Crece el enfrentamiento entre el ministro del Interior, Avelino Guillén, y el jefe de la Policía, Javier Gallardo, lo que ha provocado que hace varias semanas, las principales unidades de la institución policial estén a la deriva, mientras que la inseguridad ciudadana sigue ganando terreno y se dispara en las calles del país.
Los problemas se iniciaron a fines de diciembre pasado, porque el titular del Interior no está de acuerdo con los cambios que ha propuesto el jefe de la Policía para las principales unidades operativas de la institución, como la Diviac, la Dircote y la Dirincri.
Por ello, hasta el momento, los generales de la Policía, incluso los que ascendieron en noviembre, aún no saben en qué unidades trabajarán este 2022. Gallardo desoyó una orden expresa de Guillén para que la lista con esos cambios la coordine con su comando, los números 2 y 3 de la Policía, los generales Martín Parra y Víctor Patiño, pero elaboró solo la propuesta.
Gallardo sostiene que las designaciones son potestad exclusiva de él como jefe de la Policía. “La ley faculta al comandante general, que es el responsable de la administración del recurso humano en la PNP. Por eso, se le presenta una propuesta al ministro del Interior y él, a su vez, corre traslado de ella al presidente de la República”, dijo el oficial.
Guillén respondió que no es “conserje” del jefe de la Policía. “El ministro del Interior es responsable de las políticas del sector y, en consecuencia, tiene injerencia también en los documentos que presenta ante el señor presidente. Tiene que buscar que los mejores policías trabajen en las unidades de mayor responsabilidad”, refirió el ministro en la Comisión de Defensa del Congreso.
El titular del Interior, por ejemplo, confirmó que se opone a la salida del director de la Dirección contra el terrorismo (Dircote) Óscar Arriola. “Yo no soy mesa de partes. Y sabiendo quiénes son los mejores policías, tenía la vocación ética y moral de defenderlos”, apuntó.
En medio de estas pugnas, el presidente Pedro Castillo, al parecer, se ha puesto de lado del general Gallardo, porque es su amigo y goza de toda su confianza, según diversas fuentes del sector. Esta suerte de insubordinación del jefe de la Policía contra Guillén, con la aparente anuencia presidencial, está generando un grave daño en la institución, donde hoy predomina la incertidumbre.
Gallardo fue designado director de la Policía en septiembre de 2021 por el presidente Castillo. De hecho, para facilitar su ascenso al máximo cargo de la instución, tuvieron que pasar al retiro a tres generales, entre ellos al general César Cervantes Cárdenas, quien fue removido de ese puesto tras el allanamiento de tres inmuebles del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y de cuatro locales del mismo partido.
La relación entre Guillén y Gallardo es insostenible. De hecho, se supo que la semana pasada, el ministro del Interior solicitó al presidente Castillo la salida del jefe de la Policía porque siente que no puede trabajar con él. Aún no ha tenido respuesta, pero Gallardo se siente seguro. “A mí no me lo han hecho saber y no creo que el ministro por esa razón, por el cumplimiento de una función que me corresponde, haya solicitado mi retiro”, dijo el general.
Una de las últimas decisiones de Gallardo que ha llamado la atención son los cambios que dispuso el 19 de enero en la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), unidad clave en la lucha contra la corrupción y que investiga a actuales aliados del gobierno.
Mediante resolución, el jefe de la Policía aprobó la reasignación de 213 oficiales y en ninguna consideró los pedidos de la Diviac, a cargo ahora del general Miguel Cayetano, que solicitaba que al menos 25 de ellos se mantuviera en su unidad, incluidos cinco oficiales para completar el equipo que investiga a la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Al comentar los cuestionados cambios dispuestos por Gallardo, el ministro Guillén mencionó el caso de la capitana Jacqueline Arana González, una agente de la Diviac especializada en inteligencia e intervenciones que fue enviada a dirigir el tránsito vehicular a Chiclayo.
Esta oficial participaba en las investigaciones al congresista José Luna por la presunta inscripción irregular de su partido Podemos ante la ONPE. La capitana Arana también estaba a cargo del equipo policial que apoya en el caso Vacunagate, en el que está implicado el expresidente Martín Vizcarra.
El presidente Pedro Castillo tendrá que tomar una decisión pronto para zanjar la crisis que hay en la Policía, y todo hace pensar que tendrá que buscar nuevo ministro del Interior. “La principal responsabilidad la tiene el presidente, que prefiere mantener un conflicto de esta naturaleza que le hace daño a la seguridad ciudadana”, apuntó en El Comercio el exministro del Interior Carlos Basombrío.