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Radiografía del alcohol adulterado en el Perú: ¿Qué hacer y cómo enfrentarlo?

Publicado: 09/11/2020
9 minutos

Este informe nace de un esfuerzo investigativo que busca dar luces y aproximaciones sobre un problema delicado en el país que no se aborda mucho, pese a las graves consencuencias para la salud pública y la economía que implica.

El mercado ilegal del alcohol adulterado ha ido creciendo en el Perú en los últimos años, a vista y paciencia de las autoridades, sin que haya hasta el momento una estrategia integral que combata la producción y el comercio de estos productos, pese a que se trata de un problema de salud pública, que tiene además un impacto negativo en la recaudación, debido al contrabando y a la evasión de impuestos que implica esta actividad.

No hay mucha información oficial o investigaciones que ayuden a diagnosticar este problema en el país, y que a partir de ahí, se planteen soluciones viables y sostenibles, más allá de alguna norma, como la Ley 29632, que prohíbe la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para consumo humano.

Uno de los pocos estudios que hallamos es de hace tres años. Lo hizo la consultora Euromonitor Internacional, que estableció que el mercado de bebidas alcohólicas adulteradas en el Perú creció un 7% entre 2015 y 2017, y solo ese último año se consumieron 279,472 hectolitros de alcohol ilegal en el país, lo que representó una pérdida para el Estado de US$ 74 millones en impuestos.

El caso de las bebidas alcohólicas adulteradas es el más grave, porque representa el 56.1% del mercado ilegal peruano. Luego viene el alcohol artesanal ilegal, con un 26.2%, y por último, las bebidas de contrabando, que alcanzan un 15.2%. Y la adulteración se da casi en su totalidad en bebidas destiladas y en mucha menor medida en las fermentadas (como la cerveza). De hecho, el whisky, ron y pisco son las bebidas más propensas a ser adulteradas.

Según el citado estudio, Perú lidera el mayor consumo per cápita de alcohol ilegal, al alcanzar los 1.33 litros al año frente al 1.17 promedio de la región, por encima de Ecuador y Colombia. Y la crisis actual por la pandemia debe haber agravado el problema, porque las «leyes secas» que acompañaron a las medidas de confinamiento han ‘impulsado’ el mercado del alcohol ilegal. De hecho, en junio pasado, en plena cuarentena, la Policía incautó tambores industriales con más de 1.500 litros de alcohol junto con casi 500 botellas de bebidas adulteradas en el distrito de Huachipa

El impacto en la salud pública

Por ello, la situación hoy debe ser mucho peor, no solo para las cuentas fiscales, sino también para el sistema de salud pública en el país, por las graves consecuencias y secuelas que deja en las personas la ingesta de alcohol adulterado e ilegal, que en la mayoría de casos no es apto para el consumo humano.

“El consumo de alcohol adulterado se da sobre todo en los sectores de escasos recursos, por su bajo precio”, nos comenta el médico Wilber Rodríguez, gastroenterólogo del hospital de Puente Piedra, donde a diario atiende a personas con problemas de alcoholismo. “No es una adicción, (el alcoholismo) es una enfermedad sin cura aparente, lo que se hace es controlar el problema, pero los riesgos de una recaída son altos”, agrega.

En el caso del alcohol adulterado, alerta, los riesgos son mayores para la salud, porque contienen sustancias muy peligrosas para el organismo, como el metanol, que en grandes cantidades puede causar un daño hepático irreversible en las personas y a veces hasta la muerte. El costo social es muy alto.

“La mayoría de personas que recurren al consumo de licor adulterado son las que ya tienen un problema de alcoholismo y no tienen la capacidad económica para comprar productos de buena calidad o menos tóxicos”, nos comenta por su parte la bióloga Claudia Morales, también consultada para este informe. “No son conscientes del daño que se están haciendo y luego de un tiempo se convierten en un problema para la salud pública, porque van a terminar con un cáncer o una cirrosis hepática”, agrega.

José Alfonso Apesteguia, director del Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental (Cicotox) de la Universidad San Marcos, alertó que basta ingerir 20 ml de alcohol adulterado para tener problemas de ceguera, o unos 60 ml a 240 ml para tener riesgo de muerte.

Puntos de venta y producción

Pero ¿qué está pasando con este mercado ilegal de alcohol adulterado? ¿Dónde se consigue? ¿Qué tan fácil es hacerlo? Un equipo de Piensa.pe recorrió varias zonas de Lima y Callao donde pudo establecer puntos de venta de alcohol adulterado o de dudosa procedencia, que se elabora a base de etanol industrial, el cual ingresa al país en grandes cantidades a través de Puno (Desaguadero) y la zona franca de Tacna, donde hay pocos controles.

El alcohol adulterado no es apto para el consumo humano. (Foto: Andina)

Así, en el Callao se pudo establecer al menos dos lugares donde se venden estos productos: uno es en las inmediaciones del Mercado Central chalaco y el otro en la urbanización Constanzo. En el primer caso, la venta se hace en la vía pública, a plena luz del día y a vista y paciencia de la gente. En este lugar se puede conseguir medio litro de “cañazo” a S/ 5, que se envasa en botellas plásticas rehusadas, o “vino mistela” por el mismo precio.

