constante en la gestión de Pedro Castillo, lo que ha hecho que aumente la incertidumbre, se afecte la confianza y que el gobierno pierda credibilidad. A esto se suma que el Ejecutivo no tiene un rumbo claro. El presidente dice una cosa y luego hace otra, y el problema de comunicación es transversal en el gobierno, porque afecta a casi todos los ministros.
Por ejemplo, cuando la premier Mirtha Vásquez acudió al Congreso a pedir el voto de confianza, y trató en dar una mensaje de calma y confianza, el mismo Castillo saboteó ese discurso: amenazó con nacionalizar el yacimiento de Camisea. En medio de la polémica y las críticas, el mandatario trató de rectificar y dijo que respetaría «la libertad de empresa». Hasta el titular de Economía, Pedro Francke, intentó “traducir” al jefe de Estado.
Luego, Mirtha Vásquez le hizo lo mismo a Pedro Castillo, porque el presidente intentó transmitir un mensaje de tranquilidad a los empresarios en la CADE, y un día después la premier anunció el cierre unilateral de cuatro minas en Ayacucho. Poco después, tuvo que salir el viceministro de Energía y Minas a decir que lo señalado por la jefa de gabinete «no es definitivo».
El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, se negó a responder las preguntas de la prensa y afirmó que solo declara a «los medios que no le hagan problemas», pero luego dijo que respeta la libertad de prensa.
“La falta de capacidad para comunicar fomenta desconfianza en el Gobierno, aún más desconfianza de la que ya había desde un inicio, porque nos da un diagnóstico sombrío respecto de las estructuras organizacionales del Ejecutivo. Es decir, no estamos ante pequeños desaciertos comunicacionales, sino que estamos ante un gobierno que no comunica bien porque realmente no tiene un camino claro».
Macarena Costa, politóloga.
Escándalos, falta de transparencia y corrupción
En estos casi cinco meses en el poder, casi todas las semanas había un nuevo escándalo o denuncia contra el gobierno, varias que involucran directamente al presidente Pedro Castillo o provocaron la salida de algún ministro o alto funcionario. Uno de los más sonados fue la fiesta que organizó a finales de octubre Luis Barranzuela cuando era titular del Interior, pese a las prohibiciones que su propio despacho había dado para este de reuniones sociales.
Luego vinieron las presiones indebidas en los ascensos de las FFAA del mismo mandatario y de dos de sus principales operadores, el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco y el exministro de Defensa, Walter Ayala, para tratar de beneficiar a militares allegados al jefe de Estado.
Ayala tuvo que dejar el gabinete por este caso y Pacheco cayó luego de que la fiscalía halló US$20 mil en efectivo escondidos en el baño de su oficina en Palacio, desde donde traficaba influencias. El hombre de confianza del presidente no ha podido explicar el origen de ese dinero y ha tratado de obstruir la investigación de la fiscalía.
Luego se supo que Pedro Castillo seguía usando la casa de Breña que le sirvió de búnker de campaña para reuniones clandestinas y a mitad de la noche con políticos, empresarios, proveedores del Estado y lobistas, con lo que no solo volvió a mostrar su desprecio por la transparencia y la rendición de cuentas, sino que además vulneró tres leyes y dos normas referidas a la gestión de intereses para evitar y prevenir actos ilícitos y de corrupción en la administración pública. La premier Mirtha Vásquez prometió que el presidente iba a entregar la lista de visitantes de Breña, pero hasta ahora ninguno cumplió.
Precisamente, los encuentros secretos en el pasaje Sarratea pueden ser el hilo de la madeja de la corrupción que ya empezó a brotar en el gobierno: hay al menos dos licitaciones muy sospechosas: el caso Puente Tarata, en el que Provías, entidad adscrita del MTC, adjudicó una obra de S/ 232 millones a un consorcio vinculado a Karelim López, la lobista que visitó varias veces Palacio para reunirse con Castillo y Pacheco mientras se realizaba el concurso público.
El otro caso es el de Petroperú, en el que se reveló que el presidente Castillo se reunió en su despacho el 18 de octubre con Hugo Chávez Arévalo, gerente general de la petrolera estatal, el empresario de biodiesel Samir Abudayeh y -otra vez- la lobista Karelim López. Tres días después, el 21 de octubre, Petroperú solicitó la compra de biodiesel, pero cambió las reglas del juego para eliminar a la competencia y que Abudayeh gane esa licitación por US$74 millones. Encima, el presidente Castillo obstruyó una diligencia del Ministerio Público en Palacio por este tema. La Presidencia lo trató de negar en un comunicado, pero el acta fiscal desmiente esa versión.
“La Fiscalía de la Nación dejó en claro en el Caso ‘Swing’, que afectó a Martín Vizcarra, que el presidente de la República sí puede ser investigado durante su mandato, pero no acusado (artículo 117 de la Constitución), lo que implica que no puede ser llevado a juicio ni sentenciado. Los presuntos casos de corrupción (…) del entorno presidencial dejan abierta la posibilidad de que Pedro Castillo sea imputado y eventualmente sometido a nuevas mociones de vacancia presidencial”.
Carlos Caro Coria, abogado penalista.
Así cierra este agitado 2021, con un presidente que se salvó de un primer intento de vacancia por seis votos en el Congreso, pero que insiste en no rendir cuentas ni dar explicaciones sobre los escándalos políticos ni las denuncias de corrupción en su gobierno, que se siguen acumulando y que amenazan con reavivar un nuevo proceso de destitución, más aún ahora que, al parecer, la lobista Karelim López está dispuesta a someterse a un proceso de colaboración de eficaz en el que podría entregar información comprometedora contra el jefe de Estado.