El Perú ha llegado a su máximo de déficit fiscal desde 1990. ¿Qué es el déficit fiscal? Es la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos del sector público. Lo que le falte al Estado para pagar sus gastos se puede financiar con endeudamiento, refinanciamiento o aumento de impuestos. En el 2021 se combinaron dos factores: la caída de la economía y el aumento de gastos sociales, llevando al déficit tan alto que hemos mencionado. La deuda pública—que venía bajando en la última década— regresó a niveles del 2006. Por ello, urge que el nuevo gobierno realice una reforma tributaria que permita recaudar más de manera eficiente.
En el 2019, el sector informal estaba conformado por 7.6 millones de unidades productivas (empresas). La producción del sector informal representaba el 19% del PBI. Casi tres de cada cuatro trabajadores tienen un empleo informal (72.7%) y uno de cada dos peruanos trabajaban en una “empresa informal”. La pandemia destruyó proporcionalmente más empleos formales que informales, generando que aumente la informalidad laboral y productiva —en empresas informales—.
La reforma tributaria y la formalización deben ir de la mano. En la actualidad, la mayor fuente de ingresos del Estado peruano es el IGV (43%) y los impuestos a los ingresos son solo 30% del total. El IGV tiene una “ventaja” para la Sunat, el ente recaudador, porque puede cobrarse sin tener que hacer reformas, algo que no sucede con el Impuesto a la Renta (IR) donde se requiere formalizar.
Hoy la informalidad genera que el Estado recaude a través del IGV, haciendo que el sistema no sea tan progresivo como debería, y gravando más a los que menos tienen. El objetivo fundamental por lo tanto es que cada vez se recaude más por IR y menos por IGV.
¿Qué plantean los candidatos?
En el plan de gobierno de Fuerza Popular se señala explícitamente la necesidad de una reforma tributaria, enfocada en una simplificación “de fondo y de forma”. Indican además que buscarán que haya pocos tributos, pero transparentes, sencillos y no arbitrarios. También un cambio de foco, donde el sistema tributario “debe ser pensado en torno a la persona y no en quién lo recauda”.
Señalan que su objetivo no es recaudar lo máximo posible, sino que se fomente la creación de empleo y la formalización. Para Fuerza Popular, la progresividad es una meta para el sistema tributario. La “progresividad” es el principio que dicta que los que ganan más deben pagar un porcentaje mayor de sus ingresos. Por lo tanto, se intuye que el sistema debería virar hacia una situación donde todos paguemos menos IGV, “a cambio” de que más peruanos paguen IR, donde “quien más gana, más paga”.
Se plantea que el objetivo de la Sunat sea fomentar la formalización y que para ello se recupere la institucionalidad y el profesionalismo. Una serie de programas de formalización se realizarán a través de exoneraciones impositivas. Para las Mype del sector turismo, restaurantes y afines se reducirán impuestos por los próximos tres años, se otorgarán préstamos de Cofide, así como capacitación. También se plantea fomentar las compras a Mypes por parte de las grandes empresas a través de incentivos tributarios, cofinanciamiento público y “formalización por impuestos”.
¿Qué propone Perú Libre? En el Plan “Perú al Bicentenario sin Corrupción” proponen mejorar la presión tributaria de “manera inmediata” a través de cobrar las deudas a los grandes deudores y acabar con la elusión y evasión tributaria. Se plantea “nacionalizar nuestras riquezas” con nuevas reglas de impuestos y regalías que permitan una mayor inversión en educación y salud. También propone la eliminación de exoneraciones tributarias, regalías mineras en función de las ventas, renegociar los contratos de estabilidad tributaria y un nuevo impuesto a las “sobreganancias”.
Perú Libre llama “grandes deudores” a las empresas con juicios con la Sunat. Si bien la cobranza de las controversias tributarias ha sido mencionada por los candidatos como una manera de recaudar ingresos fiscales, esto no depende de los políticos. Ni el Ejecutivo ni el Congreso pueden interferir en estos procesos, que deben ser resueltos por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Fiscal. El 76% de la deuda tributaria total que se menciona (S/.118 mil millones) corresponde a intereses. Nada nos asegura que se cobre la totalidad. La deuda real es solo por S/ 12 mil millones (6% del presupuesto nacional).
En el Plan de Perú Libre no se hace referencia a la necesidad (o al deseo) de plantear una reforma tributaria. Asimismo, incorpora una serie de inexactitudes adicionales. Las regalías mineras ya son gravadas sobre las ventas, al pagarse el número mayor entre el 1% de las ventas y el 1-12% de la utilidad operativa de la minera. Hoy solo hay vigentes seis contratos de estabilidad tributaria para proyectos grandes en minería, los cuales se hacen a cambio de más inversión y más pago de impuestos; violar estos contratos generaría menos recaudación por la desaceleración económica que supondría.