¿Favores sindicales? El presidente Pedro Castillo y el ministro del Interior, Avelino Guillén, han designado recientemente a 21 nuevos prefectos regionales, de los cuales 14 son de la Fenate, facción radical del magisterio vinculada al Conare-Sutep y que a su vez tiene nexos con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.
Solo seis de esos 21 cargos designados por el gobierno estaban vacantes. El resto fue removido para colocar a personas vinculadas al sindicato que fundara el presidente Castillo, que hoy es la base del denominado Partido Magisterial y Popular que busca su inscripción oficial como partido político.
Además, otros 4 de los 21 prefectos designados por Castillo y Guillén fueron coordinadores regionales de campaña de Perú Libre en la segunda vuelta del 2021.
De hecho, Eliseo Huamaní, uno de esos prefectos nombrados, es un docente natural de la provincia de Aymaraes (Apurímac) que figura como firmante del Movadef. Y también es parte de la Fenate. En el 2014, la Policía le imputó el delito de terrorismo junto a otros miembros del Conare.
¿Qué es y qué hace un prefecto?
El prefecto regional es “el funcionario público que representa al Poder Ejecutivo en el ámbito de su jurisdicción”, según el clasificador de cargos del Mininter. Entre las funciones del prefecto están la de “planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las autoridades políticas en el ámbito de su jurisdicción”. También designan a los subprefectos provinciales y subprefectos distritales.
El encargado de presentar las propuestas para los cargos de prefectos es el director general de Gobierno Interior, que ahora es el profesor chotano José Segundo Rafael Heredia, colega y paisano del presidente Castillo, y que también es parte del Fenate.
Pero en la práctica, los cargos de prefectos son políticos y se han convertido en una suerte de bolsa de trabajo para los amigos, conocidos o militantes del partido de gobierno. Además, suelen hacer campaña política y tienen un sueldo de S/ 4.200 mensuales.
Por ello, el exministro del Interior Rubén Vargas considera que las prefecturas deben desactivarse. De hecho, cuando fue viceministro de Orden Interno, entre 2016 y 2018, propuso sin éxito desactivar este sistema.
Algunos casos
Manuela Elizabeth Méndez Rojas, subsecretaria general del Conare-Sute de Recuay, fue designada prefecta de Áncash, en la campaña electoral, se le designó como jefa del comando de campaña en Áncash de Pedro Castillo.
También está el caso del prefecto de Moquegua, Guillermo Edgard Rea Tito, quien junto a Castillo impulsó la huelga magisterial de 2017 contra el gobierno del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Rea Tito figura en el informe “Infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterio”, del 2017, en el que se identificó a los promotores de la huelga de maestros de aquel año. Fue detenido ese año por haber bloqueado carreteras.
Lucinda Quispealaya, prefecta de Junín, es cercana al secretario y dueño del partido de gobierno, Vladimir Cerrón. Fue consejera regional de Chupaca durante la primera gestión de Cerrón en Junín y, según Perú21, está siendo investigada por presunta malversación de fondos en la transferencia del presupuesto del hospital de Chanchamayo.