El cuestionado ministro de Trabajo, Iber Maraví, fue interpelado este jueves en el pleno del Congreso por sus nexos con grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movadef, que señalan tanto testigos como atestados policiales que lo vinculan incluso con atentos subversivos en los 80.
En la víspera, el premier Guido Bellido había amenazado al Congreso con presentar una cuestión de confianza para evitar una eventual censura. Lo hizo en una conferencia de prensa, flanqueado por algunos ministros, y añadió que la medida tenía el respaldo del gabinete.
Luego pasó lo usual en este gobierno, que es la definición perfecta de caos e improvisación. La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, dijo que el mismo Castillo se comprometió a no hacer cuestión de confianza por el ministro Maraví.
Acto seguido, el mandatario tuitea que la cuestión de confianza es «parte del equilibrio de poderes», y como cierre de este circo, la vicepresidenta Dina Boluarte, que estuvo sentada al lado del premier cuando lanzó la amenaza, desmientió a Bellido y afirmó que la cuestión de confianza no se discutió en el Consejo de Ministros.
“En sesión del Consejo de Ministros no se tocó el tema de la (cuestión de) confianza y ayer en la conferencia de prensa lo dijo el señor (Guido) Bellido. Habría que preguntarle al señor Bellido por qué tocó el tema cuando aún no se había abordado en el momento que hemos estado todos los ministros”
Dina Boluarte, desde Puno.
Pero, ¿es viable plantear una cuestión de confianza por Maraví?
Este mecanismo político no procede respecto a la interpelación de un ministro, señaló Jose Cevasco, exoficial mayor del Congreso, porque esta figura se usa para defender la política general de Gobierno.
O sea, Bellido o el gobierno pueden hacer cuestión de confianza por Maraví, pero no prosperaría. De hecho, en la PCM recurrirían a un antecedente del 2017 cuando el entonces premier Fernando Zavala presentó una cuestión de confianza al alegar la necesidad de continuar con las políticas del sector Educación de manos de la ministra Marilú Martens.
Pero en el caso de Maraví su eventual censura no está relacionada a su gestión o una política del gobierno, sino sobre hechos previos a su llegada al Ministerio de Trabajo, que lo descalifican para el cargo que ostenta.
Además, hay dos fallos recientes del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza, en los que señala que se trata una herramienta extraordinaria y que si bien su configuración es amplia, no puede ser invocada como un medio de presión abusivo o desproporcionado contra el Congreso.
Por ello, invocar a este mecanismo constitucional en el caso de Maraví desnaturalizaría su fin, según expertos en la materia, porque impediría al Parlamento ejercer su rol de control político sobre el Ejecutivo, lo que además afecta el balance de poderes.
Otro dato más: este Congreso aprobó una ley de desarrollo constitucional de la cuestión de confianza. Según la autógrafa de la norma, el jefe de gabinete no puede recurrir a este mecanismo por temas relacionados a “la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República”.
Esa norma ya está manos del presidente Pedro Castillo desde el 16 de setiembre y el mandatario tiene como plazo hasta el 7 de octubre para promulgarla u observarla y regresarla al Congreso, que podría aprobarla por insistencia.