La amenaza populista del Congreso actual no se detiene, en plena pandemia y en medio de una campaña electoral polarizada y marcada por propuestas radicales e inviables en la mayoría de casos. La última ‘perla’ legislativa no pasó este jueves en el Pleno del Congreso, pero ahí no termina la agenda peligrosa del Parlamento.
Con 10 votos a favor, 80 en contra y nueve abstenciones, se archivó el Proyecto de ley Nº5636, con el que se buscaba expropiar plantas de fabricación y distribución de oxígeno medicinal y los balones de oxígeno por el tiempo que dure la emergencia sanitaria por la COVID-19 en el Perú.
En buena cuenta, esta iniciativa de la bancada del Frente Amplio -que participa en la campaña con su candidato presidencial Marco Arana a la cabeza- pretendía que el Estado, a través del Ministerio de Salud (Minsa), expropie el oxígeno a «las empresas privadas existentes en las zonas afectadas con COVID-19», en coordinación con el Ministerio de Economía para el reconocimiento de un justoprecio, que «no debe ser mayor al valor real existente antes de la emergencia sanitaria».
O sea, el proyecto, que es muy similar a la propuesta de la candidata de izquierda Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) para que el Estado tome el control de las plantas de oxígeno, buscaba centralizar la producción y distribución de este recurso a través del Minsa, que no ha sido capaz de habilitar ni de comprar las plantas necesarias para dotar de oxígeno a los hospitales del país, pese a que dispone de los recursos para hacerlo.
- En el 2020, el Minsa solo ha podido gastar S/13 millones de los casi S/85 millones que tenía en sus bolsillos para la provisión de oxígeno.
- Luego el Minsa tuvo que cancelar un convenio con la UNI para implementar 47 plantas, de las cuales solo se han entregado 5, por trabas burocráticas que impidieron cumplir con los plazos fijados.
El Estado ha sido ineficiente e indolente para solucionar la escasez de oxígeno medicinal en el último año, pero ahora igual se que quería dar el monopolio de un sector que ya está concentrado en pocas manos, cuando la solución pasa por descentralizar su producción. Ya diversos expertos han explicado que para enfrentar esta segunda ola y una eventual tercera ola es cada hospital del país cuente con su propia planta.
Más bien, el Congreso debería dar normas que faciliten la compra y construcción de plantas en lugar de medidas confiscatorias que violan el principio de competencia y abren una peligrosa puerta, porque bajo esos criterios, también podrían expropiar cualquier tipo de establecimientos o negocios.
También era ilegal
Pero además el proyecto legislativo era ilegal, porque dispone de recursos del presupuesto público. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero para la sacarle la vuelta a esta prohibición, la iniciativa señalaba que la medida no generará gasto al Erario Nacional porque se usarán los 84,7 millones ya asignados por el Ejecutivo para la emergencia nacional en el Decreto de Urgencia 066-2020.
El problema es que el Legislativo tampoco puede reorientar el uso de recursos como pretendía en este caso. Por norma, esa es una función del viceministerio de Hacienda del MEF. Y otro detalle: el DU 066-2020 solo tenía validez hasta el 31 de diciembre del año pasado.
Además, el Tribunal Constitucional (TC) ya ha establecido en sentencias previas que las leyes exprés son inconstitucionales. Este proyecto pasó de frente a la agenda del pleno, tras ser exonerado del debate en comisiones.
Nuevos retiros de las AFP
En paralelo, en el Congreso avanzan otras medidas populistas, camufladas bajo la excusa de otorgar liquidez frente la crisis. Por ejemplo, la Comisión de Economía acaba de aprobar un predictamen que permite a los afiliados de las AFP disponer hasta de S/17,400 (4 UIT), excepto a quienes apliquen al régimen de jubilación anticipada (REJA).
De aprobarse la iniciativa legislativa en el Pleno sería el quinto retiro de fondos permitido durante la pandemia y el tercero promovido por el Congreso.
Además, esta propuesta dejaría a un millón más de peruanos sin pensión. A la fecha, ya hay más de 2 millones de afiliados sin un sol en su cuenta de jubilación que ya no tendrán pensión. En total, se calcula que unos S/ 45,000 millones (5% del PBI) se terminarán retirando de los fondos de pensiones si prosperan estas medidas.
La propuesta también permite el retiro del 95.5% de sus ahorros previsionales a aquellas personas de 40 años o más hayan dejado de aportar en los últimos cinco años. Es otra forma de jubilación anticipada encubierta, solo que con un umbral menor (ya no de 55 años en adelante).