El mercado laboral en Perú es particularmente duro y el Estado no está haciendo mucho para mejorar las cosas.
En el Perú, la informalidad laboral alcanza el 73%, siendo uno de los niveles mas elevados de América latina. Esto explica la existencia de una gran cantidad de trabajos que se realizan en condiciones muy malas y sin beneficios ni derechos laborales.
8 de cada 10 jóvenes que ingresa al mercado laboral lo hace en el sector informal. ¿Pero, a qué se debe esta situación? Aunque muchos empresarios, aun pudiendo, no quieren dar trabajo formal a sus empleados, y eso no es aceptable. Lo cierto, es que la actual legislación laboral peruana es muy rígida y complicada. Por un lado, los emprendedores peruanos tienen que asumir hasta un 60% de sobrecostos para contratar a un trabajador. Esto por concepto de gratificaciones, vacaciones, seguro de salud, CTS y asignación familiar.
Aunque los conceptos no son el problema, el costo de cada uno en el Perú está entre los más altos de América latina, superando a Colombia con 54%, México con 36% y Chile con 32%. En estos países los sobrecostos laborales son menores y hay más formalidad y más personas gozan de los beneficios que esto implican.
Por otro lado, según el foro económico mundial, nuestras prácticas para contratar y despedir están entre las peores del mundo, ubicándonos en el puesto 130 de 140 países. Este mal desempeño fue causado principalmente por la sentencia 1124-2001 del Tribunal Constitucional, que determinó que los trabajadores que habían sido despedidos arbitrariamente podían elegir entre recibir una indemnización o solicitar su reposición laboral. La indemnización era razonable en caso la arbitrariedad fuese comprobada, pero la reposición no, debido a que cada empleador debería de tener el derecho de escoger a quién quiere en su equipo de trabajo. Esta sentencia hizo que se redujeran en gran medida los contratos indefinidos, que son mucho más estables, y creciera la contratación temporal, que pasó de representar el 30% de los contratos a fines de los 90s a ser casi el 75% a fines del 2015. El remedio fue peor que la enfermedad.
Finalmente, la falta de predictibilidad y la discrecionalidad del sistema de fiscalización laboral, que muchas veces prefiere perseguir a la empresa formal en vez de denunciar o atraer a la empresa informal, torna el panorama aún más crítico.
Aunque es un tema sensible, la reforma y la legislación laboral no puede ser evadida más tiempo. Millones de peruanos podrían tener un trabajo más digno y, a la vez, constituir empresas más productivas y rentables. Los ciudadanos debemos exigir que nuestros líderes políticos abran el debate y propongan reformas técnicas pensando en el trabajador y en el emprendedor que da trabajo.
En vez de escuchar los reclamos de quienes no quieren trabajar y ser productivos, deberían de escuchar a quienes quieren tener un trabajo digno y construir un país más desarrollado.
[Foto de portada de Andina]