Estamos 10 de febrero. En cinco días se cumple un mes del desastre ecológico que la Refinería La Pampilla, propiedad de la empresa española Repsol, provocó en el mar de ventanilla. Recordemos que no fueron 7 barriles, tampoco 6,000. Fueron 11,900 barrilles de petróleo vertidos al mar. Más de 1.2 millones de metros cuadrados afectados o 44 kilómetros de litoral, porque la marea negra llegó desde Ventanilla hasta Chancay. Más la ineptitud y falta de iniciativa para actuar rápido ante tamaño desastre.
¿Qué ocasionó estos hechos? Que la ciudadanía marche indignada contra la empresa. No solo para que remedie su desastre, sino para que se retire del país. Al final, la OEFA le prohibió a La Pampilla tener operaciones de carga y descarga de hidrocarburos por vía marítima, lo que la ha tenido que afectar, dado que la empresa se abastece al 100% por buques petroleros.
La visita de un funcionario español
La semana pasada llegó a Lima un alto funcionario del gobierno español, Juan Fernández Trigo. Según declaraciones a El Comercio, la visita tenía la finalidad de “trasladar a las autoridades y a los peruanos el interés del gobierno ibérico por el desastre ecológico que daña el litoral de Lima”. Sin embargo, después se mandó en elogios con las acciones que la empresa Resol había hecho hasta ese momento. ¡Hasta ese momento, todo el mundo, consideraba a Repsol como irresponsable!
A la vez, el funcionario aseguró que “el tema” (el desastre ecológico ocasionado por la empresa de su misma nacionalidad) estaría superado para “finales de febrero o primeros días de marzo, como mucho”. Esas declaraciones no cayeron muy bien, y fueron calificadas de respaldo a las acciones de Repsol. Por lo que es poco probable que Repsol se vaya del país. Tiene respaldo de su gobierno y, como ha dicho la empresa, posee una póliza de US$275 millones que les permitirá asumir cualquier multa (si es que no lo judicializan).
Repsol y sus grifos
Repsol no solo controla la mayor refinería de crudo en el Perú, que es la Refinería La Pampilla. También tiene la mayor cadena de grifos. El impacto reputacional de Repsol es claro. Beatriz de la Vega, líder de energía y recursos naturales de KPMG, tiene claro que Repsol sufrirá un fuerte golpe reputacional y financiero, pero también un impacto social, que se hará sentir en toda su cadena de valor, la cual es más extensa de lo que el público se imagina.
Y es que la española no sólo opera la mayor refinería de crudo del Perú (La Pampilla), sino que también controla la tercera cadena de grifos más numerosa a nivel nacional. Miremos la tabla N°1, que muestra a los tres principales participantes. La primera es Primax (del grupo Romero). A nivel nacional, según la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (Agesp), existen 4,700 estaciones de servicio. La líder del mercado es Primax con 1,000 estaciones, le sigue la estatal Petroperú con 634 y luego Repsol con 325 estaciones.
Como vemos, las grandes cadenas ocupan el 40% del mercado. El resto, el 60% de estaciones, se distribuye en pequeños empresarios independientes. En varias regiones, sobre todo en el sur del país, varias operadoras de estaciones de servicios vinculadas a Repsol han preferido cubrir los logos de la empresa. Y es posible que cuando renegocien para renovar el vínculo comercial, estos pequeños empresarios prefieran desligarse.
Repsol en Camisea
Pero los negocios de Repsol tampoco se concentran solo en la refinería y los grifos. También posee participación en tres lotes de gas natural del yacimiento de Camisea: 56 y 88 (Repsol posee el 10% del accionariado) y el lote 57 (con el 54% de las acciones).
Por estos vínculos comerciales, es poco probable que Repsol decida retirarse del país. Está consolidada. Además, dado que los precios del petróleo han aumentado, tendrá la solvencia para enfrentar las multas, juicios e invertir en limpiar su imagen. Eso sí, la empresa que puede aprovechar la situación es Petroperú, al iniciar una política comercial agresiva. Pero Petroperú también posee sus problemas.
Esta situación que hemos vivido con Repsol debe servir para reforzar la supervisión y fiscalización en el sector hidrocarburos. No solo para lo que ha sucedido en la capital, también por lo que viene sucediendo en la selva desde hace varios años y nunca se puso interés. Después del desastre de la plataforma Deepwater Horizons en el golfo de México en el 2010, Gran Bretaña y Europa aumentó significativamente sus controles ambientales.