La premier Mirtha Vásquez y supuestos representantes de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara firmaron el 19 de noviembre pasado un acuerdo para cerrar cuatro unidades mineras: Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa “por estar situadas en cabeceras de cuenca”. Una decisión que ha encendido las alarmas porque es un golpe a la seguridad jurídica y afecta la inversión privada en el país, y que además es desconocida por las mismas comunidades del sur de Ayacucho.
“Quiero anunciar que respecto a las 4 [unidades] mineras no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración. Vamos a exigirles que terminen y cierren, lo más inmediato posible”, señaló Mirtha Vásquez en la Plaza de Toros Virgen de las Nieves de Coracora, capital de Parinacochas, tres semanas después de que un grupo de comuneros le prendiera fuego al campamento de la minera Apumayo, también en la región Ayacucho.
Pero este miércoles la Presidencia del Consejo de Ministros (PMC) dio marcha atrás, al señalar en un comunicado que esas minas de Ayacucho pueden solicitar extensiones a su plan de cierre, como señala la ley, y descartó que se vaya a insistir en su cese de operaciones unilateral como anunció la propia titular de ese despacho.
Vásquez, catalogada como antiminera, dijo haber luchado por la creación de la Ley N°30640 —promulgada en el 2017— y que en Coracora se realizará la primera delimitación de cabeceras de cuenca en el Perú. Pero lo cierto es que dicho marco legal no define exactamente qué es una cabecera de cuenca. Según el documento, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es la institución encargada de hacerlo. Sin embargo, han pasado 4 años y medio y ese concepto aún no es claro.
A todo esto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cabeceras de cuenca en la industria minera?
De acuerdo a la Real Academia Española, una cuenca es un territorio rodeado de alturas o un territorio cuyas aguas confluyen todas a un mismo río, lago o mar. Y una cabecera es el principio o parte principal de una cosa.
Para el exministro de Agricultura Milton Von Hesse, la minería en cabeceras de cuenca se refiere a la explotación responsable de yacimientos minerales ubicados en las altas cumbres; sin embargo, cuestiona que este concepto sea utilizado por los antimineros como un pretexto para frenar los proyectos.
“Estamos utilizando un concepto que todavía no está definido para crear un concepto de intangibilidad respecto de la minería en estos territorios. Esto es bien alarmante y preocupante porque, cualquiera que sea la definición, no significa que no se pueda explotar minería responsable si se mitigan los impactos de la actividad”, menciona.
El economista Von Hesse indica que debe prestarse mayor atención en remediar los efectos de la minería informal que casi siempre pasa desapercibida. Un fenómeno que sigue creciendo en el Perú, pese al plan de formalización iniciado en el 2012, como lo explicamos aquí. Desde ese año hasta la actualidad solo se han formalizado solo 117 de 9,739 unidades de explotación. A todas luces un fracaso.
“Acá tenemos un problema serio de visión antiminera formal, y hago énfasis en la antimimería formal porque recordemos que el gobierno [de Pedro Castillo] nunca se ha pronunciado respecto de la minería informal. No le importa, por ejemplo, que en Madre de Dios se haya arrasado miles de hectáreas naturales de bosque tropical húmedo, se haya contaminado el rio con mercurio y que los peces que consumen la población de esa zona tengan una alta carga de contaminación”.
Milton Von Hesse, exministro de Agricultura
¿El anuncio de la primera ministra Mirtha Vásquez confirma que estamos ante un gobierno antiminero? Todo indica que sí. Romulo Mucho, exviceministro de Energía y Minas, sostiene la misma idea: “Todos los mecanismos que se crean [para proteger las cabeceras de cuenca] son para oponerse a la minería, porque si fuera [un concepto] técnico cualquier distorsión o desviación se corrige. [Esta decisión] es un tema ideológico”.
Las minas en proceso de cierre
Tras el anuncio de la titular de la PCM, los tres sindicatos de Compañía Minera Ares SAC. —de Hochschild Mining— que representan a más de 5 mil 300 trabajadores, levantaron su voz de protesta contra el cierre de las mineras Inmaculada y Pallancata.
“La pretendida medida de cierre es ilegal y arbitraria, y se contradice abiertamente con los anuncios del presidente de la República [Pedro Castillo] de trabajar para el pueblo. Con esta medida se perjudicaría a miles de familias, cientos de proveedores, a las comunidades, así como a decenas de miles de ciudadanos, que somos parte del pueblo que el gobierno dice defender y querer beneficiar”, señala el comunicado que exhorta al gobierno a revertir dichas medidas.
Antes de empezar a operar una empresa minera tiene como requisito obligatorio presentar el plan de cierre, un instrumento que contiene medidas de control para poder cerrar adecuadamente, desde el punto de vista ambiental, sus actividades.
“Estos instrumentos de gestión son instrumentos dinámicos, vivos, que con el tiempo van modificándose. Es el equivalente a la licencia de funcionamiento de una bodega por un tiempo determinado, y terminado ese plazo si se cumplen los requisitos, lo que se entiende es que ese permiso va a seguir extendiéndose”, sostiene el CEO de Hochschild Mining, Ignacio Bustamante.
Sin embargo, el Ejecutivo tomó la decisión de cerrar las minas sin comunicárselo a las compañías, en una acción que puede ser tomada como un abuso de autoridad. A diferencia de Breapampa (Sami SAC) y Apumayo (Apumayo SAC) que ya estaban notificadas de su cierre, las minas Inmaculada y Pallancata se encuentran actualmente operando sin complicaciones por encima del 90% de sus capacidades.