Este Congreso cerró uno de los peores años legislativos de los últimos tiempos. Aprobaron leyes populistas y peligrosas para el país –algunas de las cuales ya el TC se tumbó– y en lugar de solucionar problemas, crearon otros nuevos. Acaba de pasar con la ley de topes a las tasas de interés y el martes último con la nueva ley agraria que aprobaron con parches y medio de marchas y contramarchas.
El resultado: una norma que no soluciona los problemas de fondo del sector (los altos índices informalidad) y que será una fuente de nuevos conflictos, porque ni empresas ni trabajadores están de acuerdo con aprobado por los congresistas con 58 votos a favor, 32 en contra y 29 abstenciones.
La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) señala que sería insostenible asumir el pago de la bonificación especial por trabajo agrario (BETA), que la nueva ley fija en un 30% (S/279) de la Remuneración Mínima Vital vigente (S/ 930) . A esto se suma, que un aumento salarial no puede ser una decisión unilateral del Congreso, sino que debe ser producto del diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo, como señala la ley.
El gremio advirtió que los principales afectados con la norma serán los cerca de 2.000 productores agropecuarios formales de menor tamaño, que no podrán asumir el costo del bono, toda vez que en la agroindustria la mano de obra representa el 40% de su estructura de costos. Esto a su vez -dice la AGAP- generará problemas en la cadena de pagos, lo que provocará de que las empresas contraten menos o dejen de hacerlo.
» Al final, habrá una cola larga de personas buscando trabajo y pocas empresas dispuestas a contratarlos en las nuevas condiciones”
Waldo Mendoza, ministro de Economía, en su cuenta de Twitter.
La AGAP esperará la respuesta del Ejecutivo a la nueva ley, y si en caso no la observa, está “analizando las medidas a tomar”. Una de ellas sería acudir al Tribunal Constitucional.
De hecho, asociaciones empresariales como Confiep, ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias y las Cámaras de Comercio de Ica, Arequipa, Piura y La Libertad, señalaron que el aumento de sueldo a través de una ley es “inconstitucional y antitécnica, significa regulación de precios y viola el derecho de libre contratación y negociación directa entre trabajadores y empleadores”.
Falsas expectactivas
La medida aprobada por el Congreso tampoco es lo que esperaban los trabajadores del sector agrario. “Hay margen suficiente para que la RMV agraria se incremente en un 50%”, señala la CGTP en un comunicado, pese a que el MEF advirtió que un incremento de este tipo generaría la quiebra del sector agroexportador, que creció de forma sostenida en los últimos 20 años y fue el que más empleos formales creó en el país con la ley de promoción agraria que se derogó.
Pero además la nueva ley agraria solo beneficiaría a trabajadores agrarios asalariados del sector formal, que suman 162 mil personas, según datos a septiembre último de la Enaho. Pero son más de 4.8 millones de peruanos que trabajan en el agro. Ese es el problema de fondo que la norma no ataca: la informalidad productiva del sector agrario alcanza el 86% y ahora esta cifra puede seguir creciendo.
La norma aprobada tampoco fue bien recibida en Ica y La Libertad, donde dirigentes y trabajadores del sector agroexportador anunciaron acciones de coordinación para «reorganizarnos para una lucha contundente. Vamos a demostrar en las calles que sabemos luchar». En ambas regiones hubo caos, violencia y bloqueos de carreteras.