El modelo venezolano jamás funcionó. No fue más que una ilusión óptica armada por una banda que aprovechó los altos precios del crudo. Hoy este país está colapsado y en la más grave crisis económica que haya afrontado un país latinoamericano en la historia moderna.
Pero aun así, hay en Perú políticos que defienden al régimen chavista y les cuesta deslindar de este. La candidata a la Presidencia Verónika Mendoza postula ahora sobre la base de un acuerdo entre su movimiento Nuevo Perú y Juntos por el Perú (JPP), partido que tiene inscripción electoral y en el que hay distintos personajes que tienen posiciones bastante laxas frente a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Recientemente el candidato al congreso de Juntos por el Perú Roberto Sánchez declaró sobre Maduro que “su país lo ha elegido, es un presidente constitucional”, y ante la represión del régimen sostienen que «los venezolanos tienen sus propios desafíos«. ¿Qué quiere decir con ello y por qué sí es crítico, por ejemplo, de la represión del fallido gobierno de Manuel Merino en las marchas de estudiantes de noviembre pasado? ¿Acaso hay represiones buenas y malas según el color político de quien la ejerce?
Sánchez menciona además el rol subsidiario del Estado y sostiene: «El Estado debe y puede priorizar la agricultura, la pesca, las microempresas, con fondos de financiamiento, bancas de fomento, no solo ser un articulador.» Cabría preguntarnos entonces, ¿por qué si hoy el Estado no puede ni siquiera articular, sí lo haría correctamente «priorizando» ciertos sectores?
El chavismo y su llamado «socialismo del siglo XXI» fueron un lastre que acabó de hundir a uno de los países más ricos de Latinoamérica, como Venezuela. No hay que olvidar que hace 21 años, en 1999, los venezolanos votaron y festejaron la nueva constitución socialista. Hoy migran hacia toda la región buscando cómo sobrevivir, porque no encuentran oportunidades en su país. ¿Eso pretenden en Perú algunos candidatos que hablan de una nueva Constitución y de refundar la patria?
Pero para entender mejor por qué nadie en el Perú debería defender el modelo venezolano, hay qué ver qué sucedió en ese país petrolero. El avance del Estado sobre el control de las distintas industrias, en particular de la industria petrolera, empezó desde el primer periodo de Hugo Chavez (1999-2006). En 2001, se aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos obteniendo un mayor control estatal sobre la industria petrolera: aumentando las regalías a las empresas privadas y formando las «empresas mixtas».
Pero el mayor cambio radical empieza en 2007, cuando es reelegido para plasmar el «Socialismo del siglo XXI», a través del «Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación». Hugo Chávez y Jorge Giordani, su ministro de Planificación, nacionalizaron los sectores considerados «estratégicos»: telecomunicaciones, electricidad, hierro, acero, cemento y minería.
En medio de crecimiento de corto plazo generado por un auge de los precios internacionales de las materia primas, el régimen chavista encuentra la situación perfecta para camuflarse detrás de la bonanza momentánea. Continuaron la expropiación de bancos, fábricas de vidrios, complejos hoteleros, y muchas otras industrias. El gobierno pagó cerca de 23.4 mil millones de dólares en expropiaciones entre 2007 y 2009.
Luego de estas presiones, empieza una espiral destructiva de la economía y lejos del sueño de la «diversificación productiva» que proponen algunos trasnochados candidatos, la economía venezolana pasa a depender casi exclusivamente del petróleo. Todo el resto de industrias se ven destruídas por mala gestión de las autoridades y producen la escasez de alimentos y otros productos que hoy vemos.
Con esta dependencia generada por el petróleo, el aumento del gasto público y la deuda, la caída en sólo un año del precio del petróleo de 100 a 50 dólares el barril en 2015, comienza la debacle venezolana. Con los ingresos públicos derrumbados y el gasto público en las nubes, pasó poco tiempo para que aumenten las presiones sobre el Banco Central para emitir dinero.
Con ingresos fiscales reducidos, y la economía estatizada y dependiente del tesoro público, y el hecho de que la comunidad internacional no quiera prestarle a un gobierno expropiador ha hecho que el chavismo no tenga otra fuente de financiamiento que la impresión explosiva de dinero. La escalada inflacionaria empieza en 2014 y se duplica todos los años hasta explotar el 2018, con 65,340 % en dicho año.
Con esta crisis es que inicia el éxodo venezolano. Entre 2016 y 2019, ha disminuido la población en 1.6 millones de personas en territorio venezolano. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha advertido ya que el exilio de venezolanos podrían llegar a ser 7 millones para el 2021 si todo se mantiene igual. ¿Esta es la tragedia que algunos candidatos pretenden replicar en el Perú?
Es importante entender que el discurso del chavismo no se inició en 1999 con la nacionalización de la economía. Sino que progresivamente fue aprovechando el descontento de una clase política corrupta que era vista como oligárquica por parte de los jóvenes. Ellos fueron quienes eligieron a Hugo Chavez en 1999 y apoyaron su reforma constitucional del 2001. Hoy ellos y sus hijos están fuera de su país luchando por sobrevivir.