La cuestionada designación de Luis Barranzuela como ministro del Interior ha disparado las alarmas otra vez. La salida positiva y necesaria de Guido Bellido del gabinete se ha opacado con este nuevo nombramiento, no solo porque no cumple con el perfil para el cargo, debido a sus antecedentes como oficial de Policía –en su legajo registra más de 150 sanciones– en los 27 años en que fue parte de esta institución, sino también porque hasta el mismo día en que asumió esa cartera, fue abogado de Vladimir Cerrón y de Perú Libre.
En un contrasentido que quien fue defensor legal de Cerrón y el partido de gobierno hasta el mismo día en que juró su nuevo cargo, hoy esté al frente del Ministerio del Interior, del cual depende la Policía, que justamente apoya a la fiscalía en las investigaciones al dueño de Perú Libre y varios de sus colaboradores más cercanos, como Guido Bellido y Guillermo Bermejo por delitos graves, como organización criminal, lavado de activos y terrorismo.
Desde su nueva posición de poder, Barranzuela tendrá acceso a información privilegiada de las investigaciones que realiza la Diviac por el caso ‘Los dinámicos del centro’ y la Dircote por terrorismo. ¿Qué garantiza que no usará su cargo para tratar de ayudar o favorecer a sus recientes clientes? Por ello, desde diversos sectores políticos, hay cada vez más voces que le piden a la nueva premier Mirtha Vásquez que evalúe la permanencia del ministro del Interior antes de que acuda la Congreso a pedir el voto de confianza para su gabinete.
“Esto que tiene que ver con criminalidad organizada y por lo tanto tiene que ver con unidades de la policía especializada, investigaciones donde se requiere mucha reserva, estrategia, hay que tener mucho celo, debieron tenerlo en cuenta al momento de su designación”, dijo el exprocurador Yván Montoya. “Lo que habría que evitar es una posible injerencia indebida, que tal vez aprovechándose del cargo podría querer acceder a información que no le corresponde”, agregó Iván Meini, también exprocurador.
Las dudas son legítimas, porque desde la semana pasada, el Poder Judicial ordenó la ubicación y captura de Arturo Cárdenas, el hombre enlace entre Vladimir Cerrón y ‘Los dinámicos del centro’, además de otros cuatro dirigentes de Perú Libre: Waldys Vilcapoma, Eduardo Bendezú, Eduardo Reyes y Francisco Muedas, para los que dictó 36 meses de prisión preventiva. La Policía, ahora bajo el mando de Barranzuela, aún no los detiene. ¿Coincidencia?
“Pocas veces en mi vida pude ver una hoja de vida tan ferozmente lamentable, el perfil del nuevo ministro del Interior Luis Barranzuela, nos demuestra que es un policía poco preparado, según su hoja de vida. Tiene problemas para adecuarse a las normas, problemas de respeto a la autoridad y de abuso de autoridad, está inmerso en procesos judiciales, insultó al superior, encubrimiento. Es sorprendente que una persona así esté en el Estado. Más que una hoja de vida para mí es un prontuario”.
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior.
Pero hay más…
El ministro Barranzuela ahora también comparte abogado con el congresista procesado por terrorismo Guillermo Bermejo. Se trata de Ronald Atencio, quien confirmó que se reunió con el titular del Interior este lunes para coordinar su defensa por el caso Tumán, en el es que procesado por peculado doloso. Según la fiscalía, cobró a la azucarera hasta S/208 mil por servicios legales sin sustento técnico.
«Que el señor Barranzuela haya elegido (…) como abogado personal al abogado de los señores Bermejo y Cerrón genera un caso de indiscutible conflicto de intereses», subrayó el jurista César Azabache, quien cuestionó además que tanto el presidente Castillo como la premier Mirtha Vásquez lo hayan pasado por alto.
El experto agregó que el ministro tiene derecho a elegir el abogado que quiera, pero lo que no puede es poner en riesgo evidente información sensible como la de esos casos. «Tiene que irse del cargo”, apuntó.
El mismo Barranzuela, que ha descartado renunciar, trató de justificar su decisión. “Como veíamos casos comunes, he determinado que el señor Ronald Atencio, que es un excelente profesional, excelente penalista, es a quien he recurrido. Es un joven abogado penalista que creo que va a aclarar este tema con el escudo de la verdad”, dijo el titular del Interior en entrevista a Exitosa.
Lucha antidrogas también en riesgo
Pero no solo eso. En la lucha contra las drogas, que incluye la estrategia de erradicación de cultivos de hoja de coca que van al narcotráfico, también la presencia de Barranzuela es perturbadora, porque además de abogado de Perú Libre, fue hasta hace unos días asesor en temas cocaleros del congresista Guillermo Bermejo, quien incluso lo visitó en su despacho poco después que asumió el cargo de ministro.
De hecho, Barranzuela estuvo en un congreso cocalero a inicios de octubre en el que se le vio azuzar los ánimos de la gente con frases como esta: “El poder está en el Vraem, el poder no está en Lima. Mañana ustedes háganse sentir frente al presidente de la República: ¡no a la erradicación de la hoja de coca!”. Ahora, ya como titular del Interior, dice que sus palabras fueron en «sentido figurado».
Bermejo pretende legalizar los cultivos de hoja de coca a través de un proyecto de ley, bajo el pretexto de su industrialización, pero para nadie es un secreto que el partido de gobierno lo que pretende en el fondo es expulsar del Perú a dos entidades que han apoyado al Perú a la lucha antidrogas: la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid).
Después de reunirse con Bermejo, el nuevo ministro del Interior realizó su primer viaje oficial, y lo hizo a la zona cocalera del Vraem. ¿Otra coincidencia? Y en el medio, se conoció que funcionarios de alto nivel del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal advirtieron, según Perú21, que Barranzuela dispuso la suspensión de las operaciones de interdicción hasta nuevo aviso. Barranzuela Vite lo negó. “Un ministro de Estado no puede ir en contra del mandato constitucional. Continúan los operativos. La política es el ataque frontal al tráfico de drogas”, dijo en Canal N.
El 90% de la hoja de coca que hay en el Vraem va al narcotráfico. Solo un 10% se destina al uso legal, por lo que legalizar toda la producción excedente, como pretende Bermejo, es otro despropósito muy peligroso. “Hay que evitar el uso del aspecto tradicional de la hoja de coca para pretender que se convierta en cocaína. Legalizándola no estamos enfrentando al narcotráfico sino todo lo contrario, estaremos ampliando más el problema”, dijo Rubén Vargas, presidente de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).