Toda una controversia se ha desatado a partir del comunicado de la empresa Pluspetrol Norte (PPN) que denunciaba abusos por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al pretender obligarla a pagar una serie de multas por no remediar pasivos ambientales anteriores a su operación en los lotes 8 y 192.
La posición de la petrolera es que la remediación de estos pasivos ambientales no es responsabilidad de la empresa, ya que esto no ha sido asumido ni en el contrato de adjudicación ni está contemplado en la legislación que, mencionan en su comunicado, sigue el principio de “el contaminador es el pagador”.
Asimismo, la empresa quiere presentar sus planes de abandono de la zona, de acuerdo a la legislación, pero la OEFA se niega a aceptarlos si no asumen los pasivos anteriores y exige además que deje los suelos a nivel agrícola, lo que no tiene sustento legal, y cuyo criterio la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) cuestionó en un informe de abril de este año.
De acuerdo a la versión de la OEFA, la exigencia proviene porque considera que la empresa habría asumido cubrir estos pasivos ambientales al momento de la cesión contractual, y por ello ha procedido desde julio a imponer 69 multas a un ritmo promedio de US$ 2 millones por semana.
Estas sanciones solo pueden ser revisadas luego de ser pagadas a la OEFA, y acá otro detalle clave: las multas no son destinadas a la remediación de los pasivos ambientales, sino que pasan a ser parte del presupuesto institucional de esta entidad.
Por esta controversia se llegó a un proceso arbitral en el 2017 en el que, según el OEFA, se concluye que se asumió contractualmente la obligación de cumplir la normativa ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades competentes, ya que estas son vinculantes.
Sin embargo, en un comunicado posterior, Pluspetrol indicó que en el laudo arbitral se indica expresamente que la empresa no asumió la obligación de remediar los pasivos ambientales anteriores al 2000, año en el que inicia sus operaciones en el lote 192.
“Estamos frente a una actuación cuestionable de un organismo fiscalizador que, al no acatar un laudo arbitral, afecta la imagen del Perú como un país en el que prevalece el Estado de Derecho y la estabilidad jurídica para las inversiones”
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
Sobre la crisis del sector petróleo
Se debe tener en cuenta además que el crudo que sale de la operación de estos lotes en la selva, se transporta por el Oleoducto Norperuano, que es propiedad pública y que es constantemente vandalizado, lo que suele generar muchas de las afectaciones ambientales en estas zonas.
También hay que mencionar que es fundamental garantizar reglas de juego claras para los inversionistas, y lograr que estas controversias se solucionen de acuerdo a ley. El sector de hidrocarburos, que aporta una cantidad importantes de recursos al fisco, tanto a través de las regalías como del canon petrolero, ahora está en una situación crítica por la pandemia del coronavirus en gran medida.
La producción de crudo hoy es la tercera parte respecto al año anterior, pasando de 63,000 barriles diarios a solo 21,000, de acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Precisamente, la SNMPE alertó este lunes que con este tipo de actuaciones, la OEFA perjudica no solo las inversiones y el desarrollo de la industria, sino también ha provocado que las empresas evalúen su permanencia en el país.
(Foto de cabecera: Andina)