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¿Por qué tenemos un mal sistema de salud?

Publicado: 04/06/2021
4 minutos

Los partidarios de Perú Libre han insistido en que el fracaso del sistema de salud en el país se debe al modelo económico y a la Constitución del 93. ¿Es esto cierto? Acá te lo explicamos.

La narrativa de Pedro Castillo, y de la izquierda en general, ha sido constante en los últimos años. Según ellos, la Constitución del 93 limita la acción del gobierno en el sector de la salud, lo cual ha impedido que los gobierno pasados inviertan suficiente y eso explica la precaria situación del sistema. ¿Es esto cierto? No. Les explico.

En primer lugar, el artículo 7 de la Constitución ya reconoce a la protección de la salud como un derecho y al Estado como rector del sistema de salud. También el artículo 58 dicta que el Estado actúa principalmente en la salud, la educación, la promoción del empleo, entre otros. Esto habilita al Estado a intervenir e invertir todo lo que desee en la salud, como efectivamente hace. Cambiar la Constitución solo podría servir si el objetivo fuese estatizar el pequeño sector privado que existe en este rubro.

Rol del Estado en la salud

Fuente: Constitución Política del Perú (1993)

¿Pequeño sector privado? Sí. En el Perú, el 98% del personal de la salud trabaja para el Estado. En el sector público el 73% de los recursos humanos están en el Ministerio de Salud (Minsa), el 19% Essalud, y 6% en otras entidades públicas. Apenas el 2% del personal de la salud del país está empleado en el sector privado. Entonces, ¿por qué se pide “más Estado” si Estado es lo que más hay en el sistema de salud peruano?

¿La Constitución evita que se invierta más en salud? No. De hecho, el mayor incremento de la inversión pública en salud fue durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), de acuerdo a los datos del MEF. Esto medido a nivel cuantitativo. Que se haya invertido en la infraestructura correcta, es otro análisis; pero se invirtió más. Por lo tanto, ¿se puede invertir más en salud con la Constitución vigente? Sí, claro.

¿De quién depende? El presupuesto se ha ido descentralizando cada vez más. Hoy la mitad del presupuesto de salud depende de los gobiernos regionales y municipalidades. Por lo tanto, en gran medida la calidad del gasto del sistema de salud depende de entidades que no son controladas por el Presidente de la República. Es verdad que esto genera problemas. Pero tampoco se debe ni al modelo económico ni a la Constitución.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

¿Un presidente puede elegir priorizar más el gasto en salud dentro del modelo económico y la Constitución vigentes? Claro que sí. Y así se ha hecho. Entre 2001 y 2019, el presupuesto público se destinado a la salud aumentó de 6.9% a 11.5%. Además hay que considerar que el presupuesto público se multiplicó casi por 5 en ese periodo. Por lo tanto, dentro del marco vigente, el gasto en salud puede aumentar, como ha sucedido.

¿Cómo le ha ido al sistema desde que la Constitución y el modelo económico están vigentes? Con el actual modelo económico la calidad y el acceso a la salud han mejorado más que todo el resto de países que Perú Libre busca imitar, como Ecuador, Bolivia o Venezuela. Este indicador mide la probabilidad de muerte en las enfermedades más comunes que podrían evitarse con atención médica oportuna. Por supuesto que existe aún mucho por mejorar.

Por ello, las supuestas “grandes deficiencias del modelo económico” no son más que las deficiencias de gestión de Estado peruano. Si hemos tenido falta de camas UCI, inoperancia del sistema de salud, falta de primer nivel de atención, postas médicas, entre otros; es plena responsabilidad de los políticos. El poder de cambiar el actual sistema lo han tenido con el actual modelo económico y la actual Constitución. Que no se laven las manos ahora. ¡Que no te floreen!

Raúl Labarthe
Ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Lima, con estudios en economía, gestión y finanzas públicas. Columnista en el Diario El Reporte, fue jefe de investigación económica en la Asociación de Contribuyentes del Perú y asesor parlamentario.
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