La denuncia pública por uso político de la publicidad estatal que implica directamente al premier Aníbal Torres, realizada esta semana por Ximena Pinto, aún secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tiene implicancias penales y constitucionales, según expertos.
Esto además de ser una infracción administrativa, pues la Ley de Publicidad Estatal fija criterios técnicos para la estrategia publicitaria del Estado, cuyo objetivo es difundir de la mejor forma y hacer llegar a la mayor cantidad de personas, dentro del público objetivo, los mensajes o campañas de las diferentes entidades estatales.
Por su lado, Torres insistió en que la mayor publicidad se tiene que hacer en los medios del Estado y que se debe considerar a medios regionales y locales. “No debe haber monopolio», alegó, con lo que dio a entender que no tiene intención de respetar los criterios técnicos que fija la norma al respecto.
El caso abre principalmente sospechas de malversación de fondos y abuso de autoridad, y también tiene implicancias constitucionales, pues el jefe de gabinete estaría afectando las libertades de información y expresión contempladas en la Constitución.
El penalista Andy Carrión sostuvo en El Comercio que “puede haber malversación en grado de tentativa”, respecto al desvío de fondos públicos para una finalidad previamente no establecida.
El abogado Roberto Pereira coincidió en que la tentativa de malversación es sancionable en este caso en la medida que el premier Torres no solo expresó sus intenciones, sino que dio una orden, como reveló Ximena Pinto, para que se defina la publicidad estatal en base a criterios políticos.
El caso también podría implicar, explicó Pereira, abuso de autoridad o colusión en la medida que se pretende beneficiar a particulares con contratos con el Estado. “Habría que ver si se ha llegado a un acuerdo con otros medios de comunicación, por ejemplo de provincias, para favorecerlos con entrega de dinero. Y ese acuerdo calificaría como colusión si es un acuerdo ilícito, y porque supone un beneficio en los procesos de contratación pública para un particular”, explicó el penalista.
Para Daniel Ramos, director del área penal del estudio PPU, se podría configurar también el delito de negociación incompatible, de llegarse a establecer que “el primer ministro se habría interesado en esta función específica de direccionar los recursos estatales para beneficiar a algunas empresas particulares”.
Por ello, deberían intervenir e investigar este asunto la contraloría, la procuraduría anticorrupción, el Ministerio Público y el Congreso. “El uso discriminatorio de la publicidad oficial es un acto de corrupción, por cuanto un gobierno no puede usar fondos públicos para su beneficio”, señaló la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Al ser presuntos ilícitos cometidos en el ejercicio del cargo, el camino a seguir sería una denuncia constitucional contra Aníbal Torres.