Entre las principales promesas de los candidatos a la presidencia llama la atención las que plantean crear empleos públicos masivos, como una salida a la crisis. El problema no solo es que parecen inviables, porque no explican cómo se financiarán, sino también generarían corrupción, clientelismo y no resuelven los verdaderos retos del mercado laboral.
- El plan de gobierno de Juntos Perú ofrece “programas de empleo temporal masivo en pequeños proyectos hasta por un millón de empleos al 2022”.
- Fuerza Popular apunta a que “se debe buscar un mecanismo de empleo rápido, que permita movilizar en el corto plazo la gran masa de desempleados y trabajadores informales” para “obras comunales y vecinales”.
- Podemos Perú propone crear dos millones de empleos para construir escuelas, mercados de abastos y otros.
- Acción Popular ofrece crear cinco millones de puestos de trabajo públicos durante su período de gobierno.
Esas cifras son inviables por varias razones. Veamos:
En la actualidad, en todo el sector público del Perú (Ejecutivo, gobiernos regionales, municipalidades, docentes, médicos, policías, militares, jueces, etc.) hay cerca de un millón y medio de personas. ¿Cómo se va a duplicar o cuadruplicar la contratación pública? No parece realista. ¿De dónde va a salir la plata? Ninguno de los candidatos lo explica.
La contratación de un millón de trabajadores durante un solo año –con salario mínimo y beneficios de ley– ascendería a más de S/15 mil millones, cifra superior a todo lo que se gastó en bienes y servicios el año pasado en el sector salud.
El Estado no debería ser una agencia de empleos, porque eso además provoca corrupción y clientelismo. Los recursos públicos deben usarse siempre para proveer servicios de calidad la población, (seguridad, justicia, agua, educación, etc.). Para cumplir es rol, se debe contratar a personas, pero esto debe responder a procesos y necesidades puntuales.
Si se invierten esas prioridades, se incurre en un mal uso de los recursos públicos, y peor aún en un contexto de crisis como la actual, donde son insuficientes los recursos fiscales. El presupuesto del país crece todos los años y en todos los gobiernos, sin que eso se refleje en mejores servicios y obras para la gente. El problema sigue en la ejecución y calidad del gasto.
La creación de empleo con presupuesto público no resuelve los verdaderos retos del mercado laboral, que pasan por promover la inversión privada, la formalidad, la productividad, entre otros, aspectos claves para crear empleo sostenible y de calidad.
No todo es negativo
Entre ese mar de promesas sin sustento técnico, hay algunas propuestas positivas. El plan de gobierno de Victoria Nacional menciona la creación de Programa de cadenas Productivas por S/ 1,500 millones para incrementar financiamiento de empresas. También un Fondo de Garantías “MYPE Resiliente”para mejorar proceso productivo y TUPA Único Automatizado, que simplificará los trámites, así como un acompañamiento laboral y tributario de las MYPE por tres años desde su creación.
En Renovación Popular se plantea crear el Instituto de Promoción y Desarrollo de PYMES, el Banco PYMES, de capital privado, así como modernizar mercados y reorganizar el programa “Mi Mercado”, además de otorgar créditos a mujeres emprendedoras y reducir la tasa del IGV para fomentar formalización. Pero otra vez falta precisar el cómo.
¿Y la inversión privada?
Con el discurso de generar puestos de trabajo, líderes de Acción Popular y Juntos por el Perú proponen bonos universales mensuales y programas estatales. Pero estas medidas pierden fuerza cuando sus propuestas se contradicen al prometer empleo y restringir o ahuyentar la inversión privada.
El candidato Yonhy Lescano propone controlar la educación, los precios en salud y mayor regulación a las riquezas naturales, lo que pone en peligro la inversión en estos sectores.
Más radical aún es la propuesta de Verónika Mendoza que plantea que “no se implementarán más obras por iniciativa privada y todas las concesiones serán por iniciativa pública”.
Actualmente, existe una modalidad de obras por impuestos donde una entidad del Estado identifica la necesidad y el privado se hace responsable de la ejecución del proyecto.
Dado que los procedimientos y permisos se tramitan con lentitud y autoridades de los distintos niveles de gobierno no tienen claro los procesos se paralizan los proyectos. Así tenemos que desde el 2017, la inversión de obras adjudicadas por esta modalidad ha descendido en 30% (de 72 proyectos por un monto de S/898 millones en el 2017 a 26 proyectos por S/562 millones en el 2019), lo cual se traduciría en aproximadamente 5 mil puestos de empleo menos.