Mis Tribus, voy a empezar siendo muy clara: el Congreso no debería otorgarle al Ejecutivo facultades para legislar en materia tributaria tal como han sido planteadas en un proyecto de ley en el que no se propone ningún cambio o reforma que ataque los problemas de fondo de nuestro sistema tributario.
Ahora les explicó por qué. Con una economía con el 75% de informalidad, cualquier paquete tributario será solo un acto injusto y poco eficiente. Las medidas que busca implementar el gobierno no abordan este problema ni por asomo y solo pretenden subir impuestos a los mismos de siempre: a los contribuyentes formales.
Además, este gobierno no genera ningún tipo confianza en la forma en que usará estos recursos, y también porque va contra toda teoría económica y de sentido común que, en medio de una recesión como la que estamos pasando por la mala gestión de la pandemia, se aumenten los impuestos.
En apenas dos semanas, la credibilidad que llegó a construir el actual ministro de Economía, Pedro Francke, se evaporó. Primero porque mintió al afirmar hace poco que, salvo para la minería, su despacho no considera un alza de impuestos. Y poco después, anuncia un paquete de medidas con todo lo contrario.
Segundo, porque el MEF empezó a delegarse a sí mismo poderes para subir impuestos, sin pasar por el Congreso ni propiciar un debate técnico, a través de un decreto supremo que busca modificar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que grava distintos bienes.
El ministro Francke ha dicho que con los cambios que propone su despacho esperan recaudar S/ 12 mil millones más en el 2022. Bueno, acá le doy un dato: Según un estudio de la Contraloría del 2019, de los S/156 mil millones que el Estado peruano ejecutó, S/ 23 mil millones se perdieron por corrupción. Es decir, solo si este gobierno combatiera de verdad este flagelo y lograra reducirla en un 50% al menos, ahí tendría Francke sus 12 mil millones que requiere.
Tercero, es mentira que los cambios propuestos por el gobierno solo afecten a los que más tienen o ganan, porque modificar las tasas que pagan las personas naturales y jurídicas por los ingresos que generan por sus rentas de capital (5%) y de trabajo (entre 8% y 30%) afecta a la clase media de todas maneras, porque son las grandes empresas y las personas con mayor poder adquisitivo las que contratan más y consumen más en el mercado.
Además, las tasas de impuesto a la renta de 1ª y 2ª categoría también tendrían cambios, porque aumentarían un 10%. Así, quienes tienen ingresos por alquiler y venta de propiedades o quienes obtienen rentabilidades de invertir en el mercado bursátil serían gravados con un 5% más. Esto también afecta a la clase media. Según la Enaho, en 2020, casi un 1 millón de hogares habitaba en una vivienda alquilada. A estos se les trasladaría el alza de impuestos a través del precio de los alquileres.
Sobre las rentabilidades de invertir en el mercado bursátil, este traslada capitales a aquellas empresas que necesitan fondos para mejorar procesos productivos o crear nuevos. Y los mayores inversores somo los mismos ciudadanos, dado que las AFP, que administran fondos de jubilación, invierten en la bolsa. Con esta medida, se reduciría nuestra rentabilidad futura.
Y los ejemplos podrían seguir con el IGV a las pólizas de seguros de vida, los impuestos municipales, entre otros. En vez de agrandar nuestra clase media, el gobierno y el MEF pareciera que la quieren estrangular.
Por último, porque la capacidad de legislar en materia tributaria es originariamente del Congreso, como lo explica Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que destacó que hoy más que nunca el país necesita certidumbre, predictibilidad, seguridad jurídica, y en materia tributaria eso es más que importante y el único poder del Estado que puede asegurar esas condiciones es el Congreso.
“Además, todos los peruanos tenemos el derecho a tener transparencia, saber qué es y en qué consiste la propuesta de modificación tributaria. Esta pandemia ha afectado al bolsillo de los peruanos, y subir impuestos no significa una carga tributaria para las empresas; al contrario, representa una carga para los consumidores quienes asumen esta carga económica”, apuntó el abogado tributarista.