No fue un ‘audio bomba’, pero no deja de ser muy grave que el empresario chotano Alejandro Sánchez, amigo del presidente Pedro Castillo, haya llamado por teléfono el pasado sábado 27 de noviembre al productor del programa Cuarto Poder a pedirle que no emita el reportaje sobre las reuniones secretas en Breña del mandatario a cambio de “primicias” periodísticas.
“[El presidente] ha sentido que la prensa le ha hecho mucho daño, se ha vuelto un poco rebelde y no quiere dar declaraciones”, se le escucha decir a Sánchez, dueño de la casa de Breña donde su paisano tiene una oficina que usa, como hemos visto, para reunirse de noche y de forma clandestina, con políticos, funcionarios, hombres de negocios, lobistas y contratistas del Estado, infringiendo leyes y normas sobre la transparencia y la gestión de intereses particulares en la función pública.
“Vamos a darle los titulares a ustedes (…) por esta vez apóyenos, no saquen eso y las primicias se las vamos a dar a ustedes”, agrega el amigo del presidente. No lo logró, el domingo 28 de noviembre salió el reportaje sobre los encuentros en Sarratea, que se convirtió en el último escándalo que ha puesto contra las cuerdas al gobierno y que puede ser solo la punta del iceberg.
En los días previos a este último domingo, cuando se difundió el audio de ese diálogo, a través de redes sociales y grupos de whatsapp, se empezó a regar la versión de que se trataría de una o varias grabaciones que terminarían de hundir a Pedro Castillo, que serían una suerte de ‘prueba reina’ que lo vinculaba directamente con los casos de corrupción denunciados en su gestión.
El mismo presidente de refirió a ello en un acto público. “Saldrán audios, saldrán videos y muchas editaciones (sic) pero lo que no pueden hacer es callarnos”, dijo Castillo el sábado. Se creó un ambiente de enorme expectativa generada por terceros, como una bola de nieve que crecía con las horas. Estrategia o no, cuando se conoció el contenido de la grabación, se desinflaron todas esas teorías o versiones. Acostumbrados a los escándalos cada fin de semana, vino la “decepción” de muchos que calificaron la grabación de “estafa”.
Pero más allá de la discusión de si fue “humo” o si el audio sirve o no para la vacancia de Pedro Castillo, no se puede perder de vista la gravedad de lo se escucha ahí. Que un empresario vinculado al jefe de Estado, sin un cargo público oficial pero sí con contratos con el Estado, haga este tipo de ofrecimientos a periodistas reviste interés público, por lo que la difusión de una conversación privada (al perecer fue este el contexto) se justifica.
Alejandro Sánchez figura en registros públicos como gerente general de Aldalab Perú SAC, empresa que se dedica a la importación y comercialización de equipos y materiales médicos y que entre el 2017 y el 2021, ha firmado contratados por más de S/ 3.5 millones con el Estado. El empresario dice que le cedió todo un piso de su casa al presidente en calidad de préstamo; es decir, no le cobra alquiler. Lo acompañó además a su primera gira por México y EEUU. Y se ufana de la amistad, cercanía e influencia que tiene con el presidente.
“Lo relevante es todo el material de investigación que va surgiendo a partir del reportaje de la semana pasada en que se ve que el presidente se reunía ilegal y clandestinamente con postores que luego ganan contratos con el Estado”, recordó Yesenia Álvarez, del Instituto Político para la Libertad. El caso del Puente Tarata III que les contamos aquí puede ser el hilo de la madeja.
Además, el audio confirma el desprecio presidencial por la libertad de prensa y expresión, porque creen que se puede comprar una cobertura periodística amable con primicias, titulares y entrevistas; o que pretende usar la publicidad estatal como moneda de cambio para conseguir líneas editoriales afines al gobierno. Ya el mismo presidente Pedro Castillo adelantó que “no soltará ni un centavo” a medios independientes y el ministro de Energía y Minas dijo que declarará solo a los periodistas que “no le hagan problemas”.
“Ese jueguito de si (el audio) es ‘bomba’ o si sirve o no para la vacancia se lo dejo a operadores políticos. Curioso que los más defraudados con que no sea una ‘bomba’ sean los que criticaban una vacancia apresurada”, dijo en un tuit Andrés Calderón, abogado experto en libertad de expresión.