La noticia que recorrió todos los medios y fue portada en varios otros fue la renuncia del procurador público anticorrupción Amado Enco Tirado, luego de que fue apartado de las investigaciones sobre presuntos sobornos en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, que involucran al presidente Martín Vizcarra.
Pero, ¿por qué, dirán algunos? ¿qué tiene que ver el procurador si es la fiscalía la que investiga? Bueno, para explicarlo es necesario entender cómo funciona el sistema judicial peruano.
Es cierto que los fiscales son los que indagan, persiguen el delito y buscan una condena. Y ciertamente, en el Ministerio Público ahora mismo hay una bronca por las competencias entre sus distintas fiscalías en torno a los casos de corrupción que implican al jefe Estado. Hay testigos que afirman haberle entregado a Vizcarra millonarias coimas cuando fue gobernador de Moquegua.
Pero el procurador para casos de corrupción hace parte de estos procesos de investigación, porque su función es perseguir la reparación civil y también ayuda al fiscal a buscar un castigo para los responsables, como representante y defensor de los intereses del Estado.
En su carta de renuncia, Amado Enco deja entrever que su salida tiene que ver también con una serie de desacuerdos internos sobre las competencias para indagar las denuncias contra Vizcarra. Había sido designado en el cargo en diciembre del 2016, luego de haber obtenido el puntaje más alto en un concurso público.
“El fortalecimiento de la Procuraduría Anticorrupción implica, ciertamente, dotarle de los recursos económicos suficientes para garantizar su amplio despliegue operativo, pero resulta aún más importante respetar de forma irrestricta su autonomía, competencias y facultades para conocer y defender los intereses del Estado frente (a) graves delitos de corrupción”
Amado Enco, en su carta de renuncia.
La Constitución Política señala que el fiscal es autónomo en sus funciones y depende jerárquicamente del fiscal superior y del fiscal de la Nación. ¿Y los procuradores? También tienen autonomía funcional, aunque pertenecen al sistema de defensa jurídica del Estado, que depende del Ministerio de Justicia (Minjus). Los procuradores tienen una relación con el Estado de abogado-cliente.
En el caso concreto de Enco, que como procurador anticorrupción depende jerárquicamente del procurador general del Estado, Daniel Soria, renuncia luego de que perdió piso y al parecer apoyo de su jefe directo, que designó a la procuradora ad hoc del caso Odebrecht, Silvana Carrión, para que represente la defensa del Estado en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Por último, el juez tiene como principal función administrar justicia según las leyes que rigen un país y un sistema democrático. Y en base a ello se supone que debe dictar sus sentencias (pero la realidad suele ser otra). Es el último eslabón del sistema de justicia.
Ahora que ya sabes cómo funciona el sistema, no deja de llamar la atención cómo las indagaciones contra Vizcarra -que tendrá que responder por las denuncias en su contra cuando deje Palacio, en julio de 2021- han desatado tensiones y pungas en la fiscalía y la procuraduría.