Este sábado, el Congreso tendrá su último pleno de la legislatura, en el que debatirá y eventualmente aprobará una nueva ley agraria, luego de que derogó la norma que había estado vigente dos décadas y que permitió que no solo el desarrollo del sector agroexportador, sino que también creo más empleo formal que ninguna otra actividad productiva en el país. Incluso lo hizo en este 2020 marcado por la pandemia y la crisis económica, según datos que acaba de revelar el BCR.
En ese contexto, la Asociación de Gremios Agrarios del Perú (Agap) presentó una serie de propuestas para mejorar la situación laboral de trabajadores, que es el principal reclamo que se le hizo a la ley de promoción agraria y que motivó las violentas protestas que provocaron su anulación. La pregunta es, ¿por qué esperaron las empresas del sector que les estallé la crisis en la cara para plantear salidas? ¿No la vieron venir o subestimaron la situación?
Sea como fuera, la propuesta que se debatirá en el Congreso va contra lo que se quiere combatir, como se ha explicado acá, que es la informalidad y los abusos laborales cometidos sobre todo por ‘services’ y empresarios que aprovechaban la falta de control y fiscalización de las autoridades para incumplir la ley de promoción agraria.
Los efectos que tendrá la iniciativa legislativa, de aprobarse, son muy peligrosos para el sector, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son el 85% del total, porque no podrán asumir nuevos los costos laborales de la propuesta del Congreso, que los eleva por encima incluso del resto de industrias de la economía. Las consecuencias serán menos trabajo y más informalidad. Se perderían unos 200,000 empleos en el sector, según los cálculos de la AGAP.
Aunque quizá ya sea tarde, ¿qué propone entonces la AGAP y sus 750 empresas ahí representadas?
- Luchar contra el mal uso de los services y la informalidad. Las empresas que hacen las cosas bien no son cómplices de las informales, señala el gremio (aunque pudieron haber denunciado y evidenciado los abusos, el silencio ayuda a que los abusos se comentan)
- Una remuneración mínima vitaal (RMV) más un bono de 15% para alimentación.
- Dar transporte a los trabajadores que vivan lejos de los campos y plantas.
- Implementar políticas específicas para mejorar la calidad de vida de las mujeres que trabajan en el sector.
- Implementar una línea 0800 para recoger quejas laborales de los trabajadores del sector
- Expulsar a las empresas que incumplan el código de conducta de AGAP.
- Auditar a las empresas en el correcto cumplimiento de los códigos laborales.
- Impulsar un Instituto de Capacitación Tecnológica Agrícola con fondos del sector privado.
Uno de los puntos más polémicos es el aumento de la remuneración mínima de los trabajadores agrarios. El proyecto de la comisión especial del Congreso propone una RMV según el tamaño de la empresa, más un bono de 25%. Las empresas proponen que el el bono sea de 15%.
«Cualquier aumento mayor haría inviable las operaciones. No sabemos cómo el Congreso llega a fijar ese aumento. Es una propuesta antitécnica e irresponsable», dijo Rosario Bazán, presidenta de la asociación de empresas agroindustriales de La Libertad. «Al incrementarse el costo, se va a reducir la producción de diversos cultivos, por lo que no se va a poder continuar manteniendo el número de empleos», agregó
Por ello, la representante de AGAP propuso al Congreso posponer la votación del proyecto para elaborar una norma con mayor análisis. Aunque no se sabe si eso pueda ocurrir, con un Congreso poco reflexivo y populista, al menos se informó que este sábado, en la sesión en que se debate el tema, se presentarán los ministros de Economía, Agricultura y Trabajo para expresar la posición del gobierno al respecto.
Y si eventualmente se aprueba una nueva ley agraria, el Ejecutivo tendría que promulgarla u observarla. Esta semana, el presidente Francisco Sagasti dijo que su gestión no permitirá que medidas peligrosas y sin sustento del Congreso pongan en riesgo los avances y logros que ha tenido el país. Hay que tomarle la palabra.