Más de una semana después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, aún son muchas más las dudas que las certezas en torno a su muerte, perpetrada el pasado 7 de julio, luego de que un grupo de hombres fuertemente armados asaltara la vivienda del mandatario durante la madrugada. En el ataque, su esposa, Martine, resultó herida y fue trasladada a un hospital de Miami, en Estados Unidos (EEUU), donde se recupera.
Este magnicidio agudiza aún más la crisis política y social que atraviesa el país, que es la nación más empobrecida del hemisferio occidental: el 60 % de la población haitiana sobrevive con menos de dos dólares diario y depende de la ayuda humanitaria. Además, está sumida en protestas políticas, violencia de las bandas criminales, el aumento de los casos de COVID-19 y la ausencia de dosis de vacunas.
Tras el asesinato del presidente, las autoridades haitianas lanzaron una persecución contra el grupo que presuntamente perpetró el asesinato. La policía logró detener a 18 exmilitares colombianos, a los que acusa de la muerte de Moïse. Otros tres señalados mercenarios colombianos murieron en el enfrentamiento.
También se detuvo al médico haitiano afincado en Florida, EEUU, Christian Emmanuel Sanon, a quien acusan de ser el cerebro de la conspiración, mientras se busca al senador haitiano John Joel Joseph, sindicado de haber jugado un papel clave en el magnicidio. El jefe de seguridad de Moïse, Dimitri Herard, y otro haitiano-estadounidense, James Solages, fueron arrestados como sospechosos.
El director de la Policía de Colombia, Jorge Vargas, dijo este jueves que el grupo que asesinó al presidente de Haití era parte de «una supuesta operación de arresto» de Moïse, para luego entregarlo a la DEA. Algunos de los exmilitares colombianos detenidos habían recibido entrenamiento militar en EEUU.
Pero la Policía haitiana sospecha que Sanon contrató a los mercenarios para derrocar y reemplazar al presidente Moïse. Según la investigación, Sanon voló a Haití a comienzos de junio con la intención de asumir la presidencia del país. Al senador John Joel Joseph se le atribuye haber facilitado el armamento con el que se llevó a cabo el homicidio y organizar las reuniones en las que se planeó, que se realizaron en la vecina República Dominicana.
Hay inconsistencias en la versión oficial, como ha señalado el Miami Herald. Una de ellas es sobre cómo Sanon, que se declaró en bancarrota, podría estar detrás de una costosa conspiración. Algunas de las personas detenidas dijeron que se les pagaba 3.000 dólares al mes y que vivían en Haití desde enero. Tampoco cómo los atacantes pudieron entrar en la bien vigilada residencia del jefe de Estado de Haití, matarlo a tiros y marcharse como si nada.
¿En qué contexto suceden los hechos?
El asesinato ocurrió a puertas de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 26 de septiembre, comicios a los que Moïse no podía presentarse, pero en los que estaba previsto que se celebre un referéndum para aprobar una nueva Constitución para Haití. El proyecto fue impulsado por Moïse y buscaba reforzar la figura del jefe de Estado, aunque según él, no iba a beneficiarse de ello.
El empresario bananero convertido en presidente enfrentó protestas sociales desde el inicio de su mandato. Se le acusaba de corrupción y lavado de activos, lo que él siempre rechazó. Moïse se alzó como jefe de Estado de una minoría que lo eligió: solo el 21% de los haitianos habilitados a votar acudieron a las urnas. Logró 600.000 votos en un país de 11 millones de habitantes.
Tomó posesión del cargo en febrero de 2017. Lo logró después de ganar en dos comicios: las elecciones de octubre de 2015, que fueron impugnadas y anuladas por acusaciones de fraude y luego de violentos disturbios; y los comicios de 2016, en los que se impuso el entonces oficialista Partido Haitiano Tét Kale (PHTK), por el que postuló Moïse y era el llamado a suceder a Michel Martelly.
Esto generó además una polémica por el fin del mandato de Moïse. “Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario, que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al poder judicial piensan que pueden tomar la Presidencia, pero solo hay un camino: elecciones”, dijo en una entrevista con El País.
Lo acusan de tirano y de querer perpetuarse en el poder
En su campaña electoral, Moïse anunció una reforma a la Constitución de 1978, tuvo el respaldo de EEUU, bajo la Administración del entonces presidente Donald Trump, pero la crisis y las críticas en su país lo llevaron a convertirse en un autócrata, muchos lo acusaban de dictador y tirano; para gobernar negociaba con bandas criminales que habían tomado las calles y barrios del país. En los últimos meses, más de 10.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por los enfrentamientos violentos entre pandillas, según Naciones Unidas.
En el momento de su asesinato, Moïse llevaba 18 meses gobernando por decreto. Había destituido a 20 de los 30 escaños miembros del Senado de la legislatura bicameral, luego de que sus opositores dijeron que su mandato de cinco años había terminado el 7 de febrero de este año. Pero el mandatario afirmó que había comenzado en 2017 y que tenía derecho a permanecer en el cargo hasta 2022.
Así, el pasado 8 de febrero, en medio una creciente inestabilidad política y social, el líder de la oposición, Joseph Mécéne, se autoproclamó presidente del país en un video, sin que ningún país lo reconociera. El gobierno haitiano acusó un golpe de Estado por parte de la oposición y la “oligarquía haitiana”.
Luego, un fallo del Poder Judicial haitiano avaló la permanencia del mandatario hasta el 2022, lo que además exacerbó a la calle, que exigía la salida de Moïse por aprobar medidas para limitar el control de los poderes públicos y por crear una agencia de inteligencia que sólo respondía ante él.
¿Qué puede pasar ahora?
Nadie los sabe a ciencia cierta. En Haití no hay jefe de Estado, tampoco hay un Congreso en funciones ni un primer ministro legítimo, porque Moïse había designado a Ariel Henry para sustituir a Claude Joseph en ese cargo, pero Henry no llegó a jurar el cargo.
Joseph ha declarado el «estado de sitio», que es esencialmente la ley marcial, pero carece de legitimidad política para hacerlo. Tanto EEUU como el principal enviado de la ONU a Haití respaldan la pretensión de Joseph de dirigir el país hasta que se celebren elecciones, posiblemente este mismo año.
El 10 de julio, el gobierno haitiano pidió a Washington que enviara tropas para proteger las infraestructuras clave del país, pero el gobierno de Biden solo ha dicho hasta ahora que enviará altos funcionarios del FBI y de la Seguridad Nacional y «recursos financieros».