El punto de venta de la urbanización Constanzo está en un inmueble de la Manzana F Lote 16. Ahí se puede conseguir medio litro de “anisado” a S/2 en bolsa plástica, y la misma cantidad de ese producto en botella reciclada cuesta S/ 5. Cerca de este lugar también hay zonas de consumo.

Otro lugar de comercio de alcohol adulterado que se logró detectar está en La Victoria, más exactamente en el mercado de la cuadra 3 de la avenida Aviación. Ahí, en algunos locales del primer y segundo piso, cualquiera puede comprar dos litros de “cañazo comercial” a S/ 12 o un litro de “cañazo puro” en una botella plástica reciclada también a S/ 12. Todos estos locales donde se vende alcohol adulterado o ilegal funcionan bajo otra fachada: productos “esotéricos” o de “medicina natural”, entre otros.

En el mercado de la Urbanización Fiori, en San Martín de Porres, también se logró establecer al menos dos puntos de venta de alcohol adulterado. En uno de los locales, se compró un litro de “cañazo” en dos botellas plásticas recicladas de medio litro cada una a S/. 6. En otro negocio, pudimos comprar “cañazo” a S/ 5 el medio litro. Estos locales también funcionan bajo otro rubro comercial: el de abarrotes.

En el Cercado de Lima se pudo detectar otro punto de expendio de licor ilegal, que se ubica en una galería de la cuadra 9 de jirón Ayacucho, justo en la esquina con la avenida Nicolás de Piérola. Ahí, en el stand N° 06, se compraron seis botellas de 750 ml de un producto que se llama “Puro Quebranta”, elaborado a base de agua tratada y alcohol etílico a 20° de volumen alcohólico. Cada botella cuesta S/ 5 y tiene una etiqueta con la razón social “Santa Cecilia” y el nombre de Tito Albino Neira Barzola como elaborador. Cuenta con un número de registro de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud.

Pero, ¿dónde se elaboran y compran estos productos que luego se revenden en las zonas mencionadas? Según pudimos establecer con la información recogida en el trabajo de campo y con datos que encontramos en Digesa, uno de los lugares de producción de estos licores de dudosa calidad se ubica en la zona industrial de Villa El Salvador. Llegamos al lugar, con cierta dificultad, porque no tiene numeración, y ahí se compró una caja de 12 botellas de 750 ml de plástico blando de licor “comercial” a S/. 22.00 (S/. 1.83 la unidad), y otra caja de 12 botellas de vidrio de la versión “especial” a S/. 55.00 (S/. 4.88 la unidad).

Zonas de consumo y consumidores

En cuanto a este aspecto, hay que diferenciar dos grupos: el primero, los consumidores habituales de estos productos, que son personas que viven o frecuentan los lugares donde se vende el alcohol adulterado. Casi en todas esas zonas del Callao, La Victoria, San Martín de Porres o Los Olivos, en las inmediaciones de los puntos de venta, hay gente consumiendo estos productos a cualquier hora del día.

Pero hay otro grupo de personas en riesgo que consumen estos licores adulterados sin saberlo, en algunos bares, discotecas u otros centros de entretenimiento, que por la crisis sanitaria actual deben estar cerrados (o deberían estarlo). Para este informe entrevistamos a un bartender con al menos 10 años de experiencia, que nos reveló estas peligrosas prácticas en varios de los negocios en los que trabajó, que se ubican en zonas que van desde el Cercado de Lima, pasando por Miraflores y Surco, hasta el exclusivo bulevar de Asia.

«Desde la primera venta damos este licor adulterado, no esperamos que el cliente esté borracho. Si el cliente sabe catar y reclama, en su delante le cambiamos la botella», nos dice, pero no quiso dar nombres ni detalles, y también nos pidió no revelar su identidad por su seguridad. «En algunos casos vendíamos el licor bamba como si fuera el original, al mismo precio», confiesa.

¿Qué hacer entonces?

El mercado del alcohol adulterado o ilegal en el Perú ha crecido por tres factores: la falta de control en las zonas fronterizas (Puno y Tacna) por donde ingresa el etanol industrial que se usa para elaborar estos productos; la poca fiscalización en los lugares de venta y producción, donde impera la informalidad; y la amplia brecha de precios entre los licores legales e ilegales.

En febrero del año pasado, el Ministerio de la Producción (Produce) publicó un proyecto de reglamento de la Ley 29632, con el que busca combatir la informalidad en este mercado, pero hay dos aspectos claves que no consideró en la norma: uno, incluir al alcohol etílico como insumo fiscalizado por la Sunat, como sucede con los insumos químicos para el narcotráfico y la minería ilegal; y segundo, mejorar la fiscalización, que pasa incluir al sector privado y a las asociaciones de recicladores formales para evitar que la mayor parte de botellas terminen en manos de los que elaboran alcohol adulterado.

Además es clave una coordinación público-privada eficiente en este problema, para comunicar masivamente los riesgos de consumir ese tipo de bebidas, lo que, de paso, mejoraría los ingresos fiscales y también reduciría el impacto negativo en la salud de los consumidores.