El último fin de semana se presentó la “Proclama Ciudadana: Juramento por la Democracia”, un documento que contiene 12 puntos para los candidatos que disputarán la segunda vuelta del 6 de junio, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, se comprometan, bajo juramento público, a garantizar los elementos esenciales de la democracia.
Se trata de una iniciativa promovida por la Conferencia Episcopal Peruana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas y la Asociación Civil Transparencia que, entre otros compromisos, incluye la defensa de los derechos humanos, incluyendo a las minorías; dejar el poder el 28 de julio de 2026 sin buscar mecanismos de reelección y que los cambios o reformas a la Constitución se hagan a través de los mecanismos constitucionales y en respeto al estado de derecho.

Keiko Fujimori suscribió el documento el domingo último, durante una entrevista en TV. “Lo he leído. Coincido con el compromiso. Además señala lo que he venido diciendo no solo en esta campaña sino a lo largo de mi vida política”, dijo la candidata de Fuerza Popular en Panorama.
Sin embargo, el pasado autoritario del fujimorismo, que en los 90 copó, corrompió y destruyó las principales instituciones del país, y la actuación de su bancada en el 2016, que saboteó la gobernabilidad y provocó una de las mayores crisis políticas de los últimos años, contradicen sus palabras y generan dudas razonables, que se traducen en el fuerte antivoto que tiene la candidata de Fuerza Popular.
Por su lado, Pedro Castillo lo firmó el lunes durante un mitin en Iquitos, luego de que lo anunciara en sus redes sociales, pero en esta campaña hizo promesas que son una claro riesgo para la democracia, como desactivar la Defensoría del Pueblo , cerrar el Tribunal Constitucional (TC) o regular los medios de comunicación, aunque su discurso ahora es ambiguo y hasta contradictorio.
Incluso, este último sábado, en una entrevista que le dio a La República, dijo que el TC “no puede seguir archivando la gesta de los pueblos, y si algo anda mal, hay que corregirlo. No lo digo yo, lo dice el pueblo”.
Insistió además en la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para una lograr una nueva Constitución, lo que viola abiertamente uno de los compromisos de esta proclama ciudadana que suscribió, en la que se señala que los cambios o reformas a la Constitución se harán a través de los mecanismos legales y en respeto al estado de derecho. Esto implica que debe ser a través del Congreso. La Constitución no contempla otro mecanismo, pero Castillo parece no entenderlo o simplemente no le importa.
“¿Por qué esta Constitución no lo permite? Porque está cautelando la riqueza fuera del país […] Primero iremos a una consulta, y el ciudadano tiene que manifestarse cuando se convoque a un referéndum y diga si está de acuerdo o no con el cambio de la Constitución […] Y si el pueblo dice que se cambie la Constitución, convocaremos a la Asamblea Nacional Constituyente, y que sea del pueblo organizado”, dijo el candidato de Perú Libre